La ministra de Sanidad, Mónica García, parece haberse propuesto levantar ampollas en todo el sector sanitario con cada paso que da. Ayer fue con el anteproyecto de Ley de los Medicamentos, que ha provocado las críticas de médicos, farmacéuticos y de la industria farmacética en bloque. El texto, que el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta, permite a enfermeras y fisioterapeutas recetar medicamentos y habilita a los farmacéuticos para sustituir fármacos prescritos por el médico por otros equivalentes en situaciones de desabastecimiento, entre otras medidas.

«Habilitamos a más profesionales para la prescripción, como a las enfermeras y a los fisioterapeutas, en aquella prescripción que está dentro de su competencia», señaló ayer la ministra.

Para poder ampliar las competencias de estos profesionales se reformará el Real Decreto 954/2015 sobre indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros/as. También se desarrollará la normativa que, en este sentido, afecta a los fisioterapeutas.

Esta decisión ha encendido a las sociedades médicas de Primaria. En un contexto en el que Sanidad se ha ganado a pulso la oposición frontal y sin fisuras de toda la profesión con el borrador del Estatuto Marco, ahora llega este nuevo corte de mangas que atenta directamente contra la prescripción, un acto exclusivo del médico, según denunciaron.

Así lo manifestó ayer la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que señaló que «rechaza cualquier medida que otorgue a otros profesionales, como enfermeros o fisioterapeutas, la potestad de prescribir medicamentos por considerar que puede comprometer la seguridad del paciente y desdibujar el actual modelo asistencial».

«También rechaza la sustitución de medicamentos por parte de los farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento sin el conocimiento y consentimiento previo del médico prescriptor», añadió.

También destaca que, aunque abogan «por la coordinación entre profesionales sanitarios» cualquier modificación del tratamiento de un pacientes «debe contar obligatoriamente con el criterio médico».

Otras fuentes médicas consultadas por este periódico alertan de que esta ampliación de la prescripción a otros profesionales sanitarios responde a una necesidad del Ministerio de «inventar soluciones» para paliar la falta de médicos, el principal problema que aqueja a la Sanidad pública y que, por el momento, no ha sabido solucionar.

«Con esta ley, la prescripción médica sufre un gravísimo deterioro en cuanto a calidad y seguridad, y los principales perjudicados serán los pacientes», apunta Tomás Toranzo, médico y expresidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). «Y todo por un criterio puramente ideológico, que marca todas las decisiones del Ministerio de Sanidad», añade.

De quien sí se ha ganado el favor la ministra es de la profesión enfermera, que ha celebrado que «por fin» se les ponga «al mismo nivel que médicos, odontólogos y podólogos» como «profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica», declaró ayer Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Oposición de la industria

Por otro lado, la industria farmacéutica al unísono también ha mostrado sus oposición a la nueva ley. En un comunicado sin precedentes enviado ayer y que firman todas las organizaciones que representan al sector en España, (Farmaindustria, la patronal de genéricos –Aeseg–, la de biosimilares –Biosim–, la patronal de medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos –Aelmhu–, la Asociación para el Autocuidado de la Salud –Anefp– y la Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina –Afaquim–), alertan de que «el sistema propuesto de regulación de precios de los medicamentos fuera de patente (denominado ‘de precios seleccionados’) pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y el tejido industrial farmacéutico en España».

Este nuevo modelo de selección de medicamentos contempla que, cada seis meses, Sanidad elegirá el medicamento o medicamentos más baratos de cada tipo (agrupación homogénea), que serán los que el SNS cubriría al 100% y los que se prescribirán.

De esta forma, si a un paciente le indican uno que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado, o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio.

Más problemas de suministro

Para el sector, este sistema «generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente, haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro», señalaron.

Por otro lado, manifestaron su asombro porque esta medida «no encaja» en la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre, «y conllevaría un impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento económico y del empleo en España, además de deteriorar el mantenimiento de una prestación sanitaria de calidad a la ciudadanía».

En la misma línea se manifestó el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (Cgcof) que señaló que «el nuevo modelo de subasta disminuiría la disponibilidad de medicamentos, provocando pérdidas de empleo y reducción del número de farmacias, que se verían directamente afectadas por la norma, lo que repercutiría en su calidad asistencial».

Su crítica resulta especialmente honesta porque, pese a que, como profesión, los farmacéuticos estarían viendo ampliada su capacidad para sustituir medicamentos con la nueva ley, «no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias», destacaron.

«Este nuevo sistema nos pone en el compromiso de sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente», explico Jesús Aguilar, presidente del Cgcof.

Barrios sin farmacia

Además, alertaron de que el nuevo sistema, al limitar los fármacos seleccionados, «reduciría drásticamente la disponibilidad de medicamentos en la farmacias y tendría un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia».

En este sentido se pronunció también Fedifar (Federación de Distribuidores Farmacéuticos), que consideró que establecer un modelo de precios seleccionados impactaría negativamente en toda la cadena del medicamento, y podría comprometer su disponibilidad para la población.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular denunció ayer «la actitud unilateral del Gobierno de Sánchez a aprobar el anteproyecto sin consultar ni tener en cuenta a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan y garantizan el acceso a los medicamentos dentro del SNS».