Sanidad llega al 23J sin autorizar más de 50 fármacos claves para los enfermos

El Gobierno va a llegar a las elecciones generales de este 23J sin aprobar numerosos medicamentos innovadores que ya están dispensando los sistemas sanitarios de otros países de nuestro entorno. Se trata de una lista de productos que acumulan en algunos casos muchos meses de espera para recibir luz verde y que mejorarían el tratamiento, alargarían la supervivencia o aumentarían la calidad de vida de los pacientes de diferentes patologías con respecto a los ya existentes.

En la lista de los fármacos que esperan aún la aprobación de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos figuran, por ejemplo, algunos para combatir enfermedades como la lipofuscinosis neuronal, la hiperplasia suprarrenal o la queratosis actínica. Otros están dirigidos a combatir patologías muy graves como la leucemia mieloide, la trombosis venosa, el cáncer de pulmón, el carcinoma renal o el carcinoma escamoso. Entre todos ellos figuran varios muy llamativos por diferentes circunstancias. Por ejemplo, dos tratamientos para el riesgo cardiovascular –Leqvio y Vazkepa– en un momento en el que el Ejecutivo presume de estrategia cardiovascular; varios para el cáncer cuando los pacientes no tienen alternativas –Lumykras, Rybrevent y Gavreto, para los tumores de pulmón–; Padcev para el urotelio y vejiga; y Spectila, para la leucemia. También esperan la autorización Vydura, que es un fármaco preventivo para la migraña, y varios para enfermedades raras o el mieloma (Kyprolis).

En total, los productos denegados por esta comisión que no han visto la luz en España en primera instancia o tras el recurso pertinente presentado por el fabricante pese a sí haberla recibido en muchos casos en otros estados suman 50 desde la reunión celebrada por este órgano en abril de 2022, de acuerdo con los datos en poder de LA RAZÓN. Como hay innovaciones terapéuticas anteriores a dicha cita que aún no se ha aprobado, la cifra final supera con creces el medio centenar.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que es la que decide de facto la financiación, está presidida por el Ministerio de Sanidad, e integra a representantes de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital, e Industria, Comercio y Turismo, así como de las comunidades autónomas a propuesta del Consejo Interterritorial. Esta última circunstancia convierte a los «pagadores» de los medicamentos en decisores de su incorporación al Sistema Nacional de Salud, en una época de fuerte presión asistencial y de incremento del gasto en medio de estrecheces presupuestarias para la Sanidad. En muchos casos, han sido precisamente las propias autonomías las que han bloqueado la aprobación de un fármaco o han dilatado unos meses su llegada al mercado, emitiendo primero una denegación y dando finalmente la razón a la apelación presentada por el laboratorio fabricante. Han sido unos meses ganados para sus depauperadas arcas, pero perdidos para los enfermos.

Como adelantó este periódico, el último informe Wait elaborado por la patronal europea de la industria farmacéutica y la consultora Iqvia, destapa que España tarda ya 629 días de media en incorporar la innovación terapéutica a su sistema sanitario o, lo que es lo mismo, más de 1,7 años de promedio, la peor cifra de los países de nuestro entorno y todo un mundo para los enfermos. En total, España sólo dispone del 58% de los nuevos tratamientos disponibles en Europa, de acuerdo con este informe. Esto significa que los pacientes únicamente pueden acceder a través de su sistema sanitario a 98 de los 168 medicamentos autorizados entre 2018 y 2021, el periodo analizado por el informe. En Alemania el porcentaje se sitúa en el 88%, en Italia en el 80%, en Francia en el 67% y en Reino Unido en el 66%.

Cuando el PP dejó el Gobierno tras la moción de censura que aupó al poder al PSOE de Pedro Sánchez la demora media para la incorporación de los nuevos medicamentos a España era de385 días. En cuatro años, se ha disparado en 244 días más, lo que deja en entredicho la apuesta por la sanidad pública de los socialistas en lo que al acceso a los tratamientos innovadores se refiere. La legislación establece que el periodo de demora no puede superar un máximo de 180 días, con lo que nuestro país estaría incumpliéndola. Por si fuera poco, la mitad de los nuevos medicamentos disponibles en nuestro país –el 51%– cuentan con una disponibilidad limitada, lo que significa que 50 de los 98 medicamentos financiados en el periodo analizado –entre 2018 y 2021– están sometidos encima a algún tipo de restricción de uso por indicación terapéutica, tipo de paciente u otra circunstancia. En Alemania, el porcentaje de fármacos con restricciones es de apenas un 1%; en Italia, del 12%, y en Francia, del 17%.