Andalucía

El Ejecutivo andaluz, dispuesto a negociar con el Gobierno de Sánchez su decreto de simplificación para evitar el recurso al TC

Marín anuncia que la norma volverá al Parlamento regional para incrementar las “garantías jurídicas”

Fotografía facilitada por la Junta de Andalucía de su presidente, Juanma Moreno, junto al vicepresidente, Juan Marín, y los consejeros de Presidencia, Hacienda y Salud, Elías Bendodo, Juan Bravo y Jesús Aguirre, respectivamente, durante la reunión del gabinete de crisis de hoy
Fotografía facilitada por la Junta de Andalucía de su presidente, Juanma Moreno, junto al vicepresidente, Juan Marín, y los consejeros de Presidencia, Hacienda y Salud, Elías Bendodo, Juan Bravo y Jesús Aguirre, respectivamente, durante la reunión del gabinete de crisis de hoyJesús MorónAgencia EFE

Tras rastrear las marcas de la norma, el Gobierno de España va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía de la Junta que modificó 21 leyes y otros seis decretos. Así se ha decidido en el Consejo de Ministros, tras un dictamen favorable del Consejo de Estado. Si bien, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Juan Marín, ha querido “agradecerle” que haya dado luz verde “al 95%” de la norma, al limitar su actuación contra dos cuestiones: “Una que afecta al patrimonio histórico”, en concreto a las reformas en los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y otra “en materia de comunicación”, al entender que la Junta no podía realizar los cambios hechos por esa vía. “Eso es sólo lo que el Gobierno de España lleva al Tribunal Constitucional (TC), al resto le da su beneplácito”, ha subrayado.

Desde esa perspectiva, Marín ha lamentado el anuncio realizado hoy por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Jiménez Barrios, de que ese partido, de la mano de 50 senadores, recurrirá el decreto ley al Constitucional, lo que podría también paralizarlo. Para intentar neutralizar ese movimiento, Marín ha avanzado que, “pese a no ser necesario”, porque ya tiene el visto bueno de la Diputación Permanente, la norma volverá a la Cámara autonómica para su debate y aprobación con el fin de otorgarle “más garantías jurídicas” cuando se recupere la actividad parlamentaria normal. Ello significa que si algún partido quiere presentar enmiendas al texto “para mejorarlo”, pueda hacerlo. “Una vez más el PSOE-A se equivoca de estrategia”, ha mantenido el vicepresidente, para afearle a los socialistas lo que considera “un ataque a los intereses de los andaluces”.

Al margen de esa vuelta al Parlamento, el Ejecutivo andaluz está dispuesto a negociar con el Gobierno de España “las enmiendas que ha presentado” a los dos puntos mencionados. “Estamos convencidos de que va a entender cuál es el objeto de este Decreto: crear empleo y riqueza, que Andalucía pueda crecer, y más en una situación como ésta”, ha argumentado Marín. Será el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, el encargado de ponerse en contacto con Madrid para plantearle ese diálogo y el que esperará la respuesta. “Hay muchos empresarios andaluces que se están beneficiando de ese decreto”, ha deslizado el vicepresidente autonómico.