Avisan al juzgado de que el proyecto minero de Aznalcóllar “compromete la integridad" de Doñana

En la mina de Aznalcóllar colusionaron intereses que provocaron una causa judicial que se resiste a perder aire. Emerita Resources, una de las empresas perdedoras del concurso en el que la Junta de Andalucía, entonces comandada aún por el PSOE-A, adjudicó el yacimiento en 2015, ha presentado un nuevo escrito al juzgado instructor, el número 3 de Sevilla, en que se advierte de que el proyecto de Minera Los Frailes, la empresa que opera en la mina aunque no aspiró a hacerlo en el proceso público de selección, “compromete la integridad del corredor ecológico del Guadiamar y del espacio natural de Doñana”, aunque era una “circunstancia prohibida por las bases del concurso”. A lo que se suma que la sociedad, “plantea actualmente vertido a dominio público hidráulico de sustancias peligrosas para las aguas subterráneas, por ejemplo el cadmio” o, dicho de otro modo, elementos “altamente contaminantes, con el grave riesgo que ello supone para el medio ambiente y las personas”, según se asevera en el documento judicial fechado ayer y al que tuvo acceso LA RAZÓN.

La representación procesal de Emerita dedica un amplio espacio de su escrito, de 23 páginas, al apartado del agua y defiende que “el proyecto del consorcio Minorbis-Grupo México -los adjudicatarios teóricos del yacimiento- era una gran falacia, algo irrealizable y patentemente erróneo”, si bien, pese a ello, “los investigados, en lugar de cumplir con su deber y descalificarlo”, le asignaron la mina. Se agarra a una documentación aportada recientemente por Ecologistas en Acción, personada en la causa, para aseverar que ésta “corrobora que el proyecto ganador del concurso, no cumplía los requisitos elementales para algo tan importante como el tratamiento de las aguas altamente contaminadas”. “Tal es así”, se une, “que la empresa que actualmente posee de facto la mina -Minera Los Fariles-, no sólo ha presentado” otro plan “nuevo y diferente”, sino que éste tampoco “cumple con los requisitos” fijados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), avisa al juzgado.

“La propia Minera Los Frailes ha descartado el fantasioso proyecto original, elaborando otro que en algunos casos, copia al de Emérita, a pesar de que en sede judicial, tanto aquí como ante el TSJA -Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, se lo ha tratado de desacreditar diciendo que era peor que el de Minorbis-Grupo México”, sostienen desde la entidad que pretendía explotar Aznalcóllar. Insisten en que el plan primigenio era “imposible, una simple ficción con el que pasar el trámite del concurso, para luego hacer lo que se quisiese” y en que esto “no pudo pasar desapercibido a los técnicos de la mesa del concurso ni de la comisión técnica”. “Los investigados, todos ellos expertos en sus campos respectivos” ignoraron las “evidentes deficiencias y prefirieron un proyecto imposible y peligroso, frente a otro al que, por cierto, ahora se copia por quien pretende explotar la mina”, dispara con balas de oratoria jurídica.

Desde ahí, Emerita se adhiere a las peticiones armadas antes por los ecologistas y demanda al juzgado que “se requiera al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir” para que aporte “copia autentificada del expediente de solicitud de vertido de Minera los Frailes al río Guadiamar” y que se le cite a declarar como testigo, así como al jefe de Calidad de Aguas de esa entidad. Se agrega, asimismo, a lo planteado por la sociedad Andalucía Mining en un escrito del pasado 17 de abril en relación a que se dirigiera oficio a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada para que ésta aportara una “copia testimoniada” de una comisión rogatoria y de “la totalidad de las diligencias que sobre la misma se hubieran practicado”.

“Esta parte, principal interesada en la rápida conclusión del pleito”, se lanza en el texto de Emerita en alusión a las críticas de Minorbis sobre la intención de algunos de extender el proceso innecesariamente ya recogidas por este periódico, “no considera que la celebración de estas diligencias, cuya necesidad y pertinencia resultan evidentes, pueda provocar una dilación extraordinaria en los presentes autos”. Y lo desmenuzan: “La remisión de la documentación no precisa más que la voluntad del funcionario competente de la CHG para enviarla y las declaraciones de dos testigos no parece que presenten gran dificultad”. Todas las partes están a la espera de que el juzgado mueva ficha.