Funcionarios recuerdan a la Junta que “tiene la obligación" de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores

El solo anuncio de la vuelta a la circulación masiva ha sido la semilla de multitud de reacciones. En el ámbito de la comunidad, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha remitido un escrito a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior en el que sostiene que la Junta “debería ser un ejemplo a la hora de tomar medidas, muy especialmente cuando es precisamente ésta”, la que “puede llegar a sancionar a las empresas privadas” por no hacerlo para “contener los contagios” por Covid-19.

El SAF lamenta que el Ejecutivo regional haya comenzado a plantear la reincorporación progresiva de los trabajadores públicos, pese a “la falta de información, de consulta y de participación” de los representantes de esos empleados y a la escasez de “medios materiales y humanos” en el “sufrido servicio de Prevención propio”. Los funcionarios de esa organización recuerdan a la consejería que, “a nivel normativo”, de acuerdo a lo fijado en el “artículo 14 de la Ley 31/95”, es “el empresario, en esta ocasión la Administración General de la Junta de Andalucía”, el que “tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio”. Desde ese dibujo de situación exige al Gobierno autonómico en su escrito, fechado ayer y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que se aborde el regreso de los trabajadores públicos “en Mesa Sectorial para que “no se hurte” a su sindicato "el derecho a ser escuchados, más aún teniendo en cuenta” que es el “mayoritario de funcionarios” en la órbita de la Administración General regional. Advierte de que “pretender tratar este tema en la Mesa General o en otros foros, constituye un nuevo atentado más contra la libertad sindical. que en ningún caso debería verse afectada por la declaración del Estado de alarma y sus sucesivas prórrogas”.

Desde el SAF reclaman, además, que “se planifiquen y adopten las medidas preventivas urgentes necesarias para evitar el contagio por coronavirus, en tanto en cuanto no se descubra una vacuna efectiva”, se siga “utilizando el teletrabajo como medida organizativa” para disminuir el riesgo de acumular positivos y se incrementen de forma urgente “los efectivos de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales que, desgraciadamente” y a pesar de sus “constantes denuncias”, continúan, dicen, “bajo mínimos y en algunos casos sin cubrir”. Pretenden, que se les dote de “mayor número de asesores técnicos” de nivel superior e intermedio con el fin de “evitar que el servicio de prevención propio se pudiera llegar a ver desbordado por la situación y de paso cumplir, por fin, con la normativa básica al respecto”.

Instan a la Junta también a aprobar “un procedimiento específico, coordinado con Salud Pública, para que, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se informe y se haga un seguimiento a los funcionarios y al resto del personal que estén en contacto con un caso de Covid-19 en su entorno laboral”, en especial cuando “haya atención al público”.

Por último, el SAF demanda que “se convoquen con carácter urgente todos los Comités de Seguridad y Salud”, los cuales, de forma “inexplicable”, a juicio de esta organización sindical, no se han reunido, “a pesar de haberlo solicitado desde hace ya más de un mes”.

Fuentes de la Consejería de Presidencia apuntan a este periódico que, “de momento”, el desconfinamiento “sólo afecta a altos cargos y eventuales” de los servicios esenciales y que, “en ningún caso se va a reincorporar ningún empleado público o funcionario antes del día 26 o de las sucesivas prórrogas del Estado de alarma” que pudieran producirse. Añaden que, “todo se va a tratar tanto en Mesa General, como en las sectoriales y en la comisión del convenio correspondiente”.