Martín Soler defiende que la Junta no comprometía ayudas en “charlas informales”

El ex consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler ha declarado a la jueza que investiga el caso Isofotón que su autorización de uno de los avales se ajustó a la normativa y que la Junta de Andalucía no se comprometía a ayudar a ninguna empresa a través de “conversaciones informales”. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla está investigando los cerca de 38 millones de euros que Isofotón recibió de la Junta entre 2010 y 2012 en tres avales de Idea y un préstamo de su filial Soprea, unos hechos que pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, según la jueza.

Soler, que ha declarado este viernes como investigado, ha recordado que fue consejero sólo durante once meses y ha explicado que su única participación en los hechos fue la autorización del primer aval, que después fue concedido el 12 de abril de 2010 por un importe de 5 millones de euros. Según han informado fuentes del caso a Efe, Soler ha resaltado que el aval fue concedido cuando él ya no estaba al frente de Innovación y ha reivindicado la “perfecta legalidad” de la autorización por parte del consejo rector de la agencia Idea, cuya actuación “se ajustó a la normativa” y se realizó con “transparencia” en su reunión del 9 de febrero de 2010, antes de que el Consejo de Gobierno de la Junta la ratificase en marzo.

El ex consejero, además, ha descartado que la Junta se comprometiese con los responsables de Isofotón, también investigados, a concederles esas ayudas con carácter previo a que comprasen la empresa, como el pasado 15 de octubre afirmó el ex director financiero de producción de la compañía malagueña. En esa comparecencia, Óscar López relató que los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano, propietarios del grupo Affirma, obtuvieron de la Junta el compromiso de darles 35 millones de euros antes de comprar Isofotón.Soler, en cambio, ha replicado que la Junta “sólo habla por vía de actos administrativos formalizados” y no a través de “conversaciones informales”.

En el caso de Isofotón, ha añadido el ex alto cargo tras revisar el expediente a posteriori, “no hay nada” que dé a entender que hubo “un compromiso informal previo”. De todas formas, Soler ha insistido en que todas las líneas de ayuda a Isofotón, tanto los avales como el préstamo, “están ajustadas a la normativa”.

El abogado de Soler, Alfonso Martínez del Hoyo, ha explicado a Efe que la causa que se sigue en el juzgado supone “una invasión del Derecho penal en ámbitos que no le son propios”, ya que “se está exigiendo una responsabilidad penal objetiva basándose en circunstancias y derivas del mercado y en situaciones de riesgo propias e inevitables de la actuación de una Administración pública en esos ámbitos del mercado financiero y económico”. El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo también ha comparecido este viernes como investigado, en su caso por los avales del 27 de agosto de 2010, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

Quienes sí han respondido han sido varios técnicos del comité de riesgos de Soprea, que han incidido en que Isofotón no sufría una crisis estructural, sino problemas “puntuales y coyunturales”, lo que justifica que recibiese esas ayudas porque eran distintas de las destinadas a empresas en crisis. Según declararon en su día el expresidente de Isofotón, Ángel Luis Serrano, y el ex director financiero, la empresa quebró después de 2012 porque China bajó los precios de producción y hundió el sector en España.