“Caso Aznalcóllar": acusan a la denunciante de dilatar la causa para “especular” en el mercado con la expectativa de ser la titular de la mina

El destino de uno implicaba de algún modo al de otros. Los participantes en el concurso por el que la Junta de Andalucía adjudicó en 2015 la mina sevillana de Aznalcóllar están conectados por una causa judicial en la que se han gastado ya cinco años y que ha provocado un cruce de escritos durante la pandemia. Al último, arbolado por la representación procesal de una de las empresas perdedoras, Emerita Resources, responde ahora la de Minorbis -adjudicataria del yacimiento junto a Grupo México- que acusa a la anterior de haber planteado dudas, “huérfanas de todo sustento técnico-pericial” casi en el epílogo del caso. Pero no se queda ahí. En un rotundo escrito de 38 páginas, el abogado Juan Carlos Alférez plantea que el proyecto que presentó Emerita era “absolutamente irreal e inviable” y que esta empresa “carece de la más mínima solvencia económica y técnica para hacerse cargo” de la mina de Aznalcóllar.

Acusa a la mercantil de pretender mantener abiertas las diligencias “con una finalidad meramente especulativa”. “Emérita es conocedora de que nunca podría explotar los derechos mineros de Aznalcóllar y, por tanto, todo indica que no necesita, ni quiere, obtener la anulación del concurso, sino mantener las dudas sobre él”, se asevera en el escrito al que tuvo acceso LA RAZÓN. ¿Con qué fin querría alargar la causa? “Sostener en el mercado que tiene una expectativa de llegar a ser la titular de los derechos mineros”, “negociar” con esa idea, de acuerdo a la tesis que se ha elevado al juzgado.

El letrado insiste en que la sociedad perdedora “sabe que jamás podría cumplir con lo ofertado" ni “invertir” los 656,38 millones de euros que anunció que destinaría al yacimiento sevillano. Tampoco le valdría “escudarse” en su “supuesta pertenencia” a un grupo minero extranjero, ya que, según Minorbis, éste “no existe”. “La matriz de Emérita es una sociedad canadiense” con el mismo “presidente y uno de los administradores”, se apunta en el nuevo escrito judicial, y que “también presenta serios problemas de solvencia”. Una “mala situación financiera”, a la que se suma, avisa al juzgado, que “ni Emérita ni su matriz canadiense han explotado nunca ningún yacimiento minero”. Ello “no solamente evidencia que carecen de solvencia técnica alguna para hacerse cargo de un proyecto de la envergadura técnica de Aznalcóllar, sino que también impacta directamente en su capacidad para generar ingresos”, insiste el abogado.

Emerita y su matriz “se limitan a comerciar con derechos mineros”, recalca. E hilvana: “La inversión es mínima en comparación con lo que se requiere para explotar una mina y, sin embargo, puede, presuntamente, lucrarse especulando con la posibilidad de que haya buen mineral dentro de los derechos mineros con los que comercie”. En corto, una supuesta “reventa de los derechos mineros” sería su actividad especulativa.

En el texto judicial consultado por este periódico se aportan numerosos datos ligados a las finanzas de la empresa que no logró hacerse con Aznalcóllar y se afirma que, entre otros, “incumple de lejos el requisito de tener 196 millones de euros en fondos propios”, el 30 por ciento del valor total de su proyecto; o el de contar con “una cifra de negocios superior al triple del presupuesto”, dado que “lo cierto es que nunca ha tenido actividad productiva”. Es más, sus números son negativos, de acuerdo a lo trasladado al órgano judicial, y “su volumen de negocio es inexistente”, a lo que hay que añadir que “Emérita no tiene ni un solo derecho minero inscrito a su favor en el catastro”. “En este contexto, no es creíble que la misma empresa que no ha explotado ni un solo proyecto minero en su historia y que ni siquiera ha sido capaz de presentar una fianza por valor de apenas 12.500 euros”, se desliza, “pretenda desarrollar un proyecto valorado por ella misma en más de 650 millones de euros en Aznalcóllar”.

“Retorcimiento” de hechos y datos técnicos

El abogado de Minorbis rebate la obesa hiperactividad judicial del contrario y sus argumentos sobre la inviabilidad del proyecto que presentó al concurso y que desarrolla en la práctica la entidad Minera Los Frailes, para terminar asegurando que el último escrito de Emérita era “absolutamente improcedente.” “El retorcimiento de los hechos y de los datos técnicos” que acumulaba, encaminados a dibujar “unos hechos ilusorios y una realidad inventada", merece "un severo reproche”, llega a lanzar.

Martillea con una idea: el único fin es “mantener estas diligencias abiertas ‘sine die’ porque ello le permite, presuntamente, a su vez, mantener una expectativa en el mercado sobre la posibilidad de llegar a ser adjudicataria de los derechos mineros de Aznalcóllar”. Entiende el abogado de Minorbis que “todas las pruebas instadas por las acusaciones” desde ese supuesto “ánimo dilatorio”, ni aportan nada nuevo al proceso ni se ciñen al marco de la investigación penal ni su inadmisión, que pide, provocará “la menor indefensión" a nadie al estar la “cuestión que pretenden discutir” sobradamente analizada en autos. Por el momento, hay un nuevo punto, ¿será final o seguido?