No es ningún secreto que las okupaciones, independientemente de la situación concreta, complican la situación de los propietarios. Estos se ven obligados a tener que emplear tiempo y dinero, que muchas veces no tienen, para poder recuperar algo que les pertenece. Además, los propietarios de los pisos okupados no son grandes tenedores, inmobiliarias o personas con gran poder adquisitivo, muchas veces son personas con pocos recursos económicos.

Algunos de ellos utilizan ese inmueble adicional a su residencia habitual como colchón económico, especialmente para la jubilación, pero a veces todo se tuerce. Este es el caso de María José, revelado por 'Periodista Digital', una jubilada que heredó un piso de su familia. Ella pretendía que fuera la base para tener una seguridad económica durante su vejez, pero se ha acabado convirtiendo en todo lo contrario tras ser okupado por una familia declarada vulnerable.

De la seguridad a la ruina

Lo que pretendía desahogar a esta mujer, ha acabado por complicar su vida. Ha tenido que seguir pagando las facturas y los suministros mientras otros vivían dentro y disfrutaban el inmueble. Su desesperación es total: "No puedo más. Cada mes recibo facturas que no puedo pagar mientras veo cómo viven otros gratis en mi casa. Estoy arruinada y nadie me da soluciones". El hecho de que los okupas sean vulnerables complica considerablemente la situación.

¿Cómo afecta la vulnerabilidad a los desalojos?

La declaración de vulnerabilidad o no es un aspecto clave a la hora de poder efectuar un desalojo de okupas o inquiokupas. Las personas vulnerables son aquellas con limitaciones económicas o circunstancias familiares especiales y su situación y protección genera debate. Los okupas vulnerables están protegidos por el Real Decreto ley 11/2020, que fue prolongado hasta finales de este año 2025 tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno por el que se aprobó el decreto social, es decir, tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 1/2025. Esta norma impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional.

Además, la ley obliga a pagar los suministros y las facturas al propietario, que hasta ahora no podía cortar esos servicios. Sin embargo, en Barcelona ya ha cambiado y cortarle el agua, el gas o la electricidad a un okupa ya no será delito tras el acuerdo de unificación de criterios de los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona. Esta situación es un alivio para muchos propietarios, ya que para algunos de ellos como María José, que heredó una vivienda modesta, pagar los suministros es un importante contratiempo a nivel económico. En estos casos, lo que se ve como un alivio acaba siendo una pesadilla porque hay que afrontar varios gastos.

Estos son los gastos al tener una vivienda con okupas

• Los suministros básicos: Siempre que no se haya realizado un cambio oficial por un alquiler previo, el propietario tiene que afrontar el pago de agua, luz y gas.
• Impuestos: BI, el ICIO, el IRPF y/o la plusvalía son algunos de las tasas que tienen que pagar los dueños de inmuebles.
• Gastos judiciales: Expulsar a un okupa no es sencillo y en casi todos los casos se tiene que recurrir a un abogado e incluso a una empresa de mediación.

La situación, ya complicada, se vuelve más grave al ser un piso heredado por la obligación de pagar otra serie de impuestos, especialmente en algunas comunidades autónomas. El más palpable es el Impuesto de Sucesiones, que aunque en algunas como la Comunidad de Madrid o Andalucía recibe bonificaciones, es una carga para los herederos aunque no se pueda disfrutar el bien. Esto se suma al pago de la hipoteca, que algunos herederos tienen que seguir afrontando.

Las consecuencias de esta legislación

Casos como los de María José están llevando a una complicada situación a los propietarios, que cada vez dudan más sobre cómo afrontar las herencias. Hay tres consecuencias principales de esta legislación y la permisividad con los okupas. Son las siguientes:

• Jubilados al borde de la quiebra: Lo que tenía que ser su salvavidas en la jubilación ha provocado un agujero económico, llevando a situaciones límite e incluso endeudamientos.
• Renuncias: Muchas familias deciden rechazar la herencia para evitar problemas como los de María José.
• Menor oferta de vivienda: La inseguridad jurídica provoca que muchos propietarios inviertan en sus viviendas y las pongan en el mercado de alquiler.