El gemelo francés de Villar de Cañas

Jobourg es un municipio francés integrado en la mancomunidad de La Hague, en la Baja Normandía. Con apenas 445 habitantes es la localidad más cercana al almacén de residuos nucleares Areva-La Hague, que recibe, de entre otras muchas centrales, desechos de la española Vandellòs II. Aunque esta instalación se extiende a lo largo de varios municipios y sus efectos económicos afectan a todo la región, Jobourg pasa por ser el Villar de Cañas francés. Allí, conviven con este cementerio nuclear desde su puesta en marcha en 1966 que, según los vecinos, le han granjeado más bienestar que problemas.

Lo confirma su alcalde a LA RAZÓN, Jean-Paul Lecouvey: «Nunca hemos tenido problemas ni situaciones peligrosas. Lo que sí ha supuesto para la zona es un mayor crecimiento». Su mujer, Claire Lecouvey, es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Jobourg, Saint Germain des Vaux y Audervill, recalca que al impacto positivo que genera en el empleo, la planta contribuye al bienestar de los ciudadanos de la zona con varios impuestos. «Los fondos recaudados nos han permitido poner en marcha numerosas iniciativas: colegios y dotaciones deportivas fundamentalmente», concluye.

20% de empleados

Para la mancomunidad de La Hague, que engloba a casi una veintena de pequeños municipios de la zona, los beneficios de esta instalación radican en las 5.300 personas que allí trabajan –3.200 contratadas directamente por Areva, la empresa que la gestiona–, una cifra que aumenta hasta las 8.000 si le sumamos los empleos indirectos. En total, el almacén nuclear emplea al 20% de la población de la zona. En La Hague también tienen en cuenta que Areva realiza compras cada año por valor de 314 millones, de los que un 73% se gastan en la región. Por su parte, las cifras de negocio ascienden a 1.332 millones de euros.

Para el municipio de Beaumont-Hague, la llegada de la instalación supuso un cambio demográfico, pues en pocos años multiplicó por dos su población, de 474 habitantes en 1962 a 1.010 en 1968. Hoy, esa cifra alcanza los 1.600.Bruno Léger es su alcalde, además de vicepresidente de la mancomunidad de Le Hague: «Para nosotros es una actividad económica importante y segura, pues no hemos tenido accidentes», asegura.

En conversación telefónica con LA RAZÓN insiste en que no hay problemas de salud, al tiempo que recuerda que están sometidos a controles exhaustivos. Tampoco para el medio ambiente: «Ni el ecosistema marino ni la agricultura se han visto afectados por la actividad del almacén nuclear. Yo mismo soy agricultor y como de mi propia cosecha». Como la salud de los humanos, y como medida preventiva, los productos del campo y del mar también se someten a rigurosos controles. «No hay problema», concluye.

El regidor francés afirma que, aunque la cuestión nuclear siempre genera polémica y bastantes protestas sobre todo desde el punto de vista político, en los municipios de la región las fuerzas antinucleares no tienen mucho éxito. Por ejemplo, en las últimas elecciones de 2014 ninguna de las dos fuerzas que se presentaban logró alcanzar el poder. Quizá tenga que ver con el empleo y el bienestar que genera. Como en el caso de Jobourg, los impuestos de la instalación han permitido mejorar las infraestructuras de los municipios, además de su oferta cultural y educativa.