UGT pedirá a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue lo sucedido con las mascarillas en la comunidad

Buscan saber si se han cerrado los ojos ante reglas propias o si la incompetencia o algún interés ha cegado a alguien. El sindicato UGT-A prepara un escrito que trasladará a la Fiscalía Superior de Andalucía para que se analice lo sucedido con los equipos de protección individual (EPI) y las mascarillas en la comunidad, desde las que se entregaron a los profesionales sanitarios sin testar, a las que les llegaron a través de donaciones “sin controlar”; como a las caducadas desde hace seis años. Así se lo ha confirmado hoy a LA RAZÓN Antonio Macías, responsable de Sanidad del sindicato a nivel autonómico.

“Queremos que se investigue si ha habido algún tipo de dejadez en el control de los suministros que se han hecho llegar a los centros y a los profesionales, o si alguien ha cometido algún tipo de irregularidad", concreta el responsable sindical. Entienden que en los límites de una pandemia que ha sacudido fuerte y con furia, “algún lote puede estar defectuoso” y ser retirado, pero “es que no ha sido uno ni dos, como mínimo ya van cinco” entre las unidades “caducadas” repartidas en el área sanitaria de la Axarquía malagueña, "las que han dado problemas y las donadas”, ha lamentado Macías.

Y recalca: “Son miles y miles y queremos saber si ha existido algún tipo de irregularidad, si hay alguien que ha metido la pata, para que asuma su responsabilidad política”, condensa. De momento, consideran que se ha traspasado la delgada línea que separa una óptima gestión de otra que no lo es en ese ámbito, lo que a juicio de UGT-A, evidencia el hecho de que “la semana pasada el número de sanitarios afectados” por el coronavirus “superara los 8.000”, distribuidos de forma desigual por los ocho territorios provinciales que componen el puzle de la comunidad. “No sabemos hasta dónde alcanzará hoy la cifra”, añade Macías, para coser rápido que, en cualquier caso, el dato “ya es escandaloso”.

En ese escenario, el sindicato ha optado por que sea “un organismo oficial como es la Fiscalía”, el que determine si hay que apuntar “al ministerio -de Sanidad-", a “la consejería -de Salud, de la Junta-”, o dónde considere oportuno. Así se lo están pidiendo, asegura Macías, “los profesionales” cercados por el Covid-19.