El ex consejero Fernández no se benefició de la prejubilación financiada por la Junta a despedidos de González Byass

A veces hay que repensar. La Audiencia de Sevilla lo ha hecho para corregirse a sí misma. Ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía para pulverizar una de las principales losas que pesan sobre el ex titular andaluz de Empleo Antonio Fernández: la de que se benefició de un expediente de regulación de empleo (ERE) subvencionado presuntamente de forma fraudulenta.

En un auto, fechado el pasado 7 de mayo y consultado por LA RAZÓN, el tribunal provincial recuerda que el pasado agosto acordó seguir las actuaciones contra el ex consejero “en la consideración de que había sido beneficiario del ERE” de la mercantil Gonzalez Byas. Una decisión que se adoptó, explican los magistrados, “tras la remisión por el juzgado de Instrucción de las pólizas suscritas” en las que Fernández “aparecía como trabajador afectado y beneficiario por haber prestado servicios” en dicha empresa. Si bien, tras examinar la documentación remitida por el representante procesal del ex alto cargo de la Junta, Alfonso Martínez del Hoyo, y de repasar la causa, han llegado a la conclusión de que no fue “beneficiario de la póliza, al no haber suscrito el boletín de adhesión” y de que “no ha percibido ninguna cantidad de la compañía Generali España”, como ha adelantado Diario de Sevilla. Basan su giro de criterio en el contenido de un par de cartas y el de un certificado.

La primera misiva está datada el 30 de junio de 2011 y se envió a Uniter Banco Vitalicio con la rúbrica del ex titular de Empleo. De acuerdo a lo expuesto ahora por la Audiencia, en ella se evidencia que, aunque éste “figuraba como beneficiario asegurado de la póliza 830.190.001.936”, no suscribió “el boletín de adhesión”, por lo que ésta no generó “derechos a su favor” y no se le ha pagado nada. Por lo que respecta a la segunda, de marzo de 2011, fue remitida por una asociación de antiguos trabajadores a Generali Seguros para trasladarles que, en efecto, Fernández no estaba en la póliza de la que la entidad era tomadora, ni era socio de la misma. Es más, cursaron también un burofax en el que el señalado dejaba constancia de “su renuncia expresa y definitiva a cualquier clase de derechos que pudieran corresponderle de la mencionada póliza”.

Fue el apoderado de la aseguradora el que emitió el certificado en junio de 2011 y con él se ratifica que el ex cargo del Gobierno andaluz no había “percibido ninguna cantidad de dicha compañía con cargo” a la polémica póliza y que no se encontraba en la lista de agraciados.

Agarrados a esa documentación los magistrados de la Sección Séptima del tribunal provincial afirman ser conscientes en la actualidad de que Fernández no cobró nada ligado a aquel ERE, por lo que no procede seguir actuación alguna contra él y lo excluye de la pieza en la que se analizan las ayudas a los ex trabajadores de la sociedad bodeguera.

Una resolución firme

Contra el auto no cabe recurso y el abogado del ex consejero ha admitido a este periódico que la desgranada resolución judicial tiene “una especial significación” para él pues “su contenido coincide con la máxima aspiración y deseo” de su cliente y “supone una cierta reparación moral del daño inconmensurable que se le hizo cuando en 2012 se propaló a los cuatro vientos la falacia de que él se había beneficiado personalmente de la prejubilación financiada por la Junta a los trabajadores despedidos de la empresa González Byass, en la cual había trabajado años antes”.

“Aquella falsedad quedó lamentablemente inscrita en el imaginario colectivo con el carácter de verdad inmutable”, ha lamentado el letrado, para celebrar luego que, aunque ocho años después, haya llegado una resolución judicial, que “es firme” y deja claro que “nada de eso era cierto, sino falso”. Su representado “no fue beneficiario ni jamás cobró un céntimo de esa póliza de prejubilación”, ha recalcado, para coser: “Lo que realmente ocurrió y ahora queda demostrado es que en 2008 se produjo el despido forzoso de 94 trabajadores de una determinada franja de edad, entre ellos Fernández, que en aquel momento era consejero de Empleo y estaba en situación de excedencia forzosa en la empresa”. De ellos, 93 sí formalizaron su condición de asegurados en la póliza y empezaron a cobrar rentas de prejubilación, pero su cliente “jamás lo hizo”.

“Desgraciadamente no hay vuelta atrás y nada puede ya compensar el sufrimiento que le infirió esta afrenta gratuita e injusta a su honorabilidad personal" ha insistido, para matizar que al menos el reciente auto “pone las cosas en su sitio” y a “todo el mundo en su lugar”. Fernández “no se aprovechó del cargo para el propio beneficio, por lo cual nada tiene que reprocharse moralmente” en ese sentido, ha mantenido el abogado, quien invita a la sociedad en general, y a los medios en particular, a hacer “una seria reflexión sobre la grave trascendencia y efectos de los juicios paralelos y de la demonización del ciudadano al que luego la Justicia exculpa de hechos deshonrosos”.

El ex titular de Empleo fue enviado a prisión por la instructora primigenia del “caso ERE”, la jueza Mercedes Alaya, siendo el único investigado al que se le privó de libertad en los límites de la investigación en ese proceso, junto al ex director de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.