Contrataciones exprés «necesarias» en el marco de la pandemia

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, defendió ante el Pleno del Parlamento andaluz las contrataciones exprés de personal, apuntando que fueron negociadas con los sindicatos, y que han sido necesarias durante la pandemia del coronavirus. Bendodo se pronunció así tras ser preguntado por el PSOE-A y Adelante Andalucía, ante el Pleno de la Cámara, sobre el hecho de que TSJA haya decidido suspender «la ejecutividad» de una convocatoria de empleo público lanzada el pasado mes de septiembre por la Junta para la selección de personal funcionario interino, en el marco de la pandemia de Covid-19. El consejero quiso precisar, ante todo, que no estamos ante una sentencia del TSJA, sino ante un auto que «ha suspendido una de las 32 convocatorias exprés de la Junta».

El consejero agregó que ese auto del TSJA sobre una sola de las ofertas publicadas se ha producido cuando la Junta ya llevaba un tiempo negociando un nuevo modelo de contratación tanto con el Servicio Andaluz de Empleo como con los sindicatos.

Además, según precisó, la mayoría de los contratos formalizados finalizan a final de año. Junto a ello, insistió en defender que los contratos de emergencia han sido necesarios durante la pandemia, como por ejemplo para que hubiera más personal para tramitar los ERTE que se remitían al Gobierno central.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez señaló que el TSJA ha puesto de manifiesto que los contratos exprés de la Junta eran «ilegales» y no estaban siguiendo el procedimiento a tenor a la ley. Denunció que el Ejecutivo ha hecho un uso «torticero» de la norma y no puede «justificar la privación por parte de la administración de los derechos fundamentales de forma indiscriminada».

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez, por su parte, criticó que la Junta defendiera ante el Parlamento andaluz que todas las contrataciones se habían hecho conforme a la legalidad y que se ajustaban a derecho, cuando el TSJA ha dicho que «se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública».