El Constitucional avala que los «sin papeles» reciban asistencia

El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión de varios artículos recogidos en el decreto de 26 de junio del Gobierno vasco, en el que se regulaban la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y el copago farmacéutico. Con este auto, el alto tribunal avala la decisión del Ejecutivo vasco de continuar con la prestación sanitaria a las personas que no tienen la condición de asegurados, según el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto.

Tras la aprobación de la norma, el Gobierno vasco reguló la asistencia sanitaria a este colectivo a través de un decreto que, la argumentación del Ejecutivo regional, propugna «la universalización de la asistencia sanitaria como expresión del derecho a la protección de la salud que se vincula con la garantía de la dignidad de la persona, de modo que la protección de la salud es una tarea que un Estado social de Derecho no puede descuidar por su ligazón con los derechos humanos a la vida y a la integridad física». Asimismo, alerta de «las consecuencias negativas de la suspensión aludiendo al supuesto de la falta de tratamiento de los enfermos de VIH».

Poco después, el Gobierno recurrió el decreto vasco al Constitucional, que decidió su suspensión temporal. Ahora, el alto tribunal levanta la suspensión y argumenta que «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de los inmigrantes irregulares y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad tienen una importancia singular en el marco constitucional» que no puede ser «desvirtuada» por la «mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado» por la Abogacía del Estado.

Sin embargo, el Pleno del Constitucional mantiene la suspensión de los preceptos del decreto vasco relacionados con el copago farmacéutico porque provocaría un «perjuicio económico para el control del déficit».

Ahora, el Constitucional deberá decidir sobre la legalidad de la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares en el País Vasco, situación que también se da en Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias y Castilla y León.

Finalmente, el Pleno decidió levantar la suspensión sobre la subasta andaluza de medicamentos, vigente desde el pasado 1 de agosto, ya que, según queda plasmado en su auto, los argumentos de la Abogacía del Estado «carecen de entidad suficiente» para mantenerla.

Más ahorro del previsto

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró ayer que con las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, tanto en materia de farmacia como el fomento de los genéricos, permitirán que se termine el año con «un ahorro muy superior a los 1.000 millones de euros, de los cuales 803 se han conseguido sólo en los últimos cuatro meses». Así lo confirmó la ministra Mato durante su intervención en la XVIII Interparlamentaria del PP que se celebra en Toledo, donde además señaló que la central de compras de productos, materiales y equipamientos sanitarios permitirá un ahorro de mil millones de euros a los contribuyentes. Según ha detallado, solo con las primeras compras centralizadas que ya han sido aprobadas se ha conseguido un ahorro inicial de cerca de 100 millones de euros". Además, ha señalado que este próximo jueves, día en que está convocado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "se empezará la aprobación de la cartera básica de servicios". Ha explicado que esa cartera se basará en la calidad y seguridad de los pacientes, la eficiencia organizativa y la optimización de los recursos asistenciales.