Cónclave para zanjar la otra auditoría antiabusos

Cónclave episcopal sin precedentes. Los obispos españoles se reúnen hoy en una Asamblea Plenaria de carácter extraordinario con un único tema en la agenda del día: la lucha antiabusos. Todos los pastores que forman parte de la Conferencia Episcopal, 78 en activo con voz y voto a los que se suman 39 eméritos, están llamados a participar, en el principal órgano superior donde se toman las decisiones cruciales de la Iglesia española.

Aunque la convocatoria se dio a conocer a los medios el pasado viernes a la vez que el Defensor del Pueblo presentaba su informe sobre la pederastia eclesial, esta Plenaria no fue convocada por sorpresa ni con carácter reactivo al estudio capitaneado por Ángel Gabilondo. Más bien, los obispos han aprovechado esa puesta en escena para abordar el que para ellos se ha convertido, y así lo reconocen a LA RAZÓN no pocos prelados, «no en un problema, sino en el problema que hay que zanjar ya»:la auditoría para radiografiar la lacra de los abusos encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022.

Evidentemente, los pastores compartirán pareceres sobre la investigación coordinada por el veterano político socialista, pero ni mucho menos la reunión episcopal centrará sus esfuerzos en su condena o absolución. La sesión se centrará en qué hacer con el estudio de Cremades. Según han manifestado a este diario, no es que se les haya agotado la paciencia después de llevar ocho meses de demora con respecto al plazo inicial de entrega, sino que algunos dicen sentirse «engañados». ¿Los motivos? Varios prelados han expresado a LA RAZÓN cómo han experimentado en primera persona «falta de rigurosidad» en la metodología utilizada y en el trabajo de campo realizado, así como en la verificación y compilación de la información recogida. Este hecho se traduciría, en palabras de los eclesiásticos que han tenido acceso a un borrador del informe final facilitado por el bufete, en que sus conclusiones estarían «cogidas con pinzas» y, por tanto, sin la calidad requerida, dada la gravedad del objeto de estudio. Es decir, los obispos no cuestionan que se deje en buen o mal lugar a la Iglesia, ni tan siquiera en las cifras finales de víctimas y abusadores que incluye.

Consultados por este periódico, desde Cremades desmienten estas acusaciones y defienden su profesionalidad. Incluso dejan caer que «son muy imaginativos quienes se atreven a hacer esos juicios, porque el trabajo no se ha entregado todavía. Y si no se ha entregado, no cabe opinión alguna». Este comentario ha provocado algo más que malestar, porque en la Casa de la Iglesia se ha analizado este texto, descubriendo incluso errores ortográficos. De hecho, se abordó en la Comisión Permanente del pasado 28 de septiembre, donde el equipo de Cremades expuso las líneas generales de su trabajo y los obispos verbalizaron su enfado, produciéndose escenas de cierta tensión.

A esto se une el enfrentamiento interno que se habría producido entre el presidente del bufete, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, y el coordinador de la auditoria eclesial, Alfredo Dagnino, que fue presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Tanto es así, que uno y otro habrían presentado a los obispos conclusiones «contradictorias» sobre la investigación que restarían credibilidad al resultado final. Así, los obispos parecen miran con más confianza el análisis de Dagnino, no por ser «más benévolo» con la Iglesia, sino porque su balance goza de «una mayor base argumental». Además, Dagnino ya no forma parte del despacho.

En cualquier caso, la realidad es que, hoy por hoy, los obispos no tienen en sus manos la auditoría.Cremades se negó a cumplir un ultimátum de diez días dado por el Episcopado, que culminaba 20 de octubre, y éste no está por la labor de continuar con el enredo hasta fin de año, como pide el bufete. Es más, alguno de ellos aventura que habría «unanimidad» a la hora de tomar hoy mismo una «decisión drástica» con respecto a Cremades, despejando cualquier especulación sobre posibles divisiones entre los obispos. Eso sí, otro pastor consultado espera encontrar a lo largo del día en la Plenaria una solución «con mano izquierda».

Otro elemento no menos importante del enfado de los obispos radica en el gasto que ha supuesto la auditoría. En febrero de 2022, Cremades anunció que su trabajo no lo iban a facturar a los obispos y solo tendrían que abonar los gastos correspondientes de terceros. Pues bien, hoy por hoy, según relatan varios prelados a este diario, el recibo de estos otros gastos ascendería ya a 1,2 millones de euros. Y subiendo, porque no se habría incluido aún un viaje reciente de un grupo de expertos europeos que han colaborado con el bufete. «Con ese montante podríamos haber creado ya un fondo para compensar a las víctimas», deja caer un prelado a LA RAZÓN sobre lo que considera un presupuesto «desmedido» .

La extrapolación del Defensor del Pueblo, denostada

«Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar». Este posteo en redes sociales del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, sobre el informe antiabusos del Defensor del Pueblo corresponde, tal y como ha podido corroborar LA RAZÓN, al sentir de no pocos obispos españoles. No resulta baladí que Omella no pusiera en duda el resto del estudio, sino que detuviera su mirada únicamente en las proyecciones que cifran en 440.000 las víctimas de abusos de la Iglesia a partir de la encuesta encargada a GAD3.

Al margen, estos obispos ven que las conclusiones y propuestas que lanza el informe Gabilondo son «razonables y nada descabelladas». Eso no quita que el estudio cuente con errores, como ha denunciado a través de un exhaustivo análisis el obispo de Ibiza, Vicente Ribas, que muestra su enfado por aparecer como una diócesis que «no suministró prácticamente información». Ribas prueba el intercambio de datos con el equipo del Gabilondo.