martes, 30 agosto 2016
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España

España / El desafío independentista

Artur Mas «Nos atrevimos a tirar para adelante y completar la faena»

  • En su declaración como investigado ante el TSJ de Cataluña, Artur Mas reconoció que la Generalitat suministró «materiales y servicios» el 9-N. «Ahí no nos podemos esconder. Éramos impulsores del proceso»

  • «Nos jugábamos nuestro prestigio como país»

Recreación de la declaración como imputado de Artur Mas el 15 de octubre del pasado año en el Tribunal Superior de Cataluña por el 9-N
Recreación de la declaración como imputado de Artur Mas el 15 de octubre del pasado año en el Tribunal Superior de Cataluña por el 9-N
David García Vivancos

Artur Mas admitió ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le investiga por desobediencia, prevaricación y malversación por su papel en el 9-N que la Generalitat «colaboraba, informaba y proveía material y servicios» para la celebración de la consulta soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), aunque «no daba órdenes ni dictaba instrucciones». En su declaración como investigado del 15 de octubre del pasado año –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– el ex president catalán aseguró que, tras la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014 anulando el pseudoreferéndum, la organización se dejó en manos de voluntarios y «ante el éxito de participación (se apuntaron más de 40.000) nos atrevimos a tirar para adelante, a completar la faena que correspondía a la Administración».

Según contó (siempre en catalán) al instructor de la causa, el magistrado Joan Manuel Abril, su intención en todo momento fue «cumplir estrictamente» las resoluciones del TC, aunque algunas de sus respuestas parecían contradecir sus palabras. Mas reconoció lo que parecía evidente: la Generalitat cedió los institutos para que se celebrase la votación, no cerró la web habilitada para la consulta (no era posible técnicamente, precisó, y «la mantuvimos activa pero no se actualizó»), facilitó los ordenadores e incluso les instaló un software para que los voluntarios pudiesen inscribir a los votantes y, a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE)), organismo dependiente del Gobierno autonómico, suministró las urnas y las papeletas utilizadas el 9-N. «Sabía que el CIRE estaba colaborando, porque me había encontrado a su directora en alguna ocasión y me había dicho: “Oye, mira, estamos haciendo las urnas, estamos haciendo las papeletas”», explicó durante su hora y veinte minutos de comparecencia, en la que se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía –cuya actuación tildó de «absolutamente desproporcionada»– y de la acusación que ejerce Manos Limpias.

La Generalitat también se encargó de montar una carpa para los medios de comunicación, de enviar dípticos informativos a los ciudadanos y de poner a disposición de la consulta el Centro de Seguridad Informática para evitar ataques cibernéticos. «Se puso en riesgo el funcionamiento de servicios básicos», pretextó. «Quienes seguro que estaban ese día eran los mossos d´Esquadra –añadió–, pero no actuaban en la organización, sino ejerciendo su responsabilidad».

El ex president asumió ante el juez «toda la responsabilidad» en las decisiones que adoptó en esas jornadas la Generalitat (llegó a autoproclamarse como «el único responsable») e incluso reconoció que «si en algún momento se forzó un poco la situación» fue por el «inmovilismo» del Gobierno (al que se refirió con un genérico «los que pueden mover esos marcos legales o adecuarlos» para permitir la celebración del 9-N). Y es que Mas hizo hincapié en que el hecho de que el Ejecutivo central tardase dos semanas en recurrir al Constitucional tras la suspensión del decreto de convocatoria (lo que calificó de «mofa pública») permitió «todo el trabajo de preparación que correspondía a la Generalitat» hasta que el TC acordó el 4 de noviembre la nueva suspensión, a instancias del Gobierno («que pasó de la mofa pública al abuso de poder»).

«Me declaro el máximo responsable»

El político catalán comenzó y cerró su comparecencia con sendos alegatos políticos. El primero, de más de cinco minutos, lo traía escrito, y empezó definiendo el 9-N como la «consecuencia de una evidente iniciativa institucional y política y de una intensa implicación y ejecución ciudadana». «Por una acción como ésta –se quejó– se debería comparecer delante de un Parlamento, nunca ante un tribunal y menos en una causa penal». «Me declaro el máximo responsable –subrayó– de haber tomado la iniciativa política, de haber ideado y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N».

