El Defensor del Pueblo acusa a la Iglesia de "la negación o la minimización" de los abusos sexuales

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso su informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. En él, ha analizado las experiencias de más de 480 víctimas y las respuestas ofrecidas por parte de la propia Iglesia, de los que ha señalado la "minimización del problema", y los poderes públicos, por la ausencia de "procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar"."Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido", de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio", ha indicado Gabilondo en la introducción del informe. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", ha añadido.

El informe, de 777 páginas, indica que "los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública" y afirma que la gravedad del fenómeno "deriva no solo de la intensidad del sufrimiento experimentado por las víctimas, sino también de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por estas y por una parte muy importante de la sociedad en una institución que ha tenido un poder y una autoridad moral innegables".

Para el desarrollo de la investigación, el Defensor del Pueblo ha recogido datos de las víctimas a través de encuestas y testimonios directos. En concreto, la Unidad de Atención a las Víctimas –creada para abordar los trabajos– ha recogido información relevante sobre 487 víctimas. De ellas, muchas eran menor de edad. El estudio incluye una macroencuesta, encargada a GAD3, con una muestra de 8.013 personas, en la que se señala que el 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que "ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso"

En el documento, Gabilondo destaca cómo se solicitó información a la Conferencia Episcopal Española y a todas las diócesis. Mientras algunas de ellas sí que mostraron "una actitud colaboradora", otras, sin embargo, rechazaron colaborar o incluso llegaron a "cuestionar la propia encomienda" del estudio. Así, el pasado 29 de marzo, la CEE le entregó un informe de más de 2.000 páginas titulado "Para dar luz", en el que se recoge información sobre 706 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde el año 1945, de los que 16 habían tenido lugar en 2022 y 186 habían sido notificados este pasado año en las oficinas diocesanas y en las congregaciones religiosas.

Por otro lado, Gabilondo ha destacado que algunos datos han sido presentados de una forma que se "tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución". Por ello, solo se ha encontrado información registrada de los casos en que se han abierto procedimientos canónicos, que han derivado en procesos en la justicia penal del Estado, que tuvieron un impacto en los medios de comunicación o que pudieron generar escándalo en el municipio o parroquia correspondiente. No obstante, reconoce que es una institución plural y que se pudo detectar buenas y malas prácticas. Así, subraya "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Omisión por parte de los poderes públicos

El informe también señala la respuesta de los poderes públicos, que "carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica". De hecho, recuerda que no fue hasta el año 2021 cuando se introdujeron mecanismos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. A esto se suma el hecho de que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados "no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial", en muchas ocasiones a causa de la aplicación de las normas de prescripción del delito. Recuerda que pese a que estas normas se han modificado mediante la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la prohibición de aplicar retroactivamente dicha ley de reforma "impide responder por la vía penal a los hechos del pasado".

Pagar compensaciones y pedir perdón publicamente

Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas

Se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos