¿Hay que cerrar escuelas por el fuerte descenso de alumnos de la ESO?

El centro de conocimiento de Esade, EsadeEcPol, ha elaborado el informe «Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo», que ha tomado como base que entre 2013 –máximo histórico– y 2023 España ha perdido 450.000 niños menores de 16 años, es decir, de alumnos potenciales de etapas obligatorias de educación infantil y obligatoria.

La disminución de alumnos significa que el sistema educativo pasará de tener que absorber 7,5 millones a menos de 6,5 millones de estudiantes. La caída demográfica tiene un gran impacto en el sistema actual, como es la oportunidad que suponen los mayores recursos disponibles por alumno para mejorar la equidad y calidad de la educación en España.

Dicha incidencia de la caída demográfica variará por etapas educativas y por territorio. En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de alumnado en 2037 desde su máximo: de casi 2,1 millones de niños de 12 a 15 años hoy a 1,6 en 2037. La educación primaria encontrará su mínimo antes, en 2032, algo por debajo de los 2,4 millones, lejos de los 3 de 2017.

Por territorios, las caídas más pronunciadas se concentran en Castilla y León (Zamora llega al 44%, León o Palencia alrededor de un tercio) y otras provincias de interior (Jaén, Albacete) o del norte (Asturias). En contraste, otras provincias con municipios de tamaño medio presentan un escenario estable (Alicante, Navarra y Murcia) o incluso de repuntes positivos (Almería y Baleares).

En cuanto a la inversión pública en educación, aumentó notablemente durante la pandemia, debido fundamentalmente a un gasto extraordinario y temporal de fondos europeos, que llega ya a su fin. En este sentido, el periodo de la pandemia está marcado por un desplome del PIB y por un aumento temporal del gasto en educación debido a la llegada de fondos europeos, por lo que las cifras de gasto así como, especialmente, su relación con el PIB (4,94% de gasto público en 2020 y 20213) son más elevadas. De una parte, los fondos europeos REACT-EU permitieron aumentar la inversión pública para la exitosa reapertura escolar durante el curso 2020-2021, reduciendo el tamaño de las clases para así cumplir con las directrices epidemiológicas en las escuelas. Después, se produjo un aumento del gasto de manera temporal vía los Componentes 19, 20 y 21, que acumulan en el periodo 2021-2014 un total de 5.150 millones presupuestados. También es cierto que otras partidas estructurales han aumentado y parecen haberlo hecho para quedarse: el caso más relevante es el de las becas y ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha crecido 1.000 millones de euros entre 2018 y 2023 (un crecimiento de un 65%) aunque es cierto que uno de sus objetivos era atenuar la inflación, lo que en términos reales tendrá un impacto menor. A pesar de no haber cifras oficiales, el gasto educativo sobre el PIB parece acercarse al 4,5% del PIB en 2022 y 2023.

Si, como es de esperar, la inversión pública no desciende y se mantiene en niveles actuales, el gasto público por alumno va a crecer sustancialmente. Las preguntas relevantes que se hacen los autores del informe son: ¿qué hacer con ese excedente de recursos públicos?, ¿en qué lo invertimos?

Las administraciones educativas tienen dos opciones, según EsadeEcPol. Dejar las cosas como están o rediseñar la red escolar para aprovechar el excedente de recursos de manera estratégica. La opción de no hacer nada, manteniendo el mapa actual hasta que los recursos lo permitan, implicaría no cambiar el número de aulas ni el de escuelas, preservando la red actual para proteger (en teoría) la cercanía a la escuela y a los pequeños municipios.

Pero lo hace al gigantesco coste de producir un sistema más ineficiente y menos equitativo y pospone decisiones, que a futuro tendrán que ser drásticas en lugar de darse tiempo para manejarlas de manera gradual.

La decisión no es entre cerrar o no cerrar escuelas sino entre cerrar escuelas y líneas ahora y hacerlo bien o cerrarlas en 10 años y hacerlo mal.

Los autores proponen asumir de manera activa la reestructuración de la red escolar, con mecanismos de compensación suficientes –por ejemplo, con planes de transporte y comedor gratuitos para el alumnado que tenga que desplazarse más– en escuelas y líneas allí donde se han vuelto demasiado pequeñas.

Una vez emprendido el proceso de reestructuración sería posible redirigir los excedentes allá donde puedan producir un impacto más justo y productivo.

La forma de hacerlo se basaría en seis áreas de inversión de estos recursos que serían complementarias entre sí. La primera consistiría en reducir la ratio alumno-profesor y el tamaño de las aulas más presionadas. La segunda, ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado para avanzar de forma más eficaz a una mayor igualdad de oportunidades.

Un tercer paso, reformar las políticas docentes y mejorar sus condiciones laborales para, a continuación, fortalecer el cambio educativo a nivel de centro y promover una mayor colaboración docente.

El quinto paso consiste en seguir expandiendo las etapas de educación infantil de primer ciclo (0-3) y Formación Profesional.

La última norma, aplicar políticas más eficaces contra la segregación, uno de los problemas clave de la educación española.