Mas también se declaró responsable de «haber escuchado a centenares de miles de personas», al 90% de los ayuntamientos de Cataluña, de haber obedecido «varias resoluciones del Parlament» y de haber dado «voz y voto a los ciudadanos». «No entiendo que por haber actuado así tenga que declarar delante de un tribunal de justicia a consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado, impuesta en contra del criterio de nueve fiscales de la Junta de Fiscales de Cataluña». «Ustedes deberán juzgar si comportarse como un demócrata equivale a actuar como un delincuente», concluyó.

«La consulta se diseñó para ser ejecutada por la Generalitat»

«La consulta se había diseñado para ser ejecutada por la Administración de la Generalitat», declaró, pero a partir de la suspensión acordada por el TC «cambió el formato» y la Generalitat «dejó de ser responsable de la ejecución» de la consulta, «que pasaba a manos de los voluntarios». «Ya no se habla –subrayó– ni de consulta, sino de proceso de participación ciudadana».

«Las disensiones fueron muy grandes»

A principios de octubre de 2014, dijo Mas, «ya era imposible celebrar la consulta» porque, añadió, «yo y el Govern habíamos tomado la decisión de no celebrarla en los términos acordados en el decreto», lo que según reconoció «provocó un conflicto entre las fuerzas políticas catalanas» del frente soberanista. «Las disensiones entre aplicar o no el decreto fueron muy grandes», recordó. «Yo asumí la responsabilidad de aplicar la suspensión del Tribunal Constitucional, porque además no podía poner a la Generalitat en una situación de indefensión y de peligro». «Sin los voluntarios no se hubiese hecho el 9-N, imposible, porque la Administración no podía hacerlo, entre otras cosas porque yo lo había decidido así, pese al cacao político que provocó esta decisión».

«Algunos actos ya no se podían suspender»

Mas no ahorró reproches al TC. Se quejó, por ejemplo, de que en la comunicación de la suspensión no se detallasen «los efectos legales que podía tener el incumplimiento», dado la «complicación» que suponía la orden del TC, «no sólo desde el punto de vista administrativo, sino de impacto social». Eso llevó a la Generalitat, dijo, a pedir al Constitucional que aclarase qué actos «debían suspenderse, porque algunos ya no se podían suspender», entre ellos la página web.

«Tenía que tomar decisiones políticas»

«De los que podían actuar, no actuaba ninguno», se escudó el ex president (que citó al TC, a la Abogacía y a jueces y fiscales), quien aseguró que, un día antes del 9-N, «cuando estaba todo el dispositivo en marcha», Rajoy dijo «que no era ni un referéndum ni una consulta y que no tenía efecto alguno». «Si el que presenta el recurso y provoca la suspensión, el día antes, con todo montado y organizado, dice que la consulta no tiene efecto alguno, entonces el presidente de la Generalitat, viendo que ninguno actúa, tampoco actuó». «Yo tenía que tomar decisiones políticas».

«Si no tiene efecto alguno, dejemos que la gente participe»

«Ninguna autoridad pública, pudiendo hacerlo, actuó ese día –volvió a insistir–. ¿Por qué el principal promotor, que era yo, tenía que actuar como único ejecutor cuando ninguno estaba actuando? Yo era uno de los principales defensores políticos del 9-N y los principales detractores decían que eso no era nada, que no tenía efecto alguno. Pues si no tiene efecto alguno, dejemos que la gente participe».

«La Generalitat proveyó materiales y servicios»

«Es evidente que la Generalitat proveyó materiales y servicios. Ahí no nos podemos esconder, porque éramos impulsores de este proceso. Estaban las sedes donde se iba a celebrar el proceso participativo, los institutos, que dependen de la conselleria de Educación». El Gobierno autonómico, admitió, «se hace responsable de la provisión de este tipo de material, de este tipo de servicios».

«La voluntad de suministrar los locales es de la Generalitat»

El instructor le recordó una entrevista concedida a Jordi Évole en La Sexta en la que se definió como «el único responsable» de la cesión de centros públicos como pseudocolegios electorales. «La voluntad de suministrar esos locales es evidente que es de la Generalitat –contestó Mas–. Los voluntarios no son los propietarios, es la Generalitat, otra cosa es quién administraba esos locales. Los voluntarios, eso es verdad, pero no es de ellos, son de la Administración».

«No quiero que se deriven responsabilidades»

«Yo no quiero que se atribuyan responsabilidades más allá de mí mismo. Yo soy el máximo responsable de muchas cosas, el único de algunas y corresponsable de otras. La única de la que me hago corresponsable, conjuntamente con el Govern, es de cuando suspendimos el decreto del 27 de septiembre tras la decisión del TC. Del resto me hago máximo responsable, o responsable o único responsable y no quiero que se deriven responsabilidades”.

«La web iba asignando funciones a los voluntarios»

A preguntas del instructor, Mas aseguró que los voluntarios se inscribían en la web habilitada por la Generalitat sin ninguna intervención de ésta. «Incorporaba una serie de algoritmos de manera que, sin ninguna decisión de ninguna autoridad pública, iba seleccionando los perfiles de los que se iban inscribiendo y, en función de esos perfiles sociológicos, académicos, de edad, les iban asignando, o proponiendo, funciones de cara al día 9 de noviembre».

«Los ordenadores eran para las escuelas, pero se suministraron para el 9-N»

Los ordenadores del 9-N, contó el ex president, «eran para las escuelas, un programa de equipamiento que ya estaba previsto para las escuelas de Cataluña y, en un momento determinado, se suministraron y se utilizaron efectivamente para la consulta, pero su destino no era la consulta, sino el funcionamiento ordinario de las escuelas, como así ha sido». «Nosotros estamos intervenidos por todos lados –se quejó–. No podemos gastar nada sin todos los informes necesarios y sin el filtro del interventor». Tras la consulta, añadió, la Generalitat tuvo incluso que «cambiar el programa de los ordenadores» para que «pudiesen funcionar en las escuelas».

«Nos estábamos jugando nuestro prestigio como país»

«O sea –quiso saber el magistrado–, que estos ordenadores se suministran también con un software preparado». «Claro», contesta Mas, «para que los voluntarios que estaban en los locales pudiesen inscribir a los que iban a participar evitando el doble voto». «Nuestra principal preocupación –reconoció–, y la de los voluntarios también, era hacer algo serio porque nos estábamos jugando nuestro prestigio como país».

«Los voluntarios nos pedían información, eso es real»

El ex president –que dijo no conocer el coste del 9-N para las arcas autonómicas–, negó que responsables de la Generalitat asistiesen a los voluntarios por si se producían incidencias, pero reconoció que «durante la semana nos pedían información de material, de servicios, eso es real».

«Había tantos periodistas que se decidió montar una carpa»

El instructor del TSJ de Cataluña le recordó que el departamento de Gobernación firmó con el Centro de Iniciativas para la Reinserción tres convenios para el suministro de urnas y papeletas, el último tras la segunda suspensión acordada por el TC. «No lo sabía, pero me parece lógico porque suministraban material».

«¿La decisión de montar una carpa para hacer el seguimiento de la jornada del 9-N fue suya?», quiso saber el magistrado. Mas la achacó al departamento de Presidencia. «Había tantos periodistas acreditados –justificó– que era imposible hacerlo en el Palacio de la Generalitat, por tanto se decidió por los servicios técnicos, del departamento de Presidencia y del gabinete de comunicación, hacerlo allá».

«Sé que se enviaron dípticos, pero no cómo se hizo»

Juez: «El Registro de Población de Cataluña se utilizó, creo que por el departamento de Presidencia, para a través de una empresa, Unipost, enviar dípticos informativos a los domicilios. ¿Eso lo conoce? ¿Sabe que se firmó un convenio?».

Mas: «Sé que se enviaron estos dípticos, pero no cómo se hizo, no tengo ni idea».

Juez: «Se lo digo porque no sé si sabe que existieron denuncias ante la autoridad catalana de protección de datos contra el departamento de la Generalitat y se incoaron una serie de expedientes».

Mas: «No me constan esas denuncias. No le sé precisar más. Para nosotros la protección de datos es esencial (...). Me sorprendería mucho que en este tema hubiese habido cualquier tipo de extralimitación».

Juez: «Lo que sí no son tareas de voluntarios es esta campaña de enviar dípticos, que los voluntarios no lo envían, supongo...».

Mas: «Si esto es anterior al 4 de noviembre, que no lo sé...».

Juez: «No, hay algunos que...».

Mas: «Podían recibirse el día 5 o el 6 y haberse enviado el día 2. Eso pasa muchas veces. Eso no depende de nosotros, sino del funcionamiento de los servicios de correos, de las mensajerías, etc».

«Había voluntarios que podían ser funcionarios»

Mas: «¿No había ningún responsable de la Generalitat que resolviese posibles incidencias o dudas?».

Mas: «No. Donde se resolvían las dudas era entre los voluntarios. Había voluntarios que podían ser funcionarios públicos y conocían perfectamente la materia, aunque el trabajo que hacían era como voluntarios».

«La web la mantuvimos activa, pero no se actualizó»

Mas reconoció que, tras la orden de suspensión del TC, la web «la mantuvimos activa, pero no se actualizó desde la suspensión. La mantuvimos porque estaba por todos lados y en muchos servidores. Aunque la hubiésemos anulado no hubiese servido para nada».

«Supongo que la Generalitat sí pagó el seguro de los voluntarios»

Juez: «Lo que sí se hizo por la Generalitat fue el pago de los seguros de los voluntarios».

Mas: «Supongo».

Juez: «Y lo que no me ha quedado claro es si la distribución del material a los centros lo hizo el CIRE o los voluntarios».

Mas: «No, yo creo que fueron los voluntarios, aunque no se lo puedo decir con absoluta precisión, igual que fueron los que devolvieron, por ejemplo, los ordenadores con los sobres de participación a las sedes que se habían predeterminado, según me explicaron, en sus propios medios de transporte, porque el material que habían estado utilizando no era de ellos, sino de la Administración».

«Los ataques informáticos pusieron en riesgo los servicios básicos»

Juez: «Cuando el 9 de noviembre la vicepresidenta le informa de que todo el operativo funciona, pero que hay muchos ataques a la red informática. Esos ataques sí que no los controlaban los voluntarios».

Mas: «La información que yo tengo es ésa. Habría que comprobarlo exactamente, pero hay algunos servicios de la Generalitat que funcionan 24 horas y uno de ellos es el Centro de Seguridad Informática, que por otro lado es bastante de sentido común. Aquel día hubo un pico tremendo de ataques informáticos para intentar abortar el funcionamiento del sistema y se puso en riesgo el funcionamiento de servicios básicos. Cuando se pone en peligro eso no se está poniendo en peligro una jornada de participación».

«Si se forzó un poco fue porque nos encontramos con un bloqueo total»

Mas aprovechó el ofrecimiento del instructor para hacer un alegato final, eminentemente político. «No escondo ninguna responsabilidad desde el punto de vista institucional y político. Las asumo todas. Lo he dicho desde el primer día». «Mi voluntad, no sólo ese día sino durante todo el proceso –añadió– ha sido obsesivamente dar cumplimiento a una voluntad muy mayoritaria del pueblo de Cataluña dentro de marcos legales. Si en algún momento se forzó un poco la situación fue para que los que pueden mover estos marcos legales, o adecuarlos, se moviesen de su inmovilismo». «Eso no es la consulta que algún día tendremos que hacer para dar cumplimiento a las aspiraciones que tenemos como país», continuó.

«Había un anhelo democrático, de ejercer el derecho a decidir, que los responsables políticos teníamos que canalizar. Y, desgraciadamente, nos encontramos con un bloqueo total de aquellos con quien nosotros teníamos que pactar los mejores marcos posibles para dar salida a ese anhelo democrático».

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