Un 28F “crucial” contra la desigualdad

Moreno critica «el trato claramente privilegiado» del Gobierno de Sánchez a Torra y el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Avisa de que Andalucía no renunciará a ninguna vía, ni política, ni judicial ni social, para defender la soberanía nacional

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El ecosistema territorial español está alterado. A pocos días del 40 aniversario del 28 de febrero de 1980, día que tuvo lugar el referéndum de autonomía de la comunidad, los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta se desplazaron ayer a Coria del Río, en Sevilla, para celebrar su habitual encuentro semanal. Se reunieron en el actual Museo de la Autonomía, la antes «casa de la alegría», según la bautizó Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza, y desde allí la celebración se mezcló con la reivindicación. El Ejecutivo regional aprobó una declaración institucional con motivo del 28F, en la que se miraba atrás para recordar que hace cuatro décadas los andaluces se movilizaron «con una firmeza y unidad sin precedentes para expresar, mediante los instrumentos democráticos establecidos por la Constitución española de 1978, su voluntad irrenunciable de ocupar el lugar que le correspondía entre las comunidades históricas de la nación española». Según expuso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con ella pretendían «invocar el espíritu de la concordia y el entendimiento que dieron lugar» a la Carta Magna y el de «defensa de la igualdad entre españoles», aquello por lo que «los andaluces alzaron la voz en 1980». Desde ahí, el popular aseguró en rueda de prensa tras la cita con sus consejeros que invitaban a «mirar hacia adelante», pero también a «hacer una reflexión sobre la dinámica disgregadora que en el plano nacional fomentan actualmente la tensión y la discordia». A juicio de Moreno, este 28F se aproxima en «un momento crucial para España». «Ha querido la ‘fortuna’», ironizó, que «la aprobación de esta declaración institucional coincida con la constitución de una mesa bilateral de negociación entre el Estado y Cataluña» a la que desde el Gobierno autonómico se muestran contrarios. El presidente andaluz defendió que su sola creación «supone una cesión y un privilegio por parte del Estado a los dirigentes independentistas que ya han señalado que llevarán a ese foro el debate sobre la autodeterminación o lo que es lo mismo, la independencia de una parte de nuestro territorio», sostuvo. El Ejecutivo regional mantiene que la «bilateralidad» de las comunidades con el Estado debe reservarse a «la resolución de conflictos políticos dentro de la Constitución», marco en el que no cabría lo que sucede con Cataluña, dado que Moreno lo encuadra en una cuestión de «legalidad» que además ya se «ha resuelto en los tribunales que han dictado la inhabilitación de Torra –Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña–», quien, «está recibiendo un trato claramente privilegiado» por parte del Gobierno de la Nación, según Moreno.

El máximo dirigente del Ejecutivo autonómico trasladó a quien quisiera oírlo la «profunda preocupación» que su equipo tiene por «la quiebra del principio de igualdad entre españoles», dado que al asunto catalán, se le ha sumado ahora el anuncio del traspaso al País Vasco de «la gestión de la Seguridad Social». Una decisión que en la Junta interpretan como una «parte del precio» que «el conjunto de los españoles» tiene que pagar por «la sostenibilidad del Gobierno de Sánchez».

El popular, quien estuvo acompañado delante de la pizarra en la que se anotaron los resultados del histórico referéndum por el vicepresidente andaluz, Juan Marín, hizo hincapié en la «profunda grieta» que ese nuevo movimiento abre «en la caja única» con la que los españoles tienen «garantizadas» sus pensiones «bajo la premisa de las solidaridad interterritorial» que, anotó, es «fundamental en la cohesión de un país». El presidente regional aseveró que el nuevo movimiento del Gobierno que comanda Sánchez busca «romper un equilibrio en el que se fundamenta» el sistema en vigor y «socavar» el «proyecto común que es España y el principio de la igualdad entre sus ciudadanos», martilleó.

Frente a los «privilegios» que reclaman los independentistas, dijo, desde Andalucía se llama al «espíritu de la concordia de la Transición que hizo posible un gran acuerdo entre todos los españoles en el marco de la Constitución», insistió. Aunque, advirtió luego, en un disparo en ráfaga en el que casi se atropellan las palabras, que, «si alguien pretende liquidarlo», tendrá que saber que la llama del 28F de 1980 no se ha apagado. «La fuerza de Andalucía para hacer oír su voz como entonces sigue viva», proclamó Moreno. «La defensa de la igualdad y la soberanía nacional es para nosotros algo más que una convicción y una obligación legal», hilvanó, «es una responsabilidad que vamos a asumir con absoluta determinación». Y hubo otro aviso a navegantes: la comunidad «no va a renunciar a ninguna vía, ni a la política, ni a la judicial ni a la social» para hacerlo.

Junto a la voladura de pilares, al Ejecutivo autonómico le preocupa «la actitud de hostigamiento y maltrato» que, según sus miembros, el Gobierno de Sánchez muestra hacia Andalucía. «Mi obligación es denunciarlo sin paños calientes», se justificó Moreno, para señalar como «ejemplo más palmario» de ello «la prohibición» de que la comunidad «acuda a los mercados para obtener financiación por el incumplimiento del objetivo de déficit y la regla de deuda y gasto de 2018». Para la Junta, la región debe desarrollar y afianzar su «papel protagonista», desde la «lealtad», pero también la exigencia».