Avisan a la Audiencia de Sevilla de que faltan delitos y hechos que se han «omitido» en el «caso Aznalcóllar»

Emerita recurre el auto en el que se procesó al ex presidente de la SEPI y a otros ocho investigados

El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández
El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández

Hay teóricos vacíos llenos a rebosar de contra argumentos. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, procesó recientemente, vía auto, al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y a otras ocho personas por presunta prevaricación, ligada a la reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar y ya ha habido varias reacciones. De un lado, Emerita Resources, una de las empresas perdedoras del concurso en el que la Junta de Andalucía asignó el yacimiento minero, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla contra la resolución al entender que no estaban todos los delitos ni los hechos que son.

Piden al tribunal provincial que se incluyan «expresamente» los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude a la Administración y negociación ilegal, junto a la prevaricación; así como que «no se limite en el auto la calificación jurídica de los tipos delictivos por los que se puede continuar el proceso» o a incrustar en los escritos de acusación. Junto a ello, avisan de que se han «omitido» hechos, a su juicio, «acreditados en la instrucción», entre los que apuntan a que «una serie de imputados y entidades» habrían sido supuestamente favorecidos «económicamente», apartado en el que menciona a las sociedades Grupo Magtel, Minorbis, Grupo México y Minera los Frailes.

Emerita traslada a la Audiencia además que «algunos de los que tomaron parte en la licitación han sido beneficiados profesionalmente mediante ascensos y traslados» y aquí nombra, entre otros, a Fernández y a la ex secretaria general de Innovación, Industria y Energía de la Junta y luego viceconsejera, María José Asensio, también procesada en este caso. Defienden, por último, que al optarse por una licitadora «en lugar» de otra se pudo «producir un menoscabo económico para la Administración» y, por extensión, para los intereses generales; y solicitan que se siga el procedimiento contra todos los miembros de la Mesa y de la Comisión Técnica del concurso.

De otro lado, la Fiscalía ha vuelto a pedir en un escrito al juzgado instructor que se decrete el sobreseimiento provisional del proceso al no haberse hallado, pese a «la amplia y minuciosa instrucción desplegada», indicios «fundados y suficientes de la perpetración» de ningún tipo de delito, como ya ha informado este periódico.