El Sáhara y España: medio siglo de renuncias

Estos días se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde y de la salida de España del Sáhara Occidental. Marruecos tiene doble motivo de celebración en este aniversario. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Donald Trump entre bambalinas, ha regalado a Mohamed VI las palabras que la monarquía alauí lleva medio siglo esperando oír: aquellas que encarrilan la solución del conflicto saharaui hacia una única vía posible, la de convertirlo en una autonomía dentro del Reino de Marruecos.

Desde 1886, España se ha comprometido en repetidas ocasiones a salvaguardar los derechos de ese territorio y de sus habitantes. Y desde entonces, los saharauis han tenido motivos para sentirse decepcionados por la actuación de la administración española.

La entrada de nuestro país en la ONU implicó la obligación de someterse a la normativa internacional sobre descolonización. Pocos años antes, el descubrimiento de importantes yacimientos había despertado el interés –nunca mejor dicho– por este territorio. Franco intentó frenar las reclamaciones de Marruecos y de la propia ONU proclamando al Sáhara como una provincia más. Paradójicamente, fue en ese momento, en el que debíamos descolonizar el territorio, cuando comenzó su verdadera colonización, con una mayor presencia militar y administrativa destinada a facilitar la explotación de recursos y el control de una población que hasta entonces era mayoritariamente nómada.

La denominada provincia 53 vivió el final del franquismo de una manera distinta al resto. Mientras en la Península se vislumbraba la posibilidad de alcanzar la democracia con el dictador en sus últimos días, allí se temía que ese momento fuera aprovechado por Marruecos para aplastar cualquier opción de que el Sáhara pudiera decidir su futuro y convertirlo en parte del reino marroquí, como finalmente ocurrió.

El Gobierno de Franco negociaba con Naciones Unidas la creación de una administración temporal hasta que los saharauis decidieran su destino, pero al mismo tiempo pactaba con Marruecos la entrega de puestos fronterizos y preparaba su retirada.

Muchos de los que entonces servían en la administración o en el ejército todavía se sienten, en cierto modo, culpables de haberlos abandonado a su suerte, aunque solo podían acatar decisiones ajenas.

Hassan II, a quien no se le podía negar audacia, aprovechó la oportunidad que le ofrecía una dictadura ya débil y con un gobierno dividido ante el problema saharaui.

Décadas después, Mohamed VI –que no parece haber heredado las cualidades de su padre– hizo lo mismo con Pedro Sánchez.

En marzo de 2022, un gobierno, elegido en las urnas, con un parlamento al que rendir cuentas y una oposición con la que debería al menos debatir una decisión de tal calado en política exterior, dio un giro de 180º y apoyó la propuesta marroquí de convertir el Sáhara en una región autónoma.

Un acuerdo que, tres años después, aún no se sabe con certeza qué lo motivó. Aquella carta, escrita por el presidente del Gobierno, pero hecha pública por Rabat, dio pie a una serie de especulaciones en las que España no salió bien parada. Nuestro país volvió a mostrarse débil ante Marruecos, que decidió los tiempos y la forma de anunciar que había ganado un importante valedor para su posición. Los intereses españoles quedaron supeditados a los del país vecino, abriendo una grave crisis con Argelia y dejando al pie de los caballos al Frente Polisario.

La resolución del Consejo de Seguridad de hace unos días cierra casi definitivamente la puerta a un posible referéndum o proceso de negociación en el que los saharauis pudieran al menos definir

el marco de ese eventual gobierno autonómico. Curiosamente, las posiciones de Donald Trump, Mohamed VI y Pedro Sánchez aparecen alineadas, y solo Argelia estaría negociando obtener ciertas garantías si finalmente

se consolida el escenario aprobado en dicha reso-lución.

Marruecos es un país prioritario en nuestras relaciones exteriores. El control de las fronteras y los acuerdos pesqueros son asuntos muy sensibles para nuestra seguridad y economía. Pero también tenemos una deuda histórica con el Sáhara Occidental, cuyo saldo negativo ha aumentado con el ejecutivo actual.

Hoy, este cambio de postura nos deja con pocas cartas para influir o favorecer un acuerdo que alcance unos mínimos aceptables para un pueblo que lleva cincuenta años esperando un desenlace «justo» a sus aspiraciones, tanto para quienes permanecieron allí tras la Marcha Verde como para los que huyeron y viven en un exilio forzado en Argelia soñando con regresar.

En estos tiempos en que las calles de España se llenan de defensores de una Palestina libre, con huelgas estudiantiles y debates en las aulas, me pregunto cuántos de nuestros jóvenes conocen esta parte de nuestra historia y son capaces de conectarla con la actualidad.

Quizá algunos llegarían a sentir remordimientos similares a los que experimentaron, hace cinco décadas, quienes en el ocaso de una dictadura ni siquiera podían salir a la calle para protestar.

Ana Losada es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe