Las almazaras alertan de que doscientas mil explotaciones olivareras podrían cerrar a corto plazo

El sector asegura que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria impuesta por el Gobierno originará unas pérdidas que cifran en más de mil millones de euros

La organización Almazaras Federadas de España, que defiende los intereses de más de 160 industrias españolas de recepción y procesamiento del aceite de oliva, ha asegurado hoy que la nueva interpretación de la Ley de la Cadena Alimentaria que hace en este 2020 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pone en peligro a muy corto plazo el futuro de casi 200.000 explotaciones olivareras de España al originar unas pérdidas que cifran en más de 1.100 millones de euros.

Según ha explicado esta federación en una nota se trata de una interpretación de la ley que afecta a las entregas de aceituna que se hacen en las almazaras industriales y no al que llega a las cooperativas, por lo que repercutiría directamente en 10.500 familias que viven de un sector que solo en la campaña 2018/2019 generó 583.534 toneladas, en torno al 32% de la producción nacional.

Almazaras Federadas de España ha argumentado que la decisión del Ministerio de impedir desde este año a los cosecheros la posibilidad de decidir posponer el pago de su producto para el momento más favorable a sus intereses provocará un hundimiento aún mayor del precio del aceite de oliva, pues obligará a concentrar su venta en los dos meses de mayor producción y competencia en el mercado, enero y febrero).

Almazaras Federadas de España ha criticado que el Ministerio haya decidido, además, que el agricultor tenga que recibir un precio de venta por encima de los costes efectivos de producción sin tener en cuenta otras variables de gran influencia en la formación de los precios, como son el propio volumen de producción, los excedentes de campañas anteriores, las importaciones de aceite a precios más competitivos o los cambios que ha provocado en el mercado del aceite la llegada del Brexit en Gran Bretaña, la subida arancelaria decretada en Estados Unidos por la Administración Trump y, por último, la pandemia de la Covid-19.

La federación argumenta que, como consecuencia de esta nueva interpretación de la normativa vigente, se hace ya inviable la supervivencia del sector y, por esa razón, llama al Ministerio de Agricultura a establecer a la mayor brevedad posible canales de diálogo que les permitan poner sobre la mesa las reivindicaciones de las almazaras de España, más si cabe ahora que el propio Ministerio anuncia modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Estas reivindicaciones se centran en dos aspectos: la necesidad de establecer unas condiciones que faciliten la posibilidad de fijar precios dignos para su producto y, en segunda instancia, que les permitan también poder competir en igualdad de condiciones con el resto de actores del mercado.

“Cuando algo funciona bien, mejor no cambiarlo. Almazaras industriales y agricultores, con el visto bueno del Ministerio, hemos mantenido unas relaciones contractuales óptimas desde 2015, estando ya vigente la actual normativa. El cambio de criterio ha traído incertidumbre, descontento de todas las partes y una seria amenaza de cierre. Estamos a tiempo de reorientar la situación. Queremos formar parte de la solución y así se lo queremos hacer saber al ministro de Agricultura, Luis Planas”, ha explicado la secretaria General de Almazaras Federadas de España, Macarena Sánchez.