Una juez ordena partir el piso de los abuelos en una sentencia de divorcio

Una juez de Sevilla ha dictado una sentencia de divorcio en la que ha ordenado dividir en dos una vivienda de forma que cada cónyuge se quede con una parte, pese a que el piso es propiedad de los padres del marido.

La juez de Familia 7 explica que el piso consta de 250 metros cuadrados que en realidad son dos viviendas unidas, por lo que con unas "mínimas obras de adaptación"puede quedar dividido en dos partes independientes, una con cuatro dormitorios y tres baños y la otra con tres dormitorios y dos baños.

El piso, situado en Sevilla, es propiedad en realidad de los padres del marido, pero la juez recoge que desde que hace un año la pareja decidió disolver su matrimonio no han tomado ninguna acción contra su nuera y dos nietas, que se quedaron en él, por lo que deduce que no desean desalojarlas.

La juez reconoce las "suspicacias que puede despertar inicialmente"esta decisión, pero llama la atención sobre los beneficios a largo plazo para las menores, de 6 y 7 años, dado que el padre tiene sus oficinas en los bajos del edificio y ello facilitará la relación con sus hijas.

La coincidencia en un portal común supone "un mal menor a la vista de la situación económica puesta de manifiesto por ambas partes", según la juez.

El padre deberá ejecutar a su costa las obras para independizar ambas viviendas y sin ese requisito no podrá ocupar la parte que quedará con tres dormitorios y dos baños, precisa la sentencia.

La juez basa su decisión en la "difícil situación económica"que ambos esposos manifiestan estar viviendo, a la vez que "hace un llamamiento"a la madre sobre los 7.135 euros mensuales que reclamó de pensión para sí misma y sus hijas para que puedan continuar con el nivel de vida que tenían hasta la fecha.

De ellos, mil euros serían para ella y 6.135 euros para sus dos hijas por conceptos tales como colegio, póliza sanitaria privada, uniformes, empleada doméstica, padel, vela, hípica y cuota del club social al que pertenecen.

Sin embargo, la sentencia establece únicamente 500 euros mensuales para cada niña, cantidad "ajustada a las verdaderas necesidades de dichas menores en atención al nivel de vida que hasta la fecha el propio demandado ha facilitado a sus hijas y sus posibilidades económicas acreditadas".

El padre también deberá pagar el colegio (1.093 euros mensuales en 2012) hasta que su esposa encuentre trabajo, en cuyo momento pasarán a abonarlo a partes iguales.

En cuanto a la madre, recibirá una pensión compensatoria de 650 euros durante el plazo de un año, teniendo en cuenta su dedicación a las niñas desde que se casó y dejó de trabajar porque el marido, "con una visión tradicional de la familia", la convenció de que "lo más adecuado era quedarse en el domicilio familiar al cuidado de las hijas".