«El espíritu reformador de Francisco nos complica la vida a los canonistas»

El arzobispo Juan Ignacio Arrieta es uno de esos españoles indispensables en el engranaje vaticano. Vitoriano de 72 años y perteneciente al Opus Dei, Benedicto XVI le designó en 2008 secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos. Francisco no solo le ha confirmado en este servicio a la Iglesia universal, sino que ha contado con él para participar en el reciente Sínodo de la Sinodalidad. Esta semana ha viajado a Madrid para participar en la Universidad de San Dámaso en la jornada académica para conmemorar los cuarenta años de la promulgación del actual Código de Derecho Canónico, esto es, la «Carta Magna» de la Iglesia católica.

¿Qué le diría a quien piensa que el Código de Derecho Canónico es algo caduco o desfasado?

La Iglesia es una sociedad y se presenta como tal ante la historia, por lo que tiene que tener un derecho. El Código que salió adelante en 1983 es de mínimos, muy descentralizado, que recoge fundamentalmente el Concilio Vaticano II en los aspectos esenciales. Decir que este Código está obsoleto es como decir que el Vaticano II es obsoleto. Todo lo que no es fundamental se ha ido cambiando en estos 40 y se puede seguir cambiando, sin que la estructura del edificio se haya visto afectada porque sigue siendo coherente con el pilar que es la reforma conciliar.

Se habla de Francisco como un Papa reformador. ¿Se nota su mano en estos diez años de pontificado?

¡Claro! Toda reforma necesita traducirse en actos jurídicos. Cuando un pontífice quiere reformar la Curia eso tiene que trasladarse a documentos, a normas.

¿El espíritu reformador de Francisco les ha complicado la vida en el Dicasterio?

Mucho. Como es lógico, cualquier cambio en la Iglesia nos llega a nosotros y nos hace estar en nuestro día a día con el agua al cuello para responder con precisión. En cualquier caso, los que trabajamos en la Curia lo hacemos para servir al Papa, sea quien sea, y un Papa que cree que debe hacer reformas tiene que recurrir necesariamente a instrumentos jurídicos de una manera o de otra.

Uno de los cambios más significativos ha venido de la mano de la crisis de los abusos sexuales. ¿Es la mayor que se ha hecho en este tiempo?

El primero que dio la voz de alarma, en 1988, fue el entonces cardenal Joseph Ratzinger como prefecto para la Doctrina de la Fe. Entonces, se reservó para este Dicasterio los delitos más graves cometidos en la Iglesia, porque ya entonces vio que no se estaban haciendo las cosas bien. En 2001, Juan Pablo II dio luz verde al motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» y determinó cuáles eran estos delitos más graves. El paso dado por Francisco ha servido para entrar en un período de purificación y de verdad para la Iglesia. Tener toda esta porquería y no hacer nada era el verdadero daño que se causaba a sí misma la Iglesia y a las víctimas. Sin enorgullecerse, es cierto que la Iglesia está dando ejemplo a la sociedad civil, porque no está actuando con igual energía para luchar contra esta lacra. La Iglesia está actuando y actúa conforme a la verdad.

Hoy por hoy, las víctimas que denuncian por la vía canónica no tienen información alguna de cómo va su caso una vez que dan el paso al frente, y cuando se dictamina la sentencia solo tienen derecho a escucharla, no a tenerla. ¿Es factible una reforma para evitar esta revictimización?

Es muy factible. Es una reforma muy pequeñita, que se resolvería añadiendo algunos detalles, bien en el Código o con leyes aparte. Es muy comprensible y adecuado que a las víctimas se las informe adecuadamente, teniendo en cuenta que cada vez son más los casos de denuncias injustas, lo que exige proteger la buena fama de las personas acusadas para no desequilibrar el asunto hasta que no esté clara su culpabilidad.

El foco se ha puesto hasta ahora en los menores. ¿El próximo desafío son los adultos abusados en el seno de la Iglesia?

En estos años ha cambiado mucho la sensibilidad social y es un deber adaptar las leyes a este contexto, pero teniendo en cuenta la equivocación en la que se caería si juzgamos asuntos de hace treinta años con la perspectiva actual. Seríamos injustos.

Otra de las apuestas recientes de Francisco es el Sínodo de la Sinodalidad. La participación de no obispos en la asamblea ha llevado a algunos cardenales a cuestionar la legitimidad de este órgano consultivo del Papa. ¿Cómo lo ve?

El Papa modificó la ley del Sínodo y entonces ya escribió un artículo en el que defendía que, con estos cambios, no había alterado el Sínodo de los Obispos, lo que ha modificado es el procedimiento de reflexión en el Sínodo, incorporando a las comunidades parroquiales, a las diócesis… Ahora en este Sínodo, como algo puntual, ha querido que participe un número determinado de fieles laicos, pero esto no ha alterado sustancialmente la composición del Sínodo. Algunos se asombraron, pero yo que escribí mi tesis doctoral sobre el Sínodo no creo que haya sido una alteración significativa. Sí es cierto, y eso también es bueno, que el Papa haya buscado propiciar un modo de hablar en el que se escuchase y conversase en el aula sinodal lo mismo con un padre de familia que con una religiosa. Eso nos enriquece.

¿Tendrá consecuencias canónicas este Sínodo?

La relación de síntesis de la primera sesión de esta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos votada y aprobada el 28 de octubre señala entre sus primeras propuestas que ha llegado el momento de revisar el Código de Derecho Canónico y de poner en marcha los trabajos pertinentes para ello. En realidad, mi percepción de las reuniones sinodales no me hizo registrar ningún clamor particular en favor de una reforma radical. Sí que hubo referencias aisladas y genéricas los primeros días sin ninguna indicación concreta. Fueron, de todas maneras, alusiones muy esporádicas que en modo alguno permiten interpretar esta propuesta del documento como una enmienda general al Código vigente. Más bien, al contrario: aunque emergió la necesidad de alguna reforma, con la percepción de las amplias posibilidades que los cánones dejan abiertas a la iniciativa de los obispos para actuar al margen del derecho, con toda legitimidad en sus respectivas Iglesias particulares.

Otro de los melones que podría abrir el pontífice argentino es la regulación de la figura del Papa emérito. ¿A favor o en contra?

Yo no soy muy partidario, porque si un Papa decide renunciar al cargo, él va a ser quien va a dictar las reglas sobre cómo va a vivir el día después, por lo que sería inútil para los siguientes. Lo que sí es cierto y podría ser interesante es analizar cómo actuar en el caso de que un Papa no pueda ejercer el cargo por motivos de edad o de enfermedad.

Es decir, regular el cese de un Papa por incapacidad. ¿Es una asignatura pendiente?

Sigue abierto y se puede legislar. Es bueno legislarlo en el momento oportuno y ya se estudió en el inicio del pontificado de Benedicto XVI. Es un asunto que se recoge en cualquier constitución de un país: la declaración de incapacidad de un rey o del presidente de una república. No debería escandalizar a nadie que se regulara, pero sí hay que hacerlo en el momento adecuado para que nadie se ponga nervioso.

¿Cuál es la reforma legislativa más urgente en la Iglesia hoy?

Serenar la participación de los laicos, en el sentido de aceptar que hay muchas posiciones y cargos que pueden ser igualmente ejercidos por un laico y por un sacerdote o religioso y otros que un laico no puede asumir porque afectan a la cura espiritual: dar una dispensa, absolver de una censura.