La Audiencia de Sevilla abre la puerta a que los investigados en el “caso Aznalcóllar” acaben en la cárcel

Pide al juzgado que amplíe el abanico de delitos y el número de personas a enjuiciar. Destaca “el predicamento” que el ex presidente de la SEPI “tendría en el PSOE” que gobernó 40 años la Junta

Vista de la mina sevillana de Aznalcóllar, cuya adjudicación acabó en los tribunales
Vista de la mina sevillana de Aznalcóllar, cuya adjudicación acabó en los tribunalesManuel OlmedoManuel Olmedo

Sin aspavientos, pero con contundencia. Así ha vuelto a reconducir la causa en la que se investiga la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar la Audiencia de Sevilla, complicando la situación procesal del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, entre otros.

En un auto fechado el pasado 26 de mayo, al que accedió LA RAZÓN, en concreto la Sección Séptima del tribunal provincial acuerda estimar buena parte del recurso de apelación formulado por la representación de la empresa Emerita Resources y el armado por la de Ecologistas en Acción y revocar en algún punto la resolución dictada por el juzgado sevillano de Instrucción número 3 para la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado. La Audiencia mandata ahora suprimir “la parte del razonamiento jurídico primero que limita el objeto del proceso a un presunto delito de prevaricación”, al entender que podrían darse además, entre otros, el de tráfico de influencias, fraude contra la Administración y malversación por gestión desleal, no así el de cohecho, “debiendo ser en el acto de juicio oral donde se esclarezca si dichas conductas tienen entidad propia o se subsumen en el presunto delito de prevaricación”.

“En el presente caso nos encontraríamos ante una situación de influencias en cadena para la comisión de un delito de prevaricación en la que unos particulares, representantes del grupo Magtel, dueños de Minorbis, puestos de común acuerdo, prevaliéndose de su relación personal con el secretario general de la Consejería de Innovación -entonces Fernández-”, se asevera en el auto, “habrían influido en el mismo para que éste a su vez, como superior jerárquico de la directora general de Minas -la también investigada María José Asensio-, y de la mayor parte de los integrantes de la Mesa de Contratación y Comisión Técnica, influyese en éstos últimos, sujetos pasivos del delito, para conseguir que los mismos, resolviesen el concurso en favor de Minorbis Grupo-México”, agrupación empresarial que resultó ganadora en el proceso público de selección. Luego, sin embargo, la adjudicación del yacimiento minero fue “autorizada a favor de Minera Los Frailes, sociedad ajena al concurso y constituida aproximadamente en el 98% de su capital por Grupo México que no participó en el mismo”, consta en la resolución cuya ponente ha sido la jueza Mercedes Alaya.

De acuerdo al relato de la Audiencia, “los indicios de dicho de delito de tráfico de influencias en cadena los encontraríamos en primer lugar en los correos electrónicos enviados” entre el ex presidente de la SEPI y los directivos de Magtel, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno. Pero no se queda ahí el tribunal provincial. Asegura que “el prevalimiento” de Vicente Fernández derivaba “del ejercicio de su cargo como superior jerárquico, constituyendo indicio del mismo además el predicamento que dicho investigado tendría en el Partido Socialista”, que “gobernó la comunidad autónoma de Andalucía durante más de 40 años” en “claro paralelismo” con “el supuesto enjuiciado en el ‘caso Palau’”, y que “razonablemente se puede inferir del posterior ascenso” del encausado del cargo de secretario general de una consejería a “interventor general de la Junta” y luego a directivo de la SEPI.

La ampliación del abanico de presuntos delitos es significativa, ya que abre la puerta a la condena a penas de prisión para los imputados, lo que no hubiera ocurrido si hubieran sido juzgados únicamente por prevaricación, según explican fuentes judiciales.

Pero no es sólo en el número de delitos en juego en lo que el tribunal provincial se alinea con Emerita, también en el de investigados. Ha ordenado que se dicte un nuevo auto en el que se contemplen dentro de los hechos punibles los expuestos y en el que, los referidos al presunto delito de prevaricación, “se extiendan a las tres fases del concurso”, para que “puedan ser objeto de enjuiciamiento las valoraciones de los proyectos de ambas licitadoras, debiendo abrirse igualmente la fase intermedia, contra todos los miembros de la Comisión al Comisión Técnica, así como contra Juan Manuel Revilla”, el que fuera secretario de la Mesa de Contratación. Es decir, apoya que se enjuicie a los catorce ex cargos y funcionarios del Gobierno regional inicialmente investigados, y no sólo contra los siete a los que el juzgado de Instrucción redujo el grupo de quienes podrían acabar en el banquillo.

Una segunda resolución

Además, en otro auto datado al día siguiente y también consultado por este periódico, la Audiencia desestima los recursos de la letrada de la Junta, de Asensio, de los hermanos López Magdaleno y de Minorbis y estima sólo parcialmente el de Fernández, en el sentido de que pide al órgano judicial de Instrucción que concrete “la actuación punible” del ex mando de la SEPI, “comprendiendo los elementos típicos de los diferentes delitos que se le atribuyen, adaptando a los mismos el resto del relato” judicial. Pero ha desoído las peticiones de archivo.

Delito de prevaricación ambiental
La federación sevillana de Ecologistas en Acción defendió en su recurso que la resolución del concurso minero habría sido “ilegal” al admitirse como ganadora “una licitación basada en un anteproyecto de explotación” del yacimiento de Aznalcóllar que “proyectaba un vertido de efluentes líquidos” y, por ende, “afectaba” al Corredor Verde del río Guadiamar, lo cual “constituiría un delito de prevaricación ambiental del artículo 329 del Código Penal”. La Audiencia de Sevilla sostiene que ésta es una “cuestión que es eminentemente técnica” y entiende que “deberá ser analizada y acreditada en su caso en el acto de plenario”, si bien, de entrada, se ha posicionado con los conservacionistas.