La Fiscalía Superior de Andalucía investigará la denuncia de UGT sobre anomalías en las mascarillas

No quería que se les prestara sólo una atención distraída y la Federación de Servicios Públicos (FeSP) del sindicato UGT-A decidió elevar a la Fiscalía Superior de Andalucía lo ocurrido con los equipos de protección individual (EPI) y las mascarillas en la comunidad, desde las que se repartieron entre los profesionales sanitarios sin testar, a las que les llegaron a través de donaciones “sin controlar”, o las caducadas desde 2014.

“Queremos que se investigue si ha habido algún tipo de dejadez en el control de los suministros que se han hecho llegar a los centros y a los profesionales, o si alguien ha cometido algún tipo de irregularidad", avanzó a LA RAZÓN hace días Antonio Macías, responsable de Sanidad del sindicato a nivel autonómico. Y se hará.

La organización sindical buscaba que el Ministerio Público abriera diligencias informativas para averiguar si el relato de lo actuado en torno a los mencionados elementos faciales que le detallaron había supuesto “no sólo la puesta en riesgo de la salud de los profesionales sanitarios”, sino que también hubiera “podido determinar contagios entre dicho personal” ante la posibilidad de que “la seguridad de que los medios de protección entregados habían sido testados por las autoridades competentes”, no fuera real, según constaba en la denuncia, que fue presentada de manera telemática. Varias fuentes han asegurado hoy a este periódico que la Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido incoar esas diligencias de investigación y analizará el dibujo de situación que les hizo llegar el sindicato.

Desde casi los primeros compases de la pandemia, el goteo de advertencias sobre anomalías en las mascarillas de trabajadores y fuentes sindicales no ha cesado. La última fue ayer y se centró en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.