Un rebrote de absentismo escolar amenaza la vuelta presencial a las aulas en Andalucía

«Tenemos un miedo real, terrible. Los niños no van a entrar. No se trata de ver quién puede más, pero con la seguridad y la salud de nuestros hijos no van a jugar, no van a experimentar». Habla Diana Barroso, una de los portavoces de la plataforma Escuelas de Calor, que agrupa a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) sevillanas, quien asegura a LA RAZÓN que crecen las familias que se plantean el no regreso a las aulas en septiembre, dado que «son más conscientes de que empieza el curso escolar y no hay medidas reales que garanticen la seguridad» frente a la Covid-19.

«Nos parece bien que haya clases presenciales, que los niños entren en el instituto y en el colegio, pero no en las circunstancias en las que pretenden que lo hagan: los profesores y alumnos con mascarillas y con hidrogeles, pero sin la distancia que se exige en playas, teatros, cines...», se explica. Desde Escuelas de Calor aseguran que a su postura se han sumado en Málaga AMPA En Pie, en Córdoba la plataforma Niñ@s del Sur y que en Cádiz, Almería y Huelva «empieza a haber movimientos de familias en ese sentido» por lo que les llega a través de los mensajes que reciben. «Son ya cientos de AMPA», dice Barroso, las que reclaman a la Consejería de Educación y Deporte del Gobierno autonómico que «planifique la vuelta al colegio con garantías».

«No quieren bajar la ratio –de momento se prevé una similar a la etapa anterior al coronavirus, de más de 20 alumnos por aula, aunque es un asunto ligado a la evolución de la pandemia– porque entonces tendrían que habilitar espacios públicos y contratar a más docentes y limpiadores y no quieren desembolsar un dinero que es muy necesario porque ya estamos viendo que hay contagios en las escuelas de verano y en las guarderías», dispara. Desde el mencionado departamento de la Junta se ha elaborado un decálogo de 91 preguntas y respuestas en el que se aclaran las más de 300 dudas planteadas por la comunidad educativa sobre la vuelta al cole en el que se advierte de que «en lo que se refiere a la enseñanza básica –Primaria y Secundaria Obligatoria–, la legislación educativa vigente en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España no recoge como opción más que la escolarización obligatoria». «Ésta se materializa mediante la actividad lectiva presencial en los centros educativos autorizados para la impartición de dichas enseñanzas», se añade. En el caso de que las familias se nieguen a que los alumnos acudan a esas instalaciones, «se activaría el protocolo de absentismo», salvo en «situaciones debidamente justificadas» que ya estuvieran «contempladas de cursos anteriores».

De acuerdo a la normativa en vigor, se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre matriculado, sin motivo que lo justifique. No se podrán sobrepasar las ausencias superiores en un mes a los cinco días lectivos en Primaria y a las 25 horas de clases en Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. Serán los propios centros los que den la voz de alarma y, si tras hablar con los familiares no se logra una solución, se informará a los correspondientes servicios sociales. El caso puede terminar en la Fiscalía de Menores y el Servicio de Protección de aquéllos, si la intervención es infructuosa, no prende ninguna iniciativa y se aprecia una posible situación de desprotección. En ningún caso Educación sancionará o multará a las familias.

Con todo, la portavoz de Escuelas de Calor sostiene que «si Asuntos Sociales vela por el derecho» de sus hijos a «que entren en las aulas», ellos lo harán «por su salud». «No puedes obligar a un padre o una madre a meter en ‘una cámara de gas’ a su hijo, en un espacio en el que se va a contagiar porque no se van a tomar medidas de seguridad suficientes», insiste.

La enfermedad ha agitado el sistema y la Junta busca una «presencialidad segura» por lo que, según lo anunciado, más de 8.000 profesionales, docentes y no docentes, se incorporarán a sus plantillas para el nuevo curso, gracias a un incremento presupuestario de 237,9 millones de euros. De ellos, más de 6.000 serán maestros o profesores y 1.600 personal de limpieza. Los centros contarán con coordinadores Covid y 152 Profesionales de Integración Social (PTIS) en Educación Especial.