El Gobierno promete mejorar los trenes de cercanía en Cataluña será en "dos o tres años": Andalucía tendrá que esperar

Quita de deuda, financiación singular a la carta y ahora una «Renfe catalana» con el compromiso de mejorar «sustancialmente» el servicio de trenes en Cataluña en un plazo de «dos o tres años», según dijo ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Se trata de tres acuerdos exclusivos entre el Gobierno de España y Cataluña que, a falta de que se cumplan, colocan a la comunidad catalana en una situación de privilegio con respecto al resto de autonomías. Esas cesiones deberá explicarlas la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya que ponen en riesgo su campaña en Andalucía.

Lo que el Consejo de Ministros aprobó ayer fue la constitución de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya S.M.E., S.A., la cual será la encargada de operar el servicio de cercanías y regionales de Cataluña. La nueva sociedad mercantil, cuyo domicilio social estará ubicado en Cataluña, estará constituida por la Generalitat en un 49,9% y por Renfe Viajeros SA en un 50,1% y contará con un capital inicial de 2 millones de euros. Será el grupo Renfe el encargado de aportar todos los medios necesarios para la prestación del servicio, con la asignación de material, instalaciones, bienes e inmuebles, derechos, obligaciones y relaciones jurídicas. Su consejo de administración tendrá cuatro miembros propuestos por el Estado y cinco propuestos por la Generalitat, entre los que se elegirá la presidencia, por lo que el control será del Gobierno catalán.

Pero más allá de la constitución formal de una sociedad compartida, el acuerdo político entre el PSOE y ERC es más extenso. El denominado Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030 –que así se llama el servicio de Cercanías– incluye una inversión de 6.345 millones por parte del Gobierno de España del que ya se han ejecutado algunas partidas.

Por ejemplo, el texto del acuerdo incluye traspasar «a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, que se cifra en 132.723.044 euros, fuera de los servicios acordados en el traspaso»; que el Ministerio asuma el coste de líneas como la de Lleida a Manresa; o el traspaso de la titularidad de la infraestructura ferroviaria en la que los servicios prestados sean de forma exclusiva titularidad de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General; o una «calendarización anual de las actuaciones e inversiones infraestructurales previstas en el Plan de Rodalies de Catalunya, así como de otras actuaciones que resulten necesarias para la reposición de activos y mejora de las prestaciones de la infraestructura, en términos de capacidad, funcionalidad o calidad».

En definitiva, el planteamiento es que la gestión sea de la Generalitat pero el grueso de los recursos los aporte el Gobierno, lo que vuelve a situar a Cataluña en una situación privilegiada con respecto al resto, incluida Andalucía.

De hecho, en diciembre de 2023, el presidente Juanma Moreno se mostró dispuesto a asumir la gestión de las cercanías de Renfe siempre y cuando el Gobierno, previamente, aportara 6.000 millones de euros –una cantidad similar a la comprometida en Cataluña–. Esa propuesta no obtuvo respuesta y ahora el Gobierno de Salvador Illa va camino de disponer de una «Renfe catalana».