El Gobierno da vía libre a la reapertura de Garoña

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que permite la solicitud de reapertura de la central nuclear

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría ha anunciado que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos y ha explicado que la tramitación de esta norma ha sido "larga"porque el Gobierno ha esperado a un informe de conformidad de la Comisión Europea para asegurar que el texto se ajusta a la normativa comunitaria. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que con este Real Decreto se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2011/70 del Consejo pendiente de trasposición que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Además de completar y actualizar la normativa, Saez de Santamaría ha añadido que el Real Decreto regula también las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que es la sociedad mercantil estatal encargada de la gestión de este combustible nuclear y de los residuos.

Según ha indicado, la norma incluye los principios generales a respetar en la gestión de estos elementos; precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión y establece el contenido del programa nacional de gestión de residuos, denominado plan general de residuos radiactivos. Respecto a la "larga"tramitación, la vicepresidenta ha justificado que, en cumplimento del artículo 33 del reglamento de EURATOM, el proyecto fue comunicado a la Comisión Europea en enero de 2013 para recibir el informe de conformidad que "permitiera tener claro"que se ajusta a la directiva comunitaria y después se ha atenido a la reglamentación propia de propia de los reglamentos en el derecho español.

En último lugar ha señalado que la nueva norma modifica el Reglamento de Instalaciones Radiactivas de diciembre 1999 para establecer la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias. Este precisamente es el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación. Además, el Real Decreto establece que, como principio a aplicar, la generación de residuos radiactivos se reducirá al mínimo posible,

y corresponderá a quienes los hayan generado el coste de su gestión y la responsabilidad principal respecto a los mismos.

Asimismo, el Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, recogerá las estrategias y actuaciones para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como lo relativo al desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares. Así, la financiación de sus actividades se realizará mediante el 'Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos' que gestiona ENRESA y que se seguirá dotando de las tasas abonadas por los titulares de las instalaciones que generen los residuos.

El Real Decreto establece que le corresponde a la empresa nacional ENRESA la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado, así como el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Los residuos radiactivos generados en España serán almacenados definitivamente en el país, salvo que exista un acuerdo con otro Estado miembro de la Unión Europea o un tercer país, que tenga por objeto la utilización de una instalación de almacenamiento definitivo en uno de ellos. Finalmente, añade que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Consejo de Seguridad Nuclear organizarán, como mínimo cada diez años, autoevaluaciones de su marco legislativo, de las autoridades reguladoras competentes y del Plan General de Residuos Radiactivos.