Religión
Guerra entre el Arzobispado de Burgos y las exmonjas de Belorado por el pago de facturas
Nuevo episodio de la interminable disputa entre el Arzobispado de Burgos y las exclarisas de Burgos. La situación económica y el cuidado de las mayores, a escena
Varios meses atrás comenzó lo que a estas alturas parece un cisma irreparable entre el Arzobispado de Burgos y las ya exmonjas de Belorado. Todo explotó cuando un grupo de clarisas decidía separarse de Roma tras firmar un manifiesto el pasado 8 de mayo que negaba el Concilio Vaticano II y la autoridad de todo pontífice después de Pío XII para ponerse bajo la jurisdicción de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol, un movimiento sedevacantista desconocido hasta la fecha, liderado por Pablo de Rojas, un falso obispo nostálgico del franquismo, negacionista del holocausto, sin grey conocida y bajo la sombra de pilotar una secta bajo una perspectiva católica..
Desde esa fecha se han sucedido las acusaciones y las denuncias entre ambos bandos. También tuvo lugar la excomulgación el pasado mes de junio. Pese a ello, se mantienen férreas en su decisión la amplia mayoría. Las exreligiosas han confirmado a través de su jefe de prensa que son 13 las que quedan en el convento y que, pese a lo que se indicó días atrás ninguna de las mayores ha salido. Sin embargo, algunos medios han apuntado estos días que sí lo habría hecho una de las excomulgadas, la segunda tras la que se marchó en verano. Las exmonjas están bajo el amparo del falso obispo Rodrigo da Silva, de la comunidad sedevacantista de San José de Brasil, que está en las dependencias externas de clausura y consideran una persona "totalmente autorizada", y del que la Iglesia reniega.
El pago de las facturas, nuevo episodio de las disputas
El Arzobispado de Burgos paga mensualmente unos 21.881 euros correspondientes a gastos ordinarios de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, que se encuentra en "déficit estructural", mientras que las exclarisas denuncian "asfixia económica" y una "larga lista de notificaciones de impagos, apremios y embargos", según informa EFE.
La comisión gestora nombrada tras el anuncio de la salida de la comunidad religiosa de la Iglesia católica el pasado mayo ha indicado, en un comunicado, que asumen gastos recurrentes que están domiciliados, como los 1.988,44 euros de energía eléctrica, los 2.630,82 de consumo de gas o los 72,00 de Telefónica de septiembre.
"No tenemos conocimiento ni acceso a otros contratos de suministros ni gastos de otra naturaleza", indicó en respuesta a las denuncias reiteradas de "asfixia económica" de las exclarisas, que "sería, en todo caso, consecuencia de la contumacia en impedir la administración de los monasterios por quien tiene obligación legal de hacerlo". A esos gastos, según el Arzobispado de Burgos, se suman otros como las cuatro nóminas de octubre abonadas por un importe de 3.179 euros, y el pago de otros 12.115,70 euros para atender mensualmente las obligaciones derivadas de tres préstamos hipotecarios, de los que se adeudan 664.600,53, 60.253,12 y 35.500 euros.
También explicó que, aunque "no procede su encuadre, ni tampoco su tributación, como autónomas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), debiendo regularizar cada una personalmente su situación ante la Seguridad Social", sigue pagando la Seguridad Social de siete exreligiosas, que ascendió en octubre a 1.895,71 euros. Unos gastos que no se cubren con los ingresos que genera la propia comunidad, ha indicado, que en octubre pasado ascendieron a 5.179 euros derivados de las pensiones de las más mayores, que no están excomulgadas, y de otros conceptos como el alquiler de un inmueble en el monasterio de Derio (3.060 euros en octubre).
En total, unos 8.239,44 euros de ingresos mensuales, lo que supone un déficit promedio mensual de 13.642 euros. Este déficit tampoco no pueden cubrirlo con los 6.000 euros que había en las cuentas cuando asumió el control el comisario pontificio por lo que ha sido necesario contar con aportación de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.
Además del precio de las facturas, el Arzobispado también afirmó tener constancia de la venta de ornamentos litúrgicos a través de los portales Wallapop y Todocolección, cuyo importe se ingresó en una cuenta perteneciente a un pariente próximo de una exreligiosa, y de que la exabadesa ha suscrito un contrato de arrendamiento de dependencias de Derio. También de la existencia de al menos tres cuentas, a mayores de las diez que gestiona, a nombre de personas físicas que se han utilizado para actividades económicas relacionadas con el monasterio.
Datos en respuesta de las acusaciones de las exmonjas
El Arzobispado de Burgos compartió la información previamente expuesta en respuesta a las acusaciones de impago. Las exmonjas lanzaron el mensaje a través de un comunicado compartido por su jefe de prensa: "paga solo algunos gastos mientras deja muchos otros sin atender". Esta situación ha derivado en acumular notificaciones de impagos, apremio y embargos, algunos de los cuales facilitaron a EFE a modo de prueba-
Los gastos que las monjas acusan de desatender son facturas pendientes de pago de proveedores, gastos de Internet, telefonía, pólizas de seguros de los monasterios, servicio de mensajería, mantenimiento de la maquinaria del obrador, asesoría fiscal y laboral, seguro y renting de los automóviles, que han abocado a las religiosas a reducir y casi a parar su actividad industrial. Denuncian que "la situación creada es de asfixia económica, impide que la comunidad monástica cumpla sus obligaciones con terceras personas provocando un sufrimiento innecesario", aseguraron, al tiempo que comunicaban que no se rendirán y "buscarán soluciones destinadas al sostenimiento económico". En concreto, hablaron de "un conjunto de acciones que las posicionará como monjas adaptadas a los nuevos tiempos. Se internacionalizará el debate del cisma con ayuda de la prensa internacional elevando el debate a categoría global debido al interés que este tema ha suscitado en distintos países".
La Archidiócesis tiende el brazo
Además de explicar las facturas para defenderse, en su comunicado, el Arzobispado informó de que han contratado una persona para atender a las hermanas mayores, puesto que la responsable de su cuidado está de baja laboral, pero que cuando se ha presentado este martes en el Monasterio de Belorado se le ha impedido su entrada. "El cuidado de las hermanas mayores sigue siendo la prioridad absoluta del Comisario Pontificio y de la Comisión Gestora", indicó. También apuntó que el 19 de septiembre se instó a la Fiscalía para que se adopten las oportunas medidas de protección respecto a ellas, sin saber en qué momento se encuentra el proceso.
Ante la situación en Belorado, el Arzobispado recordó que esas personas, carecen de título legal y autorización para permanecer en sus dependencias, pero reiteran su disposición a colaborar para que la comunidad excomulgada en junio vuelva "al seno de la Iglesia católica" y se solucione una disputa que se alarga desde mayo.
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