«Ley Celaá»: hacia un modelo educativo «uniforme»

Escuelas Católicas de Andalucía critica que la norma ve la luz «sin consenso» y «asfixia paulatinamente a la concertada hasta su desaparición»

Protesta de docentes y alumnos contra la «Ley Celaá» en un centro concertado de JaénLa RazónLa Razón

La educación concertada ha estado en el punto de mira del Gobierno central y del autonómico de forma cíclica. Ahora, con la aprobación de la «Ley Celaá», esta modalidad educativa vuelve a sentirse atacada, esta vez con todo un aparato normativo que ve la luz «sin consenso» y que pretende una educación «uniforme en la que se pone en el horizonte a la pública, por lo que se va asfixiando paulatinamente a la concertada hasta su desaparición». Es la crítica que hace Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía. A su juicio, esta ley se ha hecho «sin el diálogo necesario y aprovechando unas circunstancias que no son las más adecuadas», en referencia al impacto del coronavirus en las aulas.

Un idea recurrente en el debate político es la necesidad de articular un pacto por la educación que se mantenga estable, para evitar así que cada ministro del ramo saque adelante una ley educativa vinculada a los intereses de su partido. De nada sirve esta reflexión porque el Ejecutivo de Sánchez acaba de aprobar la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de la Educación (Lomloe), una norma que «no ha contado con una reflexión ni un debate conjunto; se ha hecho con nocturnidad y alevosía», lamenta Ruiz. «Siempre he dicho que si sentáramos en una mesa a profesionales de la educación y a padres con distintas sensibilidades, tanto política como religiosa, llegaríamos a un acuerdo». ¿Por qué? Según el secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía en torno a la educación hay dos debates. Uno se refiere a la formación «para afrontar con garantías unos estudios superiores», a la inserción en el mundo laboral, a los valores y a la seguridad. Otro es meramente ideológico. Con esta ley «el primer debate se ha robado, ocultado y marginado».

Para la concertada, son varios los aspectos «lesivos» de la norma. Por ejemplo, «se priva a la familia del derecho a elegir el tipo de educación que considera más apropiado para sus hijos». Se trata del caballo de batalla de esta modalidad educativa, recogido en la Constitución, aunque los gobiernos de izquierdas siempre han intentado ponerlo en entredicho. Según Ruiz, el «ideario» es un pilar fundamental en estos centros, especialmente los religiosos. «Nosotros proponemos un ideario y luego está la ley de la oferta y la demanda. Los padres que consideran que el centro reúne una serie de valores para educar a sus hijos nos eligen y, si no, hay otras opciones». Con la «Ley Celaá» se va «mermando ese derecho a la libre elección».

Ruiz también lamenta la supresión de la asignatura de religión «sin que exista una alternativa como hasta ahora» y advierte de que el texto «se inventa el derecho a la educación pública». «Existe el derecho a la educación; estamos en una sociedad democrática donde existe la pluralidad, las distintas sensibilidades tienen cabida, y con esto se está diciendo que la enseñanza concertada ocupa un lugar subsidiario, y no complementario». La ley prohíbe que los centros puedan recibir aportaciones económicas de las familias. Un asunto que «siempre ha estado bajo sospecha», apunta, pero que deja al descubierto una carencia: la infrafinanciación de la concertada.

«Para que exista igualdad entre la pública y la concertada debe existir una financiación justa», advierte, además de subrayar que las donaciones no se hacen directamente a los centros, sino a las titularidades o fundaciones, «al igual que a Cáritas, aunque también pueden revertir en el funcionamiento de los centros». Sobre este extremo, Ruiz recuerda que el punto de partida en la concertada y en la pública es distinto. Por ejemplo en el transporte escolar o en el comedor, «nuestros alumnos no tienen las mismas posibilidades y muchas veces esto cierra el paso a las familias con menos recursos». Precisamente, los conciertos educativos son la única posibilidad de muchas familias desfavorecidas para ejercer el derecho a la libre elección de centro.

La incorporación de 1.300 docentes, una «obligación moral»

Recientemente, la Junta de Andalucía y representantes de organizaciones patronales y sindicatos de la enseñanza concertada firmaron un acuerdo para reforzar las plantillas docentes en más de 300 nuevos profesores para el curso actual, que se suman a los 970 ya incorporados el pasado mes de agosto. El secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, Carlos Ruiz, valora positivamente esta incorporación y subraya que «había una obligación moral» de llevarla a cabo. Si no se hubiera materializado este refuerzo «la diferencia entre la enseñanza pública y la concertada hubiera sido mayor». No obstante, Ruiz señala que «es la misma ayuda que se ha ofrecido a la pública en líneas generales, no es algo extraordinario». El Gobierno andaluz se ha mostrado sensible con las necesidades de la concertada y, con este acuerdo en unos momentos especialmente complicados como ahora, «que haya gestos de este tipo es de valorar y aplaudir». El convenio fue suscrito por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y las organizaciones FSIE, USO, UGT, CC OO, Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA, y a través de él la Junta va a destinar casi 50 millones de euros para dar cobertura a este incremento de profesorado.