El borrador del Anteproyecto de Estatuto Marco que Sanidad pretendía aprobar antes del parón de agosto se ha topado con la molesta realidad. El texto no solo no cuenta con el apoyo de los sindicatos generalistas que forman parte de la Mesa del Ámbito de Negociación, ni mucho menos con el de la profesión médica, sino que esta mañana se ha confirmado que tampoco tiene el beneplácito del Ministerio de Hacienda ni de las Administraciones Territoriales.

Las comunidades autónomas en bloque han refirmado su rechazo a un proyecto que, por el momento, está abocado al fracaso tanto por la forma como por el fondo. Excepto Navarra, todas las autonomías, "independientemente de su color político» han mostrado su oposicion a una regulación que no cuenta con un informe de viabilidad, solvencia jurídica y compromiso presupuestario por parte del Ministerio de Sanidad, factores que consideran "imprescindibles para continuar con las negociaciones".

Así lo ha expresado hace unas horas el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en nombre de todas las regiones gobernadas por el PP, después del Pleno Extraordinario de la Comisión del Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), convocada por el ministerio de Mónica García.

Vázquez abandonó la reunión antes de que finalizara y, a título propio, argumentó que lo que allí se estaba tratando no era más que "un brindis al sol" e incluso "un posible engaño". "Le hemos preguntado a la ministra qué cantidad hace falta (para poner en marcha las mejoras que recoge) y dice: 300, 400, 500 millones... Es una tomadura de pelo, por eso me he ido", explicó.

En su opinión, esta situación es reflejo de un Gobierno "donde una parte no se habla con la otra, y a nosotros nos toca la parte que no se habla ni con Hacienda ni con Función Pública", detalló, en referencia a que no es la primera vez que Sanidad da algo por hecho sin haberlo compartido con otros ministerios implicados.

El consejero recordó además la importancia de abordar con "criterios de seriedad" un tema "tan sensible" como son "las condiciones laborales de los trabajadores del SNS (casi un millón), y que afecta directamente a los 50 millones de españoles".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por su parte, aseguró que, desde el PP "no van a ser cómplice del engaño a los profesionales sanitarios", por lo que emplazó al ministerio a "esa reunión técnica para disponer de un estudio de viabilidad económica de cada una de las medida".

García quiere llevalo al Consejo de Ministros en otoño

Ante las críticas generalizadas de casi todos los representantes de Sanidad territoriales, Mónica García se ha visto forzada a pactar una "hoja de ruta" para avanzar en el diálogo de la futura ley ya en septiembre, primero en dos reuniones –los días 2 y 5– con los sindicatos del Ämbito y, después, con los técnicos autonómicos el 9 y el 10. El objetivo de la ministra, según declaró en una rueda de prensa posterior al Pleno, es elevar la ley que recoge el Estatuto al Consejo de Ministros "en otoño", para que "no quede condenada a estar en un cajón".

Asimismo, García explicó que la causa por la que ni el Ministerio de Hacienda ni el de Función Pública conocen aún el texto es que primero debía analizarse con las autonomías, y que ambos ministerios "están presentes en las negociaciones de Ámbito". Un buen argumento si no fuera porque su departamento no ha involucrado a las consejerías de Sanidad en la evaluación del texto hasta ahora. Aunque la ministra aseguró ayer que se habían mantenido 12 reuniones con los representantes autonómicos, las distintas consejerías consultadas por este periódico confirman que solo han tendido acceso al texto en una reunión técnica celebrada en Toledo el pasado 4 de abril.

Recordemos que hace casi 3 años –y 37 reuniones– que Sanidad negocia el texto del fututo Estatuto con los sindicatos del Ámbito. "La convocatoria de este Pleno se ha hecho fuera de tiempo y con premura para valorar el borrador elaborado por el Ministerio", señaló el responsable de Sanidad de Murcia, Juan José Pedreño, quien también destacó que "como en la mayoría de los asuntos que se debaten con Sanidad, no es posible debatir propuestas que supongan un impacto económico sin el compromiso del Gobierno de España en su financiación, lo que retrasa y paraliza cualquier negociación".

Las competencias de otros

Sobre las líneas rojas que los sindicatos que forman parte del Ámbito de negociación exigen para aceptar el texto propuesto por Sanidad, como son la regulación de la jubilación anticipada y parcial o el aumento de retribuciones por clasificación profesional, García se lavó las manos e insistió en que son asuntos que "exceden sus competencias". "Serán las comunidades autónomas las que tengan que materializarlo", aseguró.

Además, señaló que estos temas no tienen que estar recogidos en el Estatuto Marco, dado que es "una norma básica para garantizar los derechos laborales de los profesionales sanitarios", y que "no habla de aumento de salarios ni de otras cuestiones que no nos competen". A su juicio, estos temas, que son innegociables para los sindicatos y para las profesiones sanitarias involucradas, así como la adjudicación de los fondos para aplicar estas mejoras, se desarrollarán cuando la futura legislación llegue al Congreso de los Diputados. "Hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real", defendió.

Cataluña alega "invasión de competencias"

El Ministerio de Sanidad tiene a Cataluña entre los detractores de su proyecto de nuevo Estatuto de los trabajadores sanitarios. Según fuentes presentes en el Pleno de esta mañana, la consejera de Sanidad de esta autonomía, Olga Pané, ha remarcado que la norma "invade competencias autonómicas", por lo que no sería aprobada por los partidos catalanes.

En concreto, aludió a que esta regulación no debería aplicarse a los centros de gestión indirecta, que son mayoría en Cataluña. El mapa de proveedores de servicios sanitarios financiados públicamente en la región está compuesto por un elevado número de instituciones sin ánimo de lucro y de economía social y solidaria, como asociaciones, fundaciones, mutualidades o sociedades profesionales.