Emerita busca sentar en el banquillo a 16 investigados por el “plan” para adjudicar la mina de Aznalcóllar

No hay casi átomo de legalidad en la adjudicación que permitió reactivar la mina de Aznalcóllar para Emerita Resources, una de las empresas que aspiraba a hacerlo y no pudo, ya que se otorgó al consorcio Minorbis/Grupo México. En el ámbito del proceso judicial en el que se investiga lo sucedido en torno a ese yacimiento, Emerita ha elevado al juzgado instructor, el número 3 de Sevilla, un frondoso escrito de 83 páginas en el que pide que se decrete la apertura de juicio oral con el fin de que se dicte una sentencia por la que se condene a 16 investigados por varios delios, no sólo el de prevaricación, entre los que incluye al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex viceconsejera de la Junta, María José Asensio, o los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, propietarios del Grupo Magtel.

Pretende además que “se anule la resolución de adjudicación del concurso, con todos los actos y situaciones posteriores que deriven de ella”, como la aceptación del otorgamiento por parte de Minera los Frailes S. L., y “con expresa condena en costas a los condenados”. Y ello porque en su escrito, al que accedió LA RAZÓN, Emerita mantiene que durante “toda la tramitación” de aquél “se produjo una sucesiva, permanente, dolosa y planificada serie de ilegalidades e irregularidades tendentes a adjudicarle fraudulentamente la licitación no a quien hubiera sido ganador conforme a las bases y las leyes, sino a quien desde el principio se tenía planeado para beneficio de unas personas concretas, mediando para ello una sociedad de confianza que actuase de conseguidor”. La mercantil defiende que participaron en el “plan”los miembros de la Mesa de Contratación, que “tomaron la decisiones finales injustas”, los integrantes de la Comisión Técnica, que “fueron los que valoraron todos los aspectos que establecían las bases”, fijando “los criterios para ello y entregándole dichas valoraciones a la Mesa”; o Fernández, como “superior jerárquico de los anteriores y nexo de unión entre éstos y los hermanos López Magdaleno, con quienes mantenía relaciones profesionales y de negocios” y “una antigua amistad”. De hecho, suma al listado de encausados que busca sentar en el banquillo a esos empresarios, “responsables del Grupo Magtel y dueños de una de las sociedades -Minorbis- que se presentó al concurso” y que “realmente actuaron como conseguidores para, haciendo uso de los contactos en la Administración” lograr “injustamente los recursos mineros a fin de entregárselos irregularmente a un tercero -Minera los Frailes- que no participó en el concurso”.

Emerita traslada al juzgado que el ordenamiento jurídico vigente “se retorció, cuando no literalmente se inaplicó” y que en los límites del procedimiento administrativo que se siguió “se inventaron criterios de valoración ajenos a las bases, y los aplicaron luego de forma absolutamente arbitraria, cumpliéndolos o no dependiendo de si en cada apartado concreto se beneficiaba o no al consorcio Minorbis/Grupo México”. Más tarde, de acuerdo a su relato, Minera los Frailes “se apropió de la mina” y, “ante la imposibilidad manifiesta de aplicar el muy deficiente proyecto validado por los imputados”, se amoldó y “se ha dedicado a cambiarlo completamente, hasta hacerlo irreconocible”, denuncia la sociedad perdedora.

En su escrito repasa con detalle su versión de lo ocurrido y destaca algunas otras cuestiones como que, pese a que en un momento del procedimiento se le pidió a la agrupación empresarial Minorbis/Grupo México que se “subsanaran” algunos puntos, “en ningún lugar del expediente administrativo se recoge que esto se haya producido”.