El Salvador: Justicia investiga acceso a pruebas de masacre

El juez a cargo del caso de la masacre de “El Mozote” en 1981, pidió que investigue si el presidente, Nayib Bukele, y el ministro de Defensa, cometieron algún delito al bloquear las inspecciones

AME505. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 09/02/2020.- Un Militar hace guardia este domingo en el interior del Salón Azul del Palacio Legislativo, en San Salvador (El Salvador). Bukele ingresó este domingo al Parlamento, custodiado por militares y policías, algunos de los cuales también ingresaron al recinto, para dar inicio a una sesión extraordinaria sobre un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, pero la asamblea no pudo ser posible para la falta de cuórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84. "Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución", señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria. EFE/ Miguel LemusMiguel LemusEFE

(AP). El juez salvadoreño a cargo del caso de la masacre de “El Mozote”, en el que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981, pidió el lunes al Ministerio Público que investigue si el presidente, Nayib Bukele, y el ministro de Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy, cometieron algún delito al bloquear las inspecciones judiciales de los archivos militares.

La resolución del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, también pide que se investigue la posible sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar. Eso incumpliría las medidas cautelares que protegían los documentos.

Pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró que las inspecciones de los archivos militares son legales, la fuerza armada impidió el acceso de los investigadores a las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerzas Armada y a cinco guarniciones militares señaladas de participar en la Masacre de El Mozote, la más grande documentada en la historia reciente de América Latina, para buscar evidencias que puedan ayudar al esclarecimiento del caso.

Los abogados David Morales y Wilfredo Medrano, que participan en el juicio como querellantes en representación de las víctimas, solicitaron al juez Guzmán que notificara a la Fiscalía para que indague si al impedir las inspecciones “se ha incurrido por acción u omisión en el cometimiento de delitos”.

Guzmán pidió que se investigue si el presidente Bukele y el ministro de Defensa, “quienes supuestamente ordenaron denegar el acceso a los archivos militares, y se investigue si se ha incurrido en delito, en la sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar”.

En cumplimiento de una orden judicial, el gobierno salvadoreño entregó al tribunal de justicia los archivos desclasificados relacionados con la matanza, pero los abogados querellantes denunciaron que al verificar el contenido “resulta que se trata de la misma documentación que se ha remitido” en el gobierno anterior ante peticiones de informes.

Cuando Bukele informó que había ordenado la búsqueda de los archivos explicó que verificaron que muchos fueron destruidos en los casi 40 años trascurridos desde la matanza.

“Yo he desclasificado todo lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote. No estamos escondiendo ni media página, la historia nos dará la razón”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia, los soldados entraron a El Mozote y lugares aledaños en busca de guerrilleros, pero mataron a civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley General de Amnistía promovida por el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Nadie ha sido condenado por el suceso. Más de tres décadas después de la matanza, el juez Guzmán reabrió la investigación y ha procesado a un grupo de militares retirados, que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil que concluyó con los acuerdos de paz de 1992.