Prohibido tirar comida

Una norma francesa obliga a los supermercados a dar a las ONG los alimentos que vayan a tirar. Mientras, en España, no se prevé una regulación que favorezca la donación de comida

Los diputados franceses han votado de forma unánime una enmienda al proyecto de ley sobre la transición energética con vistas a limitar el desperdicio de productos alimenticios. La ley obligará a todos los supermercados de una superficie igual o superior a 400 m2 a firmar acuerdos con asociaciones caritativas para entregarles los alimentos que vayan a tirar.

Los diputados «no podían seguir consintiendo acciones que hoy chocan con todas las conciencias», comentó Guillaume Garot, diputado socialista y antiguo ministro de Agricultura y Alimentación. «Ver a los grandes supermercados echar lejía sobre recipientes donde hay comida, a veces en perfecto estado de consumo, era algo imposible de soportar. Había que poner fin a eso». Los grandes distribuidores de alimentos deberán comenzar por luchar contra el desperdicio de comida y, así, todos los productos que no puedan vender deberán donarlos a asociaciones o destinarlos a la alimentación animal, a la fabricación de abono para la agricultura o reciclarlos para un uso energético (sobre todo incineración). Además, los productos de marca de distribuidor que sean devueltos a los proveedores serán autorizados a donarlos en lugar de destruirlos, como se hacía hasta ahora.

Los supermercados tienen un año para llegar a un acuerdo con asociaciones caritativas a las que dar sus excedentes. En caso contrario se enfrentarán a penas de hasta dos años de prisión y 75.000 euros de multa. El último informe de la FAO sobre «La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos naturales» de 2013 indica que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Como dijo en su día José Graziano da Silva, director de la organización internacional, « no podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie debido a prácticas inadecuadas, cuando 870 millones de personas pasan hambre todos los días». Y esto es lo que ha motivado a los diputados a introducir estas enmiendas en la nueva ley. Sin embargo, «la norma se equivoca de objetivo y de sujeto al enfocar su acción en la gran distribución que no representa más que el 5 por ciento del desperdicio alimentario, e imponer más papeleo», se quejaba ayer en un comunicado Jacques Creyssel, delegado general de la Federación del Comercio y de la Distribución. Según él, la gran distribución constituye «los primeros donantes y más de 4.500 tiendas han firmado convenciones con asociaciones humanitarias».

El gigante de la distribución Leclerc también reaccionó de inmediato. Su presidente, Michel-Edouard Leclerc, lanzó un reto a través de su blog en «Le Huffington Post» desafiando a «las colectividades locales (comedores escolares, guarderías, residencias de ancianos, etc.) y a otros sectores de la economía a hacerlo tan bien como las empresas de distribución en la lucha contra el desperdicio» y, provocador, propuso «la extensión de las sanciones por rechazo de los donativos a todo el sistema de la restauración colectiva». También recordó que, «según el ministerio de Desarrollo, la mayor fuente de desperdicio alimentario son los hogares (67%), la restauración colectiva (15%) y la gran distribución (11%), según el ministerio, 5% según la Comisión Europea».

Es cierto que, según la FAO, «los niveles más altos de desperdicio de alimentos en las sociedades ricas derivan de una combinación del comportamiento de los consumidores y de falta de comunicación en la cadena de suministro». Es decir, los consumidores «no logran planificar sus compras, compran en exceso, o reaccionan exageradamente a las fechas de caducidad y consumo preferente de los productos, mientras que las normas estéticas y de calidad llevan a los minoristas a rechazar grandes cantidades de alimentos perfectamente comestibles».

En este sentido, los diputados franceses también quieren integrar el concepto de desperdicio alimentario en los planes de estudio sobre la alimentación del sistema educativo para comenzar a concienciar a los ciudadanos desde pequeños, ya que cada francés tira a la basura cada año una media de entre 20 y 30 kilos de comida. Los senadores ya habían votado en febrero una enmienda al proyecto de ley sobre la transición energética que prevé la supresión de la fecha límite de uso óptimo sobre los productos alimenticios no perecederos. Y en los últimos meses se han lanzado diversas campañas publicitarias para sensibilizar a los consumidores que rechazan las verduras feas. En Francia, cerca del 30% de frutas y verduras producidas en el país no llegan al consumidor porque son demasiado pequeñas, tienen demasiadas manchas o son simplemente distintas. En cualquier caso, las enmiendas votadas la noche del jueves por los diputados suponen una victoria para Arash Derambarsh, concejal del ayuntamiento de Courveboie, localidad vecina de París. Durante meses, Derambarsh y un grupo de amigos y voluntarios han estado dedicando tres noches a la semana a recuperar los productos no vendidos en los supermercados para distribuirlos entre las personas necesitadas, especialmentepara los «sin techo». Junto al actor y director Mathieu Kassovitz, sensibilizado ante estos temas, lanzaron una petición a principios de año para obtener una ley que impusiera a los supermercados distribuir lo que no vendieran. Tras obtener 200.000 firmas fueron recibidos el pasado 5 de mayo en el Palacio del Elíseo por un consejero de François Hollande que les transmitió el apoyo del presidente de la República.

En España, aún estamos lejos de lograr una norma que regule el uso de los alimentos que las cadenas de supermercados dejan, cada noche, en los contenederos. LA RAZÓN ha podido confirmar que desde el Ministerio de Agricultura no se va a tramitar ninguna nueva norma relacionada con el desecho de alimentos, aunque sí que mantienen para este año un programa especial que busca concienciar a los ciudadanos de su responsabilidad en el desperdicio de productos que aún están en buen estado. En abril de 2014, con la reciente marcha del ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, el Gobierno dio luz verde a uno de los decretos por el que Arias Cañete ha sido más reconocido: el que cambia el etiquetado del yogur. Ahora en lugar de fecha de caducidad aparece la de consumo preferente. Pero, ni para las empresas ni para los bancos de alimentos esta medida es suficiente. Les gustaría que se impusiera la «ley del buen samaritano» que limita la responsabilidad civil de los donantes y permite donar los alimentos que estén en buen estado, como ya ocurre en Italia o EE UU.

Un español desecha medio kilo a la semana

En España, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, no estamos concienciados de cuántos alimentos en buen estado desperdiciamos casi cada día. De acuerdo con el estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacop), un hogar español desecha de media 1,3 kilos cada semana o lo que equivale a medio kilo por persona. Así, los hogares españoles tiran en un año 1,5 millones de toneladas de comida que son válidas para el consumo. Y mientras, en los bancos de alimentos atienden a más de un millón de personas cada año. Cifra que, durante los años de la crisis no ha dejado más que aumentar. Desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) han impulsado una iniciativa para terminar con esta situación, a la que se han sumado 250 empresas entre las que se encuentran Bimbo, Campofrío, Calvo o Helios.