Procesan al ex presidente de la SEPI por prevaricación en la causa de la mina de Aznalcóllar

La jueza acuerda la tramitación del proceso contra otras ocho personas, entre ellas la ex directora general de Minas de la Junta

El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández
El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández

Ahora sí se puede dar por cierto el susurro de que ha concluido la instrucción en la que se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis/Grupo México. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha procesado por “un presunto delito de prevaricación administrativa” a nueve personas, entre las que se encuentra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, quien dimitió en 2019 cuando se le señaló en esta causa y quien antes había sido secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

En un auto fechado ayer, al que ha accedido LA RAZÓN, la magistrada suma a Fernández a los empresarios cordobeses dueños de Magtel Isidro López Magdaleno y Mario López Magdaleno, así como a cargos y funcionarios de la Administración regional que estuvieron implicados en el concurso público que permitió la reactivación del yacimiento minero sevillano. Incluye ahí a la ex directora general andaluza de Industria, Energía y Minas María José Asensio, a quien este caso también le costó el puesto, aunque se le devolvió tras uno de los dos carpetazos que intentó el juzgado y deshizo la Audiencia Provincial de Sevilla. Asensio presidió la mesa de contratación y firmó en 2015 la resolución por la que se asignó a la agrupación empresarial Minorbis/Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de explotación en la zona de Aznalcóllar.

En su resolución, la magistrada hace un repaso por lo actuado desde que se iniciara el proceso con un auto el 2 de marzo de 2015, tras una denuncia presentada por la empresa Emerita Resources -una de las perdedoras del concurso-, a la actualidad, casi seis años después. Fernández entiende que “los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada ‘fase intermedia’, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto”.

Esta causa se ha mirado desde muchos ángulos, pero Fernández recuerda ahora que la Audiencia Provincial de Sevilla concluyó que “existen sólidos indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso” y en la de “adjudicación” derivado de “la connivencia, desde el comienzo del concurso, entre determinados responsables de la Junta de Andalucía y la entidad Minorbis, en la persona de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno”. Señala que éstos, “prevaleciéndose de su relación personal” con el ex presidente de la SEPI, con quien “mantenían un trato cercano y de confianza”, presuntamente “impulsaron y favorecieron la confusión en la identidad de los licitadores (Minorbis o Minorbis-Grupo México) actuando de común acuerdo con los responsables de la mesa de contratación” para que, quienes finalmente resultaron los vencedores del concurso, pasasen a “la segunda fase” de éste. Ello, pese a “no cumplir con los requisitos legalmente exigidos y permitiendo que llegara a aceptar la adjudicación una entidad controlada mayoritariamente por una sociedad que debía haber sido apartada en la primera fase”. Al yacimiento le insufló vida una tercera sociedad, Minera Los Frailes, que se creó en enero de 2015 y fue adquirida, como se anota en la resolución judicial, por Grupo México en mayo de aquel año. Es previsible que haya una batería de recursos ante esta última decisión de la magistrada.