Denuncian acciones contra fiscalía anticorrupción en Guatemala

(AP). Más de 75 organizaciones de la sociedad civil de Guatemala denunciaron el viernes acciones de la Fiscal General del país tendientes a debilitar un organismo de investigación que ha desbaratado decenas de organizaciones criminales y de corrupción en la nación centroamericana.

Las organizaciones enumeraron actuaciones ordenadas por la fiscal general Consuelo Porras que según aseguran debilitan el actuar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en “los casos más complejos contra las personas más poderosas y peligrosas del país”, señalaron en una nota de prensa.

“Esto provoca consternación de parte de las organizaciones de la sociedad civil porque se percibe que la dirigencia del Ministerio Público forma parte activa de la estrategia de regresión democrática que vive el país”, dijeron.

La semana pasada, se conoció que asesores de Porras le aconsejaron retirarle a FECI la investigación sobre una presunta conspiración contra el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) supuestamente iniciada desde el Ejecutivo.

El caso del IGSS había avanzado y FECI pidió informes al Ejecutivo, pero Leyla Lemus, de la Secretaría General de la Presidencia, se quejó con Porras por las solicitudes de información que negó entregar a fiscales, algo que podría ser un delito, por lo que Porras en lugar de actuar contra Lemus optó por retirarle el caso a los fiscales, denunciaron las organizaciones.

Los asesores también le aconsejaron a Porras sancionar a los fiscales por solicitar información a Presidencia.

En otro caso, la fiscal Porras sancionó a investigadores de la fiscalía de Asuntos Internos por haber cerrado una investigación contra fiscales de FECI al no encontrar delitos. Un juez investigado por corrupción había denunciado a los fiscales por abuso de autoridad.

La Fiscal General también le retiró parte de la investigación del llamado caso La Línea, considerado emblemático en la lucha anticorrupción e investigado por FECI contra la cúpula del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, acusado y encarcelado por corrupción en 2015.

Sobre los señalamientos la oficina de comunicación de Porras dijo que no hay ninguna intención de debilitar el trabajo de la FECI y que se han realizado acciones que fortalecen su labor.

“La población puede tener confianza que la lucha contra la corrupción e impunidad continúa y el MP (Ministerio Público) siempre actúa en el marco de la ley y la Constitución Política de la República”, dijo Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución.