Cita el 24J para evitar el desgaste electoral

El Gobierno no quiere polémicas antes de las elecciones acerca del retraso que sufren los medicamentos más innovadores para llegar a la Sanidad pública, tras recibir una lluvia de críticas durante por este motivo por parte de organizaciones de pacientes y sociedades científicas. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha sorteado la tradición al convocar para justo un día después de los comicios, el 24J, la Comisión de Precios de los Medicamentos correspondiente a este mes. Dicha fecha supone una alteración con respecto a la regla marcada acerca de las convocatorias de este órgano, crucial para decidir la entrada de las nuevas terapias. Cada año, la comisión celebra diez reuniones: todos los meses, salvo enero y agosto. Las que se celebran desde febrero a julio lo hacen siempre en la primera o segunda semana del mes, y las restantes la última semana del mes, salvo la de diciembre, que es antes de la pausa de Navidad.

El pasado año, sin ir más lejos, la comisión celebró su reunión de julio el día 7, frente a la sorprendente convocatoria de este año para el 24J. Se da además la circunstancia de que para dicha cita no estarán nombrados los nuevos directores generales de Farmacia de muchas autonomías, tras los cambios políticos producidos en las autonómicas. Este hecho se traduce en que las decisiones del encuentro no se adoptarán por la nueva composición de la comisión, lo que ha llevado al sector farmacéutico a temer que incluso un día después de las generales la tónica que se mantendrá será la de denegar la autorización de la mayoría de los fármacos que han de evaluarse, lo que se produciría ya sin coste electoral. Las quejas de gran parte de la industria se basan en la política restrictiva que ha mantenido este órgano con la mayoría autonómica socialista.

Una de las prácticas que han usado las autonomías y el Ministerio para ganar tiempo y ahorrar miles de euros ha sido proceder a una primera denegación, lo que llevaba al laboratorio implicado a presentar alegaciones que luego se aceptaban. Entre la primera negativa y la aceptación transcurrían unos meses de ahorro para las arcas públicas, pero perjudiciales para los pacientes. La idea de otorgar de facto un mayor peso a las autonomías en la autorización de los nuevos fármacos procede de la época en la que la directora general de Farmacia era Patricia Lacruz. Durante su mandato, Sanidad y comunidades aplicaron una política restrictiva cuyos efectos son el récord de retraso de incorporaciones. Su relevo por César Hernández supuso un soplo de esperanza para los laboratorios fabricantes de los fármacos innovadores, pero la situación apenas ha cambiado en estos meses.

Fuentes de la comisión aseguran que Hernández ha sido en más de una ocasión partidario de autorizar un fármaco, pero las autonomías, haciendo uso del poder adquirido en la época de Lacruz, hicieron piña y terminaron tumbando la decisión ministerial.