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Los clubes de cannabis, en tierra de nadie

Sobreviven en el limbo legal, no tienen amparo alguno de regulación, salvo la que ellos se imponen a partir de sentencias judiciales que no aclaran si su actividad es ilegal o no

  • Club privado de consumo de cannabis en Madrid
    Club privado de consumo de cannabis en Madrid
Ignacio Díaz Gayoso.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

23 de julio de 2017. 14:35h

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Sobreviven en el limbo legal, no tienen amparo alguno de regulación, salvo la que ellos se imponen a partir de sentencias judiciales que no aclaran si su actividad es ilegal o no. Son los clubes de cannabis, locales donde se adquiere marihuana con un acceso restringido de socios y un autocultivo controlado.

Estos clubes se aferran como a un clavo ardiendo a los estrechos resquicios legales que la jurisprudencia española da a esta actividad, como la ley que regula el derecho a asociación o la permisividad al consumo privado y autocultivo de marihuana.

"La ley lo que prohíbe es el consumo en el ámbito público. Nos reunimos en un local, como si te reúnes en un garaje con tus amigos", defiende Carlos de la Fuente, secretario de la asociación sevillana Sevikanna, que, con sus 1.000 socios, forma parte desde 2014 de los más de 35 clubes de cannabis repartidos por Andalucía.

Sin embargo, es difícil fijar una cifra oficial del número de clubes. Muchos son clandestinos, otros pertenecen a alguna asociación nacional o regional y otros "van por libre".

El perfil de socio varía también enormemente, desde el joven que consume de forma lúdica hasta enfermos de cáncer, ciegos, o ancianos que "no pueden siquiera venir y mandan a alguien", afirma De la Fuente, que añade que el rango de edad está entre 21 y 70 años.

Al no haber regulación clara al respecto, cada asociación se toma la justicia a su manera. "Estamos expuestos a la política y a la justicia", afirma Javier Puig, miembro de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), que asegura que esta situación les ha empujado a la autorregulación.

Así se explica que muchas se rijan por un "protocolo de buenas prácticas", como prohibir la entrada a menores de edad, limitar el acceso a residentes de la zona para evitar "el turismo cannábico", establecer un consumo máximo permitido por persona y día, o hacer que un perito agrícola compruebe la calidad del cultivo.

Seguir estas normas supone para muchos un colchón ante posibles represalias legales. El presidente de la asociación Anandamida de Córdoba, Patricio Soria, declara que, a sus 54 años, no quiere "ir a la cárcel", y por eso en su club, de unas 30 personas, todos cumplen, aunque cree que la mayoría de asociaciones cerrarían si entrara un juez de instrucción o la policía.

"Nos perjudican los que lo hacen mal", se queja Soria, que afirma que muchas son usadas como tapaderas del narcotráfico o no controlan quienes entran y salen del local.

En ese sentido, en los últimos meses han sido varias las iniciativas en parlamentos autonómicos que han tratado de regularizar estos clubes.

En Andalucía por ejemplo, se dio luz verde a instar al Gobierno central a que regule el cultivo con fines medicinales, lo que dejó fuera al uso terapéutico y recreativo, dos de los empleos más recurrentes de los socios de estas asociaciones.

Patricio Soria ve que estas iniciativas son "pequeños triunfos locales" que no son suficientes y "marean la perdiz", y defiende que "hay que ir al nacional", ya que las comunidades autónomas no pueden modificar un Código Penal que tiene al cannabis "satanizado".

Javier Puig, por el contrario, aboga por continuar reivindicando mediante ordenanzas municipales e iniciativas parlamentarias ya que "nos dan cierta legitimidad y son medidas de presión para Madrid -dice-".

El cannabis sigue siendo la droga ilegal que más se consume en Europa, y España es uno de los países con más demanda, donde el 15 % de los jóvenes la ha probado alguna vez, según datos del Observatorio Europeo de Drogas de 2017.

Con esta perspectiva, desde los clubes ven inevitable la regularización, que no la legalización total, como se hace con el alcohol o las armas, para sacar ventaja al narcotráfico y obtener beneficios fiscales, siguiendo el modelo implantado en Uruguay, donde esta semana entró en vigor la legalización de compra de marihuana en farmacias y donde los clubes cannábicos están permitidos en su totalidad.

"Esto es como una casa. Una casa de 1.000 personas", declaran desde Sevikanna. Mientras, continúan su lucha por sacar al cannabis de tierra de nadie.

Ignacio Díaz Gayoso/Efe

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