Monitorización y atención integral de los mayores tras el golpe de la covid en Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abogó recientemente en el Parlamento por cambiar el modelo de residencias de personas mayores, unos centros que han sufrido con especial virulencia el azote de la covid. Maeztu criticó que el actual sistema «es injusto con las personas que a lo largo de su vida han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad» y alertó de que estos lugares, «a veces, son concebidos como meros aparcamientos de mayores». La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación viene trabajando en dos proyectos normativos que pretenden, de un lado, reducir la maraña administrativa para poner en marcha nuevos recursos asistenciales y, por otro, ofrecer una atención integral a los mayores y a las personas con discapacidad. «La covid no ha puesto los problemas encima de la mesa, sino que ha evidenciado las debilidades del sistema», asegura a LA RAZÓN Daniel Salvatierra, secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, quien señala que se está elaborando un decreto que regulará las autorizaciones y acreditaciones de centros, una norma intacta desde 2007.

Con el actual texto, las empresas interesadas en poner en marcha un centro tienen que solicitar la autorización administrativa, abordar la ejecución de la obra y, si se acogen a la figura de prestadores de servicios públicos, deben pedir la acreditación e inscribirse en el registro de servicios sociales. Los plazos se dilatan demasiado, aproximadamente un año y medio, perjudicando sobre todo a pequeñas y medianas empresas y emprendedores que quieren abrir, por ejemplo, un centro de día o de terapia ocupacional. Con el nuevo decreto, según Salvatierra, se unifica en un solo acto administrativo la autorización, acreditación e inscripción en el registro de servicios sociales. ¿Qué ha puesto en evidencia la covid? A los centros únicamente autorizados no se les exigía el aislamiento y a los acreditados sí, provocando disfunciones en la atención a los mayores en un momento de especialmente delicado.

Junto a ello, el departamento de dirige Rocío Ruiz trabaja en una nueva orden que fijará los requisitos materiales y funcionales de los centros, al objeto de prestar una atención integral. En este sentido, las direcciones generales de Personas Mayores y de Personas con Discapacidad han iniciado una ronda de contactos con entidades que representan a los usuarios para que arrojen luz sobre las necesidades específicas. «Tenemos que revisar las ratios e introducir un nuevo concepto de indicador, que es el que nos va a dar los estándares de calidad», señala Salvatierra. Por ejemplo, en el ámbito de la nutrición, se deberá establecer como referencia una escala validada por la comunidad científica, así que «ningún usuario deberá estar fuera de esos límites». Estos indicadores también se aplicarán en los modelos terapéuticos o en la limpieza.

La Consejería de Igualdad, no obstante, apuesta por los recursos domiciliarios para retrasar así al máximo los ingresos en residencias. En este sentido, ha aprobado una subida del 12 por ciento del precio de la ayuda a domicilio, congelado durante más de una década, y se han puesto en marcha ayudas para la adquisición o renovación de prótesis y órtesis y una línea de subvenciones, por parte de la Consejería de Fomento, para la adecuación de viviendas.

La covid, igualmente, ha puesto a prueba la atención sanitaria en las residencias de mayores. Hasta el momento, según apunta el secretario general de Políticas Sociales, los centros de salud mantenían una cierta coordinación con las residencias y se reforzó la figura de las enfermeras gestoras de casos. La pandemia ha acelerado la puesta en marcha de la comisión de seguimiento y coordinación sociosanitaria en Andalucía, que ha posibilitado la creación de la plataforma de gestión de datos en centros de servicios sociales. «Esto nos va a permitir conocer en tiempo real la situación del centro, un cuadro de mandos que nos ayudará a adecuar los recursos humanos y materiales que vamos a exigir en este nuevo modelo». Junto a ello, esta plataforma informática será la puerta de entrada de la Junta en los centros. «Ya está regulada mediante decreto-ley», recuerda Salvatierra, por lo que se trabajará con la Consejería de Salud para que los centros de servicios sociales tengan acceso a la plataforma Diraya. ¿El objetivo? «Reducir las derivaciones hospitalarias no programadas y aumentar la calidad asistencial». La previsión es que el decreto normativo pueda ser aprobado antes de que termine el año, tras el proceso de información pública. La orden se prolongará más para que cuente con el suficiente consenso, por lo que podría aprobarse en el primer trimestre del año 2022.