Financiación y agravios en un debate preelectoral en Andalucía

Juanma Moreno comparece hoy en el Parlamento para hacer balance de estos primeros seis meses del año. Se trata de una sana costumbre: debate general en junio, al término del primer periodo de sesiones y debate sobre el estado de la comunidad –con propuestas de resolución de los grupos políticos– a finales de año. Dos oportunidades para que los representantes políticos expongan su visión de cómo ven Andalucía. En esta ocasión, la cita se produce una semana antes de que se cumpla el tercer aniversario de la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones del 19 de junio de 2022.

Por tanto, el discurso de Moreno, con la efeméride a la vuelta de la esquina y con un contexto político en el que ya todos se preparan para las próximas elecciones, estará marcado por el clima preelectoral que se ha instalado tanto a nivel nacional como andaluz.

Con todo, el discurso del presidente andaluz abordará, necesariamente, dos temas nucleares de esta legislatura –e incluso de otras más lejanas–: la financiación autonómica y los acuerdos del Gobierno de España con los nacionalistas catalanes y vascos que se extienden a todas las materias, desde infraestructuras, inmigración, seguridad, justicia o hasta universidad y que crean una sensación de «agravio» constante en el resto de autonomías.

Solo hace falta repasar los últimos discursos de Moreno en este sentido. Por ejemplo, en el debate sobre el estado de la comunidad del 29 y 30 de noviembre de 2023, el presidente andaluz se preguntaba: «¿Ustedes son conscientes de todas las infraestructuras que se podrían hacer en Andalucía con los más de 6.000 millones de euros que se han prometido a los partidos independentistas solo para las cercanías de Cataluña?».

En el último debate general, el 26 de junio de 2024, Moreno se lamentaba que «desde 2009, el acumulado de lo que ha perdido Andalucía es de más de 20.000 millones de euros» y señalaba que «con 1.500 millones anuales –lo que se pierde al año según los últimos estudios– podríamos contratar 13.300 médicos, aumentar las prestaciones de dependencia a 40.000 familias andaluzas, bioclimatizar todos los colegios e institutos que hay en Andalucía, construir 11.500 nuevas viviendas especialmente para aquellos que más lo necesitan, que son los jóvenes, o construir con fondos propios todas las ciudades de justicia que están pendientes de construcción».

Ese discurso, que trata de erosionar la oposición, sigue vigente en Andalucía porque aún no hay un nuevo modelo de financiación autonómica y porque el Gobierno de España sigue llegando a acuerdos con los partidos nacionalistas –o dando cumplimiento a los ya firmados– lo que acrecienta las quejas del resto de autonomías. El último de ellos, la inversión millonaria de 3.200 millones para el aeropuerto de Barcelona cuando existen desde hace años reclamaciones similares para el aeródromo de Málaga y Sevilla o la conexión ferroviaria de este último con la estación de Santa Justa.

A todo ello habrá que sumar una tercera variable: la corrupción que afecta al Gobierno de España –y que el PSOE en Andalucía quiere extender también al Ejecutivo autonómico en relación a los contratos del Servicio Andaluz de Salud–. Este es el elemento distintivo, toda vez que la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta de Andalucía es María Jesús Montero, que no estará en el debate porque no es diputada, es también vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE.