El conflicto familiar en torno a Joaquina comenzó mucho antes de su fallecimiento. En 2012 fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa que ya le afectaba gravemente la capacidad para entender operaciones simples y la provocaba frecuentes episodios de desorientación. La situación empeoró rápidamente, lo que llevó a que en diciembre de 2013 su hermano presentara una demanda para incapacitarla legalmente. Tras una evaluación judicial y un informe médico forense en mayo de 2014, se determinó que Joaquina no tenía la capacidad para tomar decisiones sobre su persona ni sus bienes.

Sin embargo, a pesar de este diagnóstico y del proceso legal en marcha, el 11 de mayo de 2014 Joaquina redactó un testamento ológrafo en el que manifestaba sentirse “aterrada” por su hermano y sus nietas, y nombraba como beneficiarias a Cruz Roja Española, Médicos Sin Fronteras y Cáritas Madrid. Solo unos días después, el 4 de junio, un juzgado de Madrid declaró oficialmente su incapacidad para gestionar su persona y patrimonio. Joaquina falleció el 10 de febrero de 2019, dejando como únicas herederas a sus sobrinas.

Tras la muerte de Joaquina, la Cruz Roja acudió a los tribunales para validar el testamento. En enero de 2020 presentó una demanda para que se reconociera la autenticidad y validez del documento, buscando anular la declaración de herederos abintestato y las inscripciones registrales hechas por las sobrinas. Fátima y Alicia se defendieron argumentando que su tía no tenía capacidad mental para realizar disposiciones testamentarias en esa fecha, apoyándose en la sentencia de incapacitación y numerosos informes médicos previos.

El caso fue inicialmente juzgado en el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Madrid, que en enero de 2023 falló en contra de Cruz Roja y absolvió a las sobrinas, basándose en la sentencia firme que declaraba incapaz a Joaquina desde junio de 2014. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó esta decisión, rechazando todos los argumentos presentados por la Cruz Roja y confirmando la condena en costas. Solo queda la opción de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, y si no se presenta recurso en 20 días, la sentencia será definitiva, cerrando así el conflicto sucesorio.