El “mal contacto” de las administraciones con los abogados de oficio durante la pandemia

“Es como si el cable del Estado siempre hiciera mal contacto con nosotros”, lamenta J. S. R. uno de los abogados de oficio que se la ha jugado, en su caso en Málaga, al haber seguido “peleando por el indispensable derecho de defensa” que tienen los ciudadanos, pese al riesgo de contraer el coronavirus y de contagiar a su familia. Asegura que desde la administraciones los han dejado “abandonados a su suerte” durante días y que ha sido el Colegio de Abogados malagueño el que ha “comprado mascarillas y guantes para los letrados”, dadas las carencias de esos elementos existentes en algunos centros de detención y en los juzgados, además de impulsar otra serie de medidas como “la asunción o la suspensión de cuotas, o la creación de un fondo” para ayudar a los que más lo necesiten.

R. P. M. relata desde Jaén que el martes 17 de marzo, decretado ya el Estado de alarma que ha confinado al país, se celebró “un juicio penal que tenía de oficio” al que tuvo que acudir con uno de “esos guantes transparentes que se utilizan en los supermercados” para coger la fruta, por ejemplo. También en esa provincia ha sido el colegio el que se ha movilizado para lograr material de protección frente al coronavirus, con relativo éxito. Mientras, cada cual “se ha buscado la vida”. La semana que viene le toca un día de guardia en el ámbito de la violencia de género y no sabe con qué se encontrará. De momento, nadie le ha facilitado nada.

En Sevilla apuntan al colegio de abogados de nuevo como el organismo en el que han buscado “amparo” para aplacar miedos e intentar mantener el servicio público que prestan, a juicio de varios letrados, “esencial”. Aunque las fuentes consultadas admiten a LA RAZÓN en este punto que ya “se realizan por videoconferencia las declaraciones inevitables cuando se produce una detención”. Desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, transmiten a este periódico que esto fue una recomendación del ministerio del ramo dirigida a evitar contagios y que hoy Andalucía "está en condiciones de poder hacerlo en todas las provincias, porque las sedes judiciales tienen sistemas de videoconferencia”. Pero, se necesita también que la Policía o la Guardia Civil cuente con espacios y dispositivos para realizar esas conexiones telemáticas y creen que se estarán “organizando” en función de los recursos con los que cuenten en cada sitio.

En relación a las mascarillas, fuentes de la consejería explican que “se hizo una petición a Ministerio de Sanidad, llegaron y se repartieron, pero no fueron suficientes”, por lo que la Junta hizo su propia compra a China “de más de 100.000 mascarillas, 6.000 unidades de 500 mililitros de gel hidroalcohólico y 530 mamparas de metacrilato para colocarlas en los puntos de atención al público y separar a los funcionarios judiciales de los ciudadanos”.

Se actúa contra reloj en un mundo inesperado, aunque hay previsiones a las que agarrarse que se mantienen. El vicepresidente andaluz y consejero de Justicia, entre otras áreas, Juan Marín, ha anunciado esta mañana que el pago del cuarto trimestre de 2019 del turno de oficio y asistencia a detenidos se materializará el “15 de abril”, la fecha en la que se habían “comprometido”. Aunque luego, desde su consejería se ha señalado que se han consignado hoy mismo 12,6 millones de euros para abonar a los colegios de abogados y procuradores por la prestación de ese servicio de asistencia jurídica gratuita, una cuantía que deberían recibirán la próxima semana.

El “número dos” del Ejecutivo autonómico ha garantizado, además, que han sido trasladados a las sedes judiciales de la región “100.000 equipos de protección” junto a “1.000 litros de hidroalcoholes”. Revuelto el ambiente por la espera, es previsible que las reclamaciones no cesen.