Valencia

Consejeros del PP respaldan en el Senado la Lomce frente al abandono escolar

Los consejeros de Educación de Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias, junto con los portavoces del PSOE, CiU, Entesa, y de los grupos Vasco y Mixto, han posado hoy de forma conjunta en una foto, en el Senado, con el objetivo de mostrar su rechazo a la reforma educativa. Una hora antes de empezar la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, los representantes políticos y autonómicos han insistido en pedir la retirada del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque invade sus competencias y carece de todo consenso político y social.

En la foto han estado presentes la consellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau; la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte; el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, y el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad de Canarias, José Miguel Pérez. Los consejeros han estado arropados además por una veintena de senadores, entre los que se encontraban el socialista José Antonio Griñán y el portavoz de Entesa, José Montilla.

En esta foto en contra de la Lomce, los responsables de Educación de Andalucía, Cataluña y Asturias han recordado que recurrirán al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, si queda tal y como está, mientras que los de Canarias y País Vasco han dicho que esperaran al resultado de la tramitación en el Senado para ver la postura que adoptan. La conserrela Irene Rigau ha enfatizado que la reforma educativa rompe las "competencias compartidas"que estaban establecidas desde hace 32 años. Ha criticado que el catalán deje de ser una asignatura troncal con la Lomce y que imponga "un mecanismo que no tiene razón de ser"en cuanto a que el proyecto de ley establece que las autonomías tendrán que costear el pago de la escolarización en un colegio privado a los niños que no puedan estudiar en castellano como lengua vehicular en un centro público. La consellera catalana también ha criticado que el Estado, que costea el 5 % de la educación, pase el resto del gasto a las comunidades autónomas y, más, en los próximos dos años, el tiempo fijado para implantar la ley.