Andalucía urge a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la “incertidumbre” en las ayudas directas

El Gobierno andaluz reclama al Gobierno de la Nación la convocatoria de órganos de interlocución como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en su defecto de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación para abordar en éstos “los aspectos técnicos que permitan conceder con seguridad el apoyo a empresas y autónomos” del paquete de ayudas directas de 7.000 millones anunciado por el Gobierno y que contaría en su reparto con la implicación de las comunidades autónomas.

“El motivo de la presente carta es trasladarle nuestra profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre a la que estamos sometidas las comunidades y ciudades Autónomas, después de que 30 días después de la publicación del RDL 5/2021, el periodo límite que la propia norma establece para la firma de los convenios, las Comunidades y Ciudades Autónomas desconocemos la Orden Ministerial que debe fijar las cuestiones técnicas”, afirma el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

La petición de la Junta de Andalucía la ha planteado por medio de una carta del consejero a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fechada este lunes, día 12, y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Gobierno andaluz plantea “un diálogo multilateral” entre Gobierno y comunidades autónomas, por lo que traslada que “volvemos a reclamar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de coordinación, cooperación y colaboración, o en su caso de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación”.

“Los criterios de elegibilidad y justificación creemos que van a dificultar de forma extraordinaria la gestión de estas ayudas, por lo que pedimos encarecidamente que se revisen o, al menos, contemos con el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”, sostiene el consejero de Hacienda en su misiva.

“Consideramos que tanto la norma como el proceso de implementación de la misma se están diseñando de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas”, prosigue argumentando el consejero de Hacienda en su relato.

El texto de Bravo a Montero sitúa los antecedentes de la reclamación de la Junta de Andalucía, por lo que recuerda en este sentido que el 24 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados un “paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos”, que aprobó un Consejo de Ministros extraordinario el 12 de marzo, compuesto por una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros para facilitar el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia.

La demanda que plantea Bravo a Montero se centra en esa línea de ayudas directas de 7.000 millones por cuanto se alude a la participación de las comunidades autónomas en su reparto a empresas y sectores más afectados por la pandemia de coronavirus.

El consejero de Hacienda recuerda a la ministra sus declaraciones al respecto, en las que puso de manifiesto que el “Real Decreto Ley prevé que, en el plazo de un mes, el Gobierno tenga formalizada la orden de reparto del fondo a las comunidades autónomas, tras la firma de los correspondientes convenios”.

Los plazos corren

Bravo esgrime que el BOE de 13 de marzo publica el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial ante la pandemia de coronavirus, hecho que determina su entrada en vigor y consecuentemente con ello “empezando a correr los plazos regulados en su artículo 4 para la firma de convenios entre ministerios y comunidades y ciudades autónomas”. El 25 de marzo el Congreso de los Diputados convalida el Decreto Ley.

El consejero traslada a la ministra que su departamento publica el 26 de marzo una Orden con el reparto de esos fondos entre las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, a lo que suma el anuncio de otra Orden Ministerial sobre cuestiones técnicas por cuanto “la orden publicada sólo establecía el reparto, pero no concretaba las cuestiones necesarias para la aplicación de la Línea Covid de Ayudas” como recoge el Real Decreto Ley 5/2021.

En el caso de Andalucía la distribución territorial de fondos del Gobierno para esas ayudas directas supone percibir 1.100 millones de euros.

Decisión unilateral

Bravo reprocha a la ministra que, aun cuando esta norma prevé la participación de las comunidades en aspectos como la recepción de las solicitudes, su tramitación o el abono de la subvención, en ningún caso “se le ha dado participación a las comunidades y ciudades autónomas”, por lo que lamenta una responsabilidad establecida por “decisión unilateral del Consejo de Ministros”.

“Tampoco se nos ha facilitado un borrador de convenio”, sigue poniendo de manifiesto el consejero de Hacienda en su relato de los reproches de Andalucía hacia el Gobierno, por lo que advierte de que la única información que dispone son aspectos de ese convenio como “el suministro de información por parte de la AEAT a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla; el segundo, relativo a la remisión de la información por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al Ministerio de Hacienda; el tercero, relativo al deber de publicitar el carácter estatal de los fondos; y el cuarto, otras cláusulas adicionales que deberán incluirse en los convenios”.

“Esta forma de actuar, sin contar con la imprescindible colaboración de las Comunidades Autónomas, hace peligrar la eficacia de las medidas a poner en marcha”, razona el consejero de Hacienda.

“En juego”, la supervivencia de las empresas

El consejero de Hacienda, tras indicar que “estas dudas se le han puesto de manifiesto desde la máxima lealtad institucional, sin obtener respuesta”, pone de manifiesto el hecho de que “está en juego la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento de sus puestos de trabajo”.

Y pese a esa urgencia, Bravo estima que “la gestión de las ayudas, tal y como están ahora mismo configuradas, nos va a conducir a una situación muy complicada”.

Las reticencias del Gobierno andaluz expresadas por boca de su consejero de Hacienda se sustentan en el hecho de que los concesionarios de las ayudas, los empresarios pueden verse abocados en el cumplimiento del objeto de los incentivos, como “asignar una prioridad temporal a los pagos”, ante “situaciones límite y obligará a los órganos concedentes de la subvención a exigir el reintegro de la misma” en caso de que detecte el incumplimiento de los requisitos.

El Gobierno andaluz apela también al manejo de información por parte de las comunidades para que éstas puedan “plantearnos complementarlas con nuevas líneas de ayudas para atender aquellos sectores donde éstas no lleguen”.

“Creemos que la decisión inicial de no aportar dicha información, sino facilitárnosla NIF a NIF previa petición de las Comunidades y Ciudades Autónomas, supone claramente un fuerte obstáculo para que podamos desempeñar la labor de auxilio a todos los sectores económicos que lo vienen demandando”, indica el consejero de Hacienda para poner de manifiesto las dificultades en el auxilio a los sectores empresariales.

El consejero de Hacienda traslada que el deseo de Andalucía se encamina en “garantizar” que la tramitación y concesión de las ayudas “ofrezca las máximas garantías y la seguridad jurídica imprescindibles” con objeto de evitar situaciones que desemboquen en una situación como “un reintegro de las mismas por problemas de indefinición o inconcreción, cuestiones que debe resolver el Estado, pero hacerlo de la mano de las Comunidades Autónomas”.