Pederastia eclesial

Plácet episcopal al estudio antiabusos de Gabilondo

La Asamblea Plenaria Extraordinaria de los obispos califica de «valiosas» las propuestas del Defensor del Pueblo pero tumba su encuesta

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella Europa Press

Bendición casi total de los obispos al informe que presentó el pasado viernes el Defensor del Pueblo sobre la lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Con una salvedad: la extrapolación de la encuesta que incluye y que ha llevado a asegurar que habría 440.000 víctimas de la pederastia eclesial. Es el balance que han hecho los pastores después de la insólita Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada la tarde de este lunes en Madrid. En la reunión participaron 88 prelados, 31 de manera presencial y 57 por videoconferencia. También se unieron el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el dominico Jesús Díaz Sariego, el secretario general y hermano de La Salle, Jesús Miguel Zamora, y la secretaria general adjunta, la jesuitina Silvia Rozas.

A través de una nota de prensa final, los pastores llegan a calificar de «valiosas» las recomendaciones del estudio coordinado por el veterano político socialista Ángel Gabilondo. Es más, dejan entrever que, «en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la Conferencia Episcopal desde ya hace algún tiempo». Incluso se comprometen a materializarlas a través del Servicio de Protección de Menores creado por la Iglesia mediante un «itinerario de aplicación» en relación con los cauces de «reparación, prevención y formación». Del estudio del Defensor del Pueblo también valoran «de manera especial el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro». Además, desvelan que el propio Gabilondo fue invitado a participar en la sesión de ayer, una propuesta que declinó al «por motivos personales».

Con este reconocimiento por delante, los obispos sí se muestran particularmente molestos con la proyección de los datos del sondeo encargado por el Defensor del Pueblo a GAD3. «Sorprende la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe», exponen en la línea que ya lo había hecho el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, a través de sus redes sociales. «No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino», lamentan los pastores. Lo cierto es que en el sondeo demoscópico se afirma que el 1,13% de adultos españoles afirma haber sido víctima de abusos en entornos eclesiales. El 0,6% sostiene haberlo sido por parte de sacerdotes o religiosos. Si estos datos se proyectan a mano alzada, simplemente partiendo de que España cuenta con 39,8 millones de adultos, se podría llegar a deducir que habría hasta 440.000 víctimas de la Iglesia en nuestro país. Sin embargo, esto significaría que cada sacerdote o religioso habría tenido que abusar de hasta diez víctimas, dando por hecho que todo cura o consagrado fuera un agresor sexual.

Además, los obispos también dejan en su comunicado final un recado para Moncloa, a quien insta a poner en marcha «las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones» más allá de la Iglesia, «para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad». «Poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda», apostillan desde la Plenaria.

Con este asunto por delante, la reunión vespertina también permitió ahondar en la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para posponer una vez más la entrega de la auditoría independiente encargada en febrero de 2022 para radiografiar los abusos. Y lo hicieron delante de su presidente, Javier Cremades, que acudió a defender su trabajo. Será en la Asamblea de noviembre cuando se tome la decisión definitiva sobre el devenir de la encomienda realizada. Se trataría pues de la última oportunidad para rematar el encargo que ya lleva ocho meses de retraso y que está rodeado de no pocas suspicacias tanto sobre su calidad como sobre los gastos que ha generado.