La crisis frena las denuncias por maltrato

La crisis económica afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluida la violencia de género. Desde 2008, el número de casos denunciados en los juzgados ha sufrido un descenso del 9,6 por ciento, cifra que cae a un 4 por ciento sólo en el último año.

La crisis económica afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluida la violencia de género. Desde 2008, el número de casos denunciados en los juzgados ha sufrido un descenso del 9,6 por ciento, cifra que cae a un 4 por ciento sólo en el último año. En datos globales, durante el pasado año se presentaron 128.543 denuncias, 5.459 menos que en 2011 (134.002). El porcentaje de renuncias al caso fue del 12,13 por ciento, casi un 1 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Con la observación de estos datos ofrecidos ayer por el Consejo General del Poder Judicial, se puede llegar a pensar que el fenómeno está descendiendo, pero lo cierto es que esto no se puede afirmar con rotundidad.

De hecho, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, indicó que «desde el inicio de la crisis se ha acentuado la dependencia económica de las víctimas –uno de los principales factores para que no denuncien su situación–, que viven con una mayor incertidumbre el futuro, cuyos problemas de empleabilidad han empeorado... Además los continuos mensajes sobre recortes asistenciales y en los servicios públicos provocan un mayor miedo a las mujeres, que entienden que si denuncian no van a poder recibir ayuda».

«El contexto económico y social no favorece la presentación de denuncias. La violencia económica es un factor muy importante. Las mujeres tienen miedo por su futuro, sobre todo, las que dependen de su pareja. Muchas de ellas eligen aguantar ante la incertidumbre que les espera», añadió.

Por ello, aprovechó para pedir a las instituciones que «se mantengan todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas, porque sin apoyo social es muy difícil salir de la espiral de la violencia».

Víctimas menores

Montalbán no quiso acabar su comparecencia sin hacer referencia al terrible caso de la niña de Campillos (Málaga), presuntamente asesinada por su padre. A pesar de que las pruebas forenses no han podido revelar la causa de la muerte, los investigadores apuntan a que se trata de un asesinato, posiblemente por envenenamiento, dentro del ámbito de la violencia doméstica. «Es un caso trágico que revuelve las conciencias. Un aldabonazo social que nos lleva a reflexionar y a incentivar la protección de los menores. Hasta ahora poníamos la mirada en la protección de las mujeres, a partir de ahora hay que tener muy en cuenta la protección de sus hijos. Tenemos que trabajar con más rigor».

Para la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, no se pueden tener «juzgados de primera clase y otros de segunda. No puede ser que en las grandes capitales los jueces cuenten con servicios de valoración forense mientras que los juzgados pequeños de las zonas rurales» no tengan este servicio.

De esta manera –añadió– «los jueces tienen que esperar que estos servicios de valoración intervengan, algo que se produce con mucho retraso, o bien tomar una decisión sobre el caso con los datos aportados por la Fiscalía y los afectados». La presidenta del Observatorio explicó que siempre que hay menores implicados «son necesarios los informes de valoración del riesgo integral, que analizan la peligrosidad de todo el ámbito familiar. El problema es que las comunidades autónomas disponen de ellos de manera desigual y las ciudades que están lejos de las capitales de provincia carecen de los medios necesarios».

Demarcaciones judiciales

Montalbán recordó que para evitar estas disfunciones, el CGPJ presentó un proyecto de comarcalización de las demarcaciones judiciales, que ayudaría a un mejor funcionamiento de los juzgados y a la optimización de recursos. «El año pasado elaboramos un proyecto en el que incluíamos un mapa de cómo quedarían las demarcaciones judiciales y la red de asistencia social. El documento de trabajo está sobre la mesa del Ministerio de Justicia y éste todavía no se ha pronunciado al respecto», lamentó.

La consecuencia directa de estas disfunciones ha provocado que la protección de los menores sea todavía una asignatura pendiente. Así lo demuestran los datos de 2012, en el que se acordaron 2.556 medidas civiles cautelares de protección al menor mientras se resolvía el proceso penal, lo que supone el 11,5% del total. Entre ellas se encuentran la suspensión del régimen de visitas: (710 casos); la suspensión de la patria potestad (79); la suspensión de la guardia y custodia (1.576) y las medidas de protección del menor para evitar un peligro o un perjuicio (191).

Finalmente, Montalbán hizo una reflexión sobre el uso de los recursos destinados a las víctimas de la violencia machista: «Si bien en el siglo XX los recursos han estado enfocados en la protección de la mujer, en este nuevo siglo, los esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones tienen que centrarse en la mujer y en sus hijos. Los menores son utilizados como instrumentos para causar daños a las madres, fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista tiene una especial intencionalidad».

45 menores muertos por maltrato

Los menores de edad son las víctimas ocultas de la violencia de género y las más desprotegidas. Según la ONG Women's Link, en los últimos diez años han muerto 45 niños a manos de sus padres. Pero la realidad es que la cifra de menores fallecidos como consecuencia de la violencia doméstica es mucho mayor y, ante la falta de una estadística real, sólo se conocen los casos mediáticos como el de los niños de Córdoba o el crimen de El Salobral, en el que un hombre de 40 años asesinó a una menor de 16 por despecho. Conscientes de esta realidad, el Ministerio de Sanidad ha comenzado a incluirlos en las estadísticas. En lo que va de año, ha muerto una menor y ocho han quedado huérfanos.