Los agricultores reclaman rebajas en los costes laborales para afrontar el salario mínimo

La subida del salario mínimo ha producido una cadena de reacciones en contra en toda España. Las voces que se han elevado provienen de la patronal, pero también de sindicatos como el SAT, que dudan de los beneficios de una medida a la que los detractores achacan el estancamiento en la creación de empleo.

En Andalucía, los más beligerantes están siendo los agricultores, que ven en el último incremento del 5,5% aprobado por el Gobierno, que lo sitúa en los 950 euros, la «gota que colma el vaso de nuestra paciencia». En total, el salario bruto son 13.300 euros brutos al año, por lo que el coste laboral supera los 1.400 euros –incluyendo las pagas extras–.

El Gobierno lo ha subido en el último año un 25%, sin repercutirlo en otras medidas sociales que contribuyan a mejorar la vida. «Este incremento no ha tenido un impacto significativo –ni positivo ni negativo– en el empleo», asegura José Manuel Cansino, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, aunque tampoco lo habría reducido. Otra cosa es lo que deja entrever la última encuesta de población activa (EPA), donde se refleja que la creación de empleo ha frenado el ritmo que acumulaba.

Esta nueva subida obliga a hacer comparaciones con las medidas sociales del Gobierno. Un ejemplo son las pensiones, donde la mínima ni siquiera está cerca del SMI, al estar fijada en 835 euros. con cónyuge a cargo y 677 euros si no se tiene cónyuge Las dificultades para los pensionistas en Andalucía son mayores que en el resto de España. La de jubilación es la única cuya cuantía media se situó por encima del salario mínimo, ya que estaba en 1.031 euros al cierre de diciembre. Las pensiones de viudedad (665 de media) y orfandad (384 euros) son las más bajas, mientras que la de incapacidad permanente llega a los 904 euros de media, ya que las cuantías mínimas están muy por debajo. Otro argumento en contra es el IPREM, la base que sirve para calcular las ayudas sociales, que sigue estancado en 537 euros al mes. Los Presupuestos de 2019 reflejaban una subida del 2% que no se materializó al no aprobarse las cuentas. Este año podría incrementarse, pero los 7.680 euros al año brutos seguirían estando muy lejos del salario mínimo.

«Los datos reales no dicen que el SMI haya provocado un aumento en el número de desempleados o destruido empleos. Otra cosa sería mentira. También sería falta de rigor decir que esta última oleada de la EPA hay que atribuirla a la subida del SMI, eso tampoco es correcto, porque hay otros efectos que se han producido al mismo tiempo como la desaceleración de la economía», apunta Cansino. Sin embargo, el Gobierno ingresará más al subir las bases de cotizaciones obligatorias. Desde Asaja Sevilla opinan que la regulación no es necesaria porque las tablas salariales se revisan periódicamente. En concreto, se ha aprobado recientemente un aumento del 1,25% en el convenio del campo de Sevilla, que afecta a unas 120.000 personas, el de mayor amplitud en España.

En 2019, el alza del SMI ya generó gran controversia debido a que muchos convenios colectivos establecían tablas salariales por debajo del salario mínimo.

Para Felipe Gayoso, asesor laboral de Asaja Sevilla, «el salario mínimo es la gota que ha colmado el vaso, pero tenemos muchas cosas: el conflicto de los aranceles, el Brexit, los productos de terceros países que perjudican a los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y la caída de precios». Una larga lista de obstáculos a los que se han sumado la sequía y las recientes inundaciones. «Cuando tienes toda esta ristra de problemas esto vienen a rebosar el vaso de la paciencia del agricultor», insistió. «La agricultura no puede hacer frente a esta subida descomunal del salario mínimo, pero sobre todo pensamos que se está quebrando la buena fe contractual de los convenios, que negociamos en cada provincia. Esto nos pone a los pies de los caballos», asegura. En este sentido, advierte de que «ya está habiendo repercusión: hay una desaparición de trabajadores y de empleadores, porque la subida de los costes laborales es inasumible. Un agricultor con un cultivo social que genere mucha mano de obra tenderá a desaparecer y se impondrán los cultivos y la recolección mecanizada». A falta la publicación de datos oficiales, desde la asociación señalan las cifras facilitadas por la administraciones competentes apuntarían a una pérdida de entre diez y doce mil empleos en solo en Sevilla en el campo. «Después hablan de que les preocupa el despoblamiento, y con este tipo de medidas van a provocar más despoblamiento», lamentó. En Asaja son consientes de lo «impopular» de cargar contra una subida que, a priori, beneficia a los trabajadores de las categorías más bajas. «Seguimos esperando que se acuerden del sector, que el campo existe, que es necesario y queremos que haya una compensación, una reducción de cotizaciones», detalló el portavoz, que plantea «medidas de apoyo como una tarifa plana similar a la de los autónomos o una reducción para que al agricultor le suponga un respiro».