El 3 de abril se dio un paso más en la lucha contra la okupación, aunque el camino por recorrer todavía es largo. Tras tres meses de espera desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado jueves entró en vigor la reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta nueva medida permite que los casos de okupación delictiva pasen a tramitarse mediante juicios rápidos, que se espera que se resuelvan en unos 15 días desde el inicio del proceso.

El comienzo del mismo puede dilatarse en algunos casos por la alta ocupación de los juzgados y la falta de personal. Sin embargo, el gran problema es que esta nueva medida no afecta a todos los casos de okupación, la inquiokupación, que se da cuando los inquilinos se convierten en morosos y no abandonan el inmueble, no puede juzgarse bajo este procedimiento rápido. Esto lo denuncio Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupación: "El 80% de los casos de okupación tienen que ver con la inquiokupación y no están recogidos en esta medida".

La última víctima de este fenómeno es Mariano, un padre que se ha visto obligado a vivir en la misma habitación con su hija en casa de su madre tras sufrir una inquiokupación. Él también ha hablado sobre la nueva ley en 'Antena 3 Noticias': "La nueva modalidad de okupación es la inquiokupación y estamos dejados de la mano de Dios".

El drama de Mariano

"Comparto habitación con mi hija de 14 años en casa de mi madre", explica mientras enseña el dormitorio. Tiene una pequeña mesa para que su hija estudie, las dos camas y es muy pequeña. "Casi llego", añade mientras abre los brazos, que casi ocupan el total del cuarto. Todo comenzó tras divorciarse de su mujer e intentó volver a la casa que compró años atrás. Al hablar con sus inquilinos en 2023, se negaron a marcharse.

Desde ese momento dejaron de pagar la renta: "Me deben 18.500 euros en total". Las deudas han ido creciendo y su situación es crítica: "Yo no puedo hacer frente a la hipoteca, a la luz...". Incluso recibió una factura de más de 2.000 euros. La situación es límite y su preocupación es máxima: "Lo que más me duele es mi hija". Pese a que se fijó una fecha de lanzamiento, no pudo llevarse a cabo porque sus inquilinos, que hasta utilizan la casa como domicilio social para una empresa, han sido declarados vulnerables, lo que impide el desalojo.

La vulnerabilidad frena los desalojos

El Real Decreto-ley 11/2020, implantado durante la pandemia, impide el desalojo de cualquier persona considerada vulnerable sin alternativa habitacional. Esto influye incluso a los okupas, pese a que tengan sentencia judicial en contra. Esta medida, que ya lleva más de cinco años en vigor, estará activa, al menos, hasta fin de año: "Se establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos".

Esta medida es considerada como un "escudo social" por el Gobierno: "Con el objetivo de que nadie quede fuera, el Gobierno ha regulado determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad puedan ser objeto de desahucio". En cambio, para los propietarios, como denunció la presidenta de la 'Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij)' en declaraciones a LA RAZÓN: "Es un decreto que lejos de ser una solución, ha sido el origen de una crisis en el mercado del alquiler. Presentado como una medida de protección, ha generado el efecto contrario: inseguridad, retirada masiva de viviendas y más dificultades para acceder a un alquiler".