Cuatro años para gastar el doble de fondos europeos que en los seis anteriores

Los fondos europeos, esas dos palabras que simbolizan para Andalucía miles de millones de euros cada año, podrían dejar de llegar con la «alegría» que lo han hecho hasta ahora. Si se hacen cuentas, el papel de región a la cola de Europa convertía a la comunidad en una de las principales receptoras de ese dinero, fundamental para contribuir al desarrollo de las zonas rurales o para impulsar el empleo en sectores especialmente tocados por el paro, como los mayores de 45 y los menores de 30 años.

Sobre el papel, la comunidad ha recibido unos cien mil millones en treinta años. Para el último período establecido, se consignaron 8.015 millones. La Unión Europea (UE) contempla un límite temporal de siete años (2014-2020) para gastar y justificar esas ayudas, que suponen un 80% de la financiación de los distintos proyectos –el resto es de financiación propia–. Transcurridos los primeros cinco años, el resultado es que se han certificado 2.500 millones, quedando pendientes 5.500. Esto supone que en el año restante y los tres «de gracia» que concede la UE para justificar gastos en cada período la Junta tendría que aplicar un ritmo de 1.375 millones anuales o incluso por encima porque 2023 sería la fecha límite para que todos los gastos estuvieran correctamente justificados. Es decir, que en menos tiempo tendría que gastar el doble de dinero.

Según datos facilitados por la Dirección General de Fondos Europeos a LA RAZÓN, hasta a 31 de diciembre de 2018 quedaban 6.502 millones pendientes de certificar ante la UE. La Junta hace la distinción porque fue en enero de 2019 cuando entró el nuevo Gobierno de PP y Cs. De febrero a diciembre de 2019 se certificaron 1.003 millones. Si se alude a la ejecución (fondos invertidos pendientes de certificar por la UE), las cifras son más elevadas: 3.594 millones en los cinco primeros años, a un ritmo los cuatro primeros de 585 millones anuales, que en el último ejercicio aumentó hasta los 1.214 millones.

El principal escollo de los fondos europeos es que los requisitos suelen ser muy específicos, provocando en ocasiones la renuncia a la ayuda por parte de los beneficiarios por la tardanza en pagarse o por la imposibilidad de mantener las exigencias que contemplan las bases. Un ejemplo son las ayudas a agricultores jóvenes: de las 300 que se dieron en 2015, más de la mitad de los receptores renunciaron a ellas, según corrobora el «Informe de ejecución anual 2018 del Fondo Social Europeo». Ocurre lo mismo con los incentivos regionales a empresas: desde 1988 han optado a dos mil millones en subvenciones. La mitad de las que recibieron incentivos renunciaron o finalmente no cumplieron los requisitos exigidos y no pudieron beneficiarse.

Las evaluaciones periódicas de los programas vienen alertando de las dificultades para cumplir. El más afectado es el eje 2C dedicado a promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Su pobre avance en 2018 recomendaba reprogramarlo y destinar los 21 millones a otras medidas, dejando sin aplicación el objetivo de inclusión social y laboral de drogodependientes y mujeres en riesgo de exclusión. Este programa es un ejemplo de las iniciativas que engloban los tres principales bloques presupuestarios comunitarios: el FSE, FEADER y FEDER suman 7.700 millones entre ayudas y fondos propios. Del fondo social europeo (FSE), se han gastado 250 millones de los 1.299 presupuestados (1.039 si solo se contempla la aportación comunitaria). Aquí se recogen partidas para inclusión social o empleo sostenible y de calidad. En total, el gasto en los tres programas principales de los fondos UE es a febrero de 1.971 millones de los 6.139 millones previstos para el período que finaliza este año, según datos oficiales publicados por el Gobierno. Quedarían por ejecutar 4.168 millones en los próximos cuatro años, según al regla n+3. Este punto también podría modificarse en el próximo período 2021-2027, con el consiguiente perjuicio para la comunidad. La Consejería de Economía ha advertido de ello. La previsión es que «el nuevo marco financiero se cierre en el segundo semestre del año, bajo presidencia alemana», por lo que considera «muy aventurado hacer previsiones sobre posibles reducciones del presupuesto así como de su impacto en Andalucía». Sobre el cambio en los plazos de justificación de fondos, De Paz señala que «Andalucía está en contra de la reducción de la regla n+3 porque haría la ejecución de fondos mucho más complicada, lo que dificultará la absorción de los fondos, así como el diseño de las políticas, que deberían orientarse en ese caso a acciones más inmediatas, pero de peor incidencia en la transformación de la realidad andaluza».