Para el Ministerio de Sanidad es una obligación actualizar la normativa que rige las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. De su desarrollo depende parte del desembolso de los próximos fondos europeos Next Generation nuestro país. Sin embargo, el primer borrador de Estatuto Marco publicado ha generado un profundo rechazo entre los médicos. Esta confrontación se convertía en crispación ante la negativa del Ministerio a negociar y las irresponsables declaraciones que ha realizado Mónica García, ministra de Sanidad, en las últimas semanas. Ante este escenario, se convocaba en Madrid una manifestación para ayer que, finalmente, ha sido pospuesta debido a las condiciones climatológicas. Esta no era una convocatoria cualquiera, sino un hito histórico por la unidad mostrada por facultativos de toda España. A sindicatos y colegios profesionales se adherían más de 20 sociedades científicas.

Entre otras medidas, el borrador plantea jornadas obligatorias de hasta 48 horas a la semana, que se mantengan las guardias obligatorias, que las horas de estas se remuneren por debajo de las de la jornada ordinaria y que no computen para la jubilación o que se establezca una exclusividad por la que los jefes de servicio no podrán trabajar a la vez en la pública y la privada. Estas propuestas suponen un mazazo para los médicos, los cuales, en las últimas décadas han visto cómo se recortaban sus derechos a la vez que se les imponían más obligaciones sin verse recompensadas.

Así las cosas, los médicos piden un estatuto que regule sus condiciones profesionales contemplando sus particularidades formativas –se necesitan once años de formación para ejercer en la sanidad pública y existen diferencias importantes en horarios, guardias y obligaciones con respecto a otras profesiones sanitarias– y garantice unas condiciones laborales dignas. Reclaman acabar con los contratos precarios, garantizar que el tiempo que trabajen más allá de su jornada sea voluntario y con incentivos, y actualizar los sueldos para que sean similares a los del resto de Europa, entre otras.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad rechaza esta petición. En su página web, argumenta: «Aprobar una norma solo para un grupo específico de profesionales rompería la cohesión del sistema y nos retrotraería a los años 70, cuando en vez de un Estatuto Marco había algo parecido a los actuales convenios colectivos de los diferentes profesionales. En el ámbito de la función pública no existen convenios colectivos específicos».

Este argumento, unido a las imprudentes declaraciones que ha ido realizando Mónica García en las últimas semanas, ha propiciado que el descontento haya ido en aumento y, con él, el aumento de voces contra este primer borrador y de apoyos para llevar a cabo la máxima presión.

Entre todas las sociedades científicas que han hecho público su posicionamiento se encuentra la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), que presenta a 46 sociedades científicas. Su presidenta, Cristina Avendaño, sostiene: «Somos conscientes de que los aspectos laborales son fundamentalmente competencia de las comunidades autónomas, pero queremos que este nuevo Estatuto Marco sea una herramienta que fije exigencias comunes, que aporte garantías para acabar con la precariedad laboral y los excesos de jornada y, en definitiva, que garantice las condiciones necesarias para mantener la excelencia profesional y la calidad de la atención al paciente en todo el SNS». Facme está recabando las aportaciones de sus 46 sociedades, con el fin de poder transmitir la visión de los profesionales y que esta se tenga en cuenta para mejorar la propuesta de nuevo Estatuto Marco.

En línea con estas palabras se ha manifestado también la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). «No queremos entrar en temas sindicales. Lo que defendemos es que la reforma reconozca el hecho diferencial que distingue a la profesión médica. Y es que, los médicos asumimos la máxima responsabilidad profesional y jurídica en el ejercicio de nuestras funciones y esto, junto con nuestra exigente y amplia formación continua en competencias clave, debe traducirse en el reconocimiento del liderazgo de los médicos en los equipos para asegurar la continuidad y excelencia del sistema sanitario a largo plazo», apunta José Polo, presidente de Semergen. El doctor añade que el reconocimiento también contribuiría a atraer y retener ese talento «tan necesario para garantizar el relevo generacional y la sostenibilidad del sistema».

Además, el presidente de Semergen reclama a Sanidad la necesidad de «legislar teniendo en cuenta a los legislados», es decir, pide al Ministerio «que deje de imponer» y defiende crear una mesa de negociación exclusivamente de médicos con el Ministerio. «Presentar una propuesta de texto sin ningún tipo de diálogo con interlocutores y sociedades científicas incita al rechazo, más aún cuando tratan de imponer su voluntad y se niegan a tener un diálogo. Súmale el hecho de que ha realizado declaraciones que no merecen ni siquiera respuesta. Una cosa es dialogar y otra es hacer demagogia», denuncia.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) también ha manifestado su desacuerdo y preocupación. «El hecho de no reconocer en el texto las particularidades de la profesión médica en lo que respecta a la formación, la responsabilidad y la exigencia debilita la carrera profesional y puede haber consecuencias negativas para la práctica de la Pediatría», sostiene Luis Carlos Blesa Baviera, presidente de la AEP. Entre estas consecuencias, apunta que «la limitación de los nombramientos interinos a tres años sin garantías de consolidación del empleo puede provocar la salida de profesionales formados y experimentados del sistema público y puede aumentar la sobrecarga de los médicos en activo en Pediatría dificultando su conciliación».

Y añade: «El anteproyecto no aborda la necesidad de mejorar las condiciones de las guardias médicas, fundamentales para garantizar la continuidad asistencial en Pediatría. Además, consideramos que, siempre que se cumpla con el trabajo público en horario y asistencia, los profesionales deben ser libres de trabajar en la privada. La restricción de compatibilizar el trabajo en el sistema público con la actividad privada puede dificultar la retención de médicos con alta especialización».

La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) no solo defiende que la profesión médica sea reconocida y valorada en el Estatuto con sus particularidades, sino que también reclama condiciones laborales dignas y una remuneración económica justa. «Entre las condiciones laborales, pedimos una estabilidad en el empleo con la seguridad jurídica adecuada, un límite razonable de jornada laboral y una regulación de las guardias que garantice el descanso y la conciliación familiar. En cuanto a la remuneración económica, solicitamos que esté en consonancia con la preparación profesional y la experiencia necesarias, con la responsabilidad de los actos médicos frente al paciente y la sociedad, y con los horarios en que se realiza la actividad asistencial», subraya su presidente, José Carmelo Albillos Merino.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se une a todas y cada una de estas reclamaciones. «No estamos pidiendo un trato especial, sino que se regule nuestra situación para que podamos tener una conciliación familiar y se reconozca nuestro esfuerzo. Y no queremos que se nos impongan medidas, pues estas no solo nos afectan a los que actualmente somos médicos, sino que tendrán su eco en futuras generaciones y en la retención de talento», apunta Pere Brescó, presidente de SEGO.

El doctor invita a Mónica García a poner el foco «en lo importante»: «Lo que debería hacer es procurar que nuestros profesionales tengan una formación continuada excelente y que, en el ámbito laboral, se sientan cuidados. Porque cuidando al médico, cuidamos al paciente